“Si tienen mayoría, no necesitan esperarme.” Con esta afirmación, Carmen Argibay dejó en claro que no considera imprescindible su incorporación a la Corte Suprema de Justicia para definir los grandes temas que aún quedan pendientes. La designada jueza ratificó que volverá al país para sumarse al máximo tribunal recién cuando termine su trabajo en la Corte Internacional de La Haya donde se investigan los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia. “Aunque los plazos son más o menos vagos, estimo que me estaré sumando antes de fin de año”, calculó Argibay desde Holanda.
En la agenda de prioridades de la Corte Suprema se encuentran un fallo sobre la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, también otros sobre el corte de rutas piquetero, denuncias contra las empresas privatizadas por incumplimientos de contrato y el ya remanido y demorado caso testigo de la pesificación. En sus declaraciones de ayer, Argibay negó que el alto tribunal esté aguardando su incorporación al cuerpo para tratar estos temas.
A pesar de que su pliego fue aprobado la semana pasada en el Senado, la penalista no prestará juramento hasta no finalizar sus tareas en tribunal internacional. Desde La Haya, Argibay explicó su decisión de postergar su incorporación a la Corte fundamentando que “renunciar con el caso tan avanzado significaría tirar a la basura dos años de investigación”. También sostuvo que “sería una irresponsabilidad” abandonar la investigación ya que daría una “imagen negativa” y pondría en riesgo “el prestigio del país”.
En cuanto a la fecha de regreso, la designada ministra dejó en claro que seguramente será antes de que termine el año y que acelerará su tarea todo lo que sea posible. “Todavía no tenemos un día, pero sabemos que terminamos este año”, aseguró. Con su incorporación, la Corte podrá contar con sus nueve miembros y recuperar su integración plena tras los alejamientos de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López.
En relación con el tema de la pesificación, la Corte rechazaría en el acuerdo de hoy un recurso de amparo, de los que se conocen como “de segunda generación”. En este caso, tratarán el reclamo de un ahorrista que había aceptado la pesificación de un plazo fijo a 1,40 más CER pero reclama la diferencia, según el valor de mercado actual del dólar. La decisión del tribunal podría tener repercusiones sobre otros casos similares. Mientras tanto, el gran debate de fondo por la legalidad del corralito y del corralón sigue pendiente. Más de 11 mil recursos de amparo que piden la redolarización de sus depósitos aguardan ser resueltos.