El juez federal Jorge Urso decidió investigar la denuncia de María Angélica Crotto, la jueza que una semana después de la ocupación de la comisaría 24ª de La Boca, encabezada por Luis D’Elía, salió a decir que sus órdenes de desalojar la dependencia y detener a los manifestantes fueron desobedecidas. Ya están citados para dar su testimonio la propia magistrada y su par Norberto Oyarbide, quien tomó intervención en los hechos aquella madrugada del 26 de junio. A tono con las críticas que esta semana lanzaron varios funcionarios del Gobierno contra Crotto, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, desmintió ayer que la mujer haya dado directivas para frenar la protesta que se había desatado por el asesinato del piquetero Martín Cisneros.
Urso intentará determinar si, como denunció Crotto, ella mantuvo comunicaciones telefónicas con el entonces titular de la seccional 24ª, Cayetano Grecco, y si mandó a arrestar a quienes ocuparon la dependencia, entre ellos D’Elía, líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV). Según la jueza, el ex jefe policial ignoró sus órdenes. Su presentación judicial también señala que habló con un funcionario del Poder Ejecutivo, que en tribunales interpretan que sería el subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli, algo que él negó públicamente.
Crotto estaba de turno la noche de los acontecimientos y le tocaba hacerse cargo de la causa del asesinato de Cisneros y de la protesta que pedía su esclarecimiento. Según su versión, después de dar instrucciones no tuvo reportes de la policía y a la mañana siguiente se desayunó con que Oyarbide era quien había asumido la pesquisa. En el juzgado de Oyarbide, sin embargo, dicen que los convocaron a las dos de la mañana porque no encontraban a la jueza. Después, ambos magistrados se declararon incompetentes. El expediente sobre el asesinato del “Oso” Cisneros recién consiguió juez el miércoles y resta que la Cámara Federal decida quién se hace cargo de todo lo demás, es decir de la ocupación de la comisaría.
En los últimos días, Crotto fue blanco de críticas provenientes de la Casa Rosada. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que no le cree nada, que le parece extraño que un juez no verifique inmediatamente si se concretan sus disposiciones y que denuncie el incumplimiento una semana más tarde. Campagnoli se sumó al mismo razonamiento. Y ayer fue el turno del ministro Beliz: sostuvo que la orden de desalojar la comisaría a la que alude Crotto “no ha sido verificada, se ha actuado claramente en contacto con el otro magistrado que estaba interviniendo en la causa (en alusión a Oyarbide), la jueza se excusó y se apartó, como quedó patentizado en el trabajo y el funcionamiento del caso”.
Ahora, esclarecer este peculiar enredo está en manos de Urso. Para empezar, dio curso a algunas medidas solicitadas por los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers. Pidió números de teléfonos para hacer cruces de los llamados entre Crotto y el comisario Grecco y funcionarios de Gobierno. Solicitó además la declaración testimonial de la propia magistrada, de Oyarbide y de los secretarios de ambos que tuvieron participación el tema. También ordenó que testifiquen los fiscales intervinientes. El lunes pondrá fecha para las citaciones, aunque podrían –especialmente los jueces– declarar por escrito. También pedirá informes al Ministerio de Justicia para saber qué funcionarios participaron de las tratativas durante la protesta en la seccional de La Boca.
La Asociación de Magistrados defendió a Crotto y cuestionó al Gobierno en un comunicado. Calificó las críticas de Fernández a la jueza de “inapropiadas y agraviantes”. “Indignan a la Justicia”, decía el texto, que agregaba que las declaraciones del titular de Interior implicarían “un avance sobre la independencia judicial y una contribución al desprecio de una de las instituciones básicas de la República”.
Esas observaciones no detuvieron a Beliz, que ayer después de desmentir a la magistrada aprovechó el impulso para defender el proyecto oficial de unificación de los juzgados del fuero penal de Capital Federal, que aún nofue tratado en el Congreso. Insistió en que es “la solución de fondo” a “los problemas de competencia que se originan entre un juez y otro”.
Con este ruido de fondo, la investigación del principal hecho a desentrañar, el asesinato de Cisneros, empezó con grandes dificultades. Como hasta el miércoles último no había juez definido –ese día asumió Adriana Leiras–, la Gendarmería todavía tiene guardadas bolsitas plásticas con proyectiles recogidos en el lugar del crimen. Ya pasaron dos semanas desde el crimen y nunca apareció el arma que se usó para el homicidio.
Los dos detenidos, Juan Carlos Duarte y un menor de nombre Luis, tenían que declarar ayer. El primero no quiso hablar y el segundo lo hizo, pero bajo secreto de sumario. Ahora que hay un pedido para reconstruir la trayectoria de las balas, no aparece la llave del lugar.