El gobierno de Tucumán y los estatales de ATE se cruzaron ayer acusaciones por los incidentes del acto por el 9 de Julio. La gobernación denunció al titular del gremio, Martín Rodríguez, por haber solicitado 100 mil pesos para dirigentes estatales y otros 54 mil para piqueteros de la CCC y el Polo Obrero como condición para que no hubiera problemas durante los festejos. ATE Nacional respondió iniciando acciones por calumnias e injurias contra el gobernador José Alperovich dado que sus imputaciones “no tienen ningún fundamento ni prueba”.
El gobierno tucumano radicó la denuncia ante la fiscal de turno, Adriana Reinoso, solicitando que se cite como testigo al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. Según la versión de Alperovich, en los días previos al acto, Jiménez contó que las últimas conversaciones que había mantenido con los gremialistas ya no trataban de reclamos salariales sino que directamente hablaban sobre pedidos de dinero a cambio de garantías para que no se produjeran desmanes.
En tanto, Martín Rodríguez negó que los estatales hayan participado de los disturbios del viernes en la Plaza Independencia durante la visita del presidente Néstor Kirchner, aunque reconoció que hubo negociaciones para detener una marcha planificada para ese día. “Se había acordado telefónicamente con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, suspender la marcha”, explicó el sindicalista.
“Los dichos de Alperovich contra el compañero Martín Rodríguez son una cortina de humo para ocultar que en Tucumán el sueldo promedio de los trabajadores estatales es inferior a 300 pesos”, sostuvieron en la sede nacional de ATE.