La causa por el Plan Cóndor recobró impulso. El primer ministro del Interior de la dictadura, general retirado Eduardo Albano Harguindeguy, se entregó en los tribunales federales de Retiro. Sin los guardaespaldas que lo acompañaban cuando ocupaba la cartera política de la primera junta militar, se negó a declarar y quedó detenido con arresto domiciliario en el marco del proceso en el que se investiga la coordinación represiva en el Cono Sur consumada por las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. El juez federal Jorge Urso ordenó 32 detenciones de militares y ayer mismo se presentaron otros cuatro, entre ellos el ex ministro de Planificación de la dictadura y ex presidente del Círculo Militar, general retirado Ramón Genaro Díaz Bessone. Todos se negaron a ser indagados y volvieron a sus hogares con detención domiciliaria porque acreditaron diferentes dolencias y tienen más de 70 años. Página/12 pudo saber que Harguindeguy presentó un certificado médico porque tiene “depresión”.
En las últimas semanas, en la Casa de Gobierno no cayeron bien las noticias provenientes de Tribunales como el pedido de declaración del presidente Néstor Kirchner por la denuncia del supuesto complot. Sin embargo, ayer se alegraron: “Mientras estemos gobernando ninguno de éstos va a seguir libre”, festejó una alta fuente oficial.
Hace dos semanas Página/12 reveló que los representantes de los familiares de las víctimas que son querellantes en este caso habían solicitado esa medida no sólo respecto de Harguindeguy sino también de Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, Santiago Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi. Argumentan que no sólo son responsables los ex jefes de Estado de los países que integraron el operativo, tales como Jorge Videla, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner. Por eso propusieron a Urso que ampliara el número de militares acusados, y la resolución que firmó ayer el magistrado va en tal sentido. “Harguindeguy tenía a su cargo la responsabilidad por la seguridad de los asilados o refugiados políticos que fueron impunemente victimizados durante la ejecución del plan”, recordó a Página/12 el abogado Alberto Pedroncini, uno de los abogados querellantes.
Harguindeguy fue el ministro político de la junta compuesta por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti que ocupó el poder tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y nunca antes había estado detenido por violaciones a los derechos humanos. El fiscal Miguel Osorio había pedido, sin éxito, su encarcelamiento por las declaraciones que hizo a la periodista francesa Marie-Monique Robin defendiendo el terrorismo de Estado. Ayer a la mañana se presentó solo en el juzgado de Urso, se negó a declarar y dijo padecer “depresión”, según reveló a este diario una fuente judicial. También se entregaron los generales retirados Hugo Pascarelli, Leopoldo Flores y el coronel Eduardo Delio. Otros que comparecerían hoy son los generales retirados José Vaquero, Fausto González, José Villareal, Juan Pablo Saa, Eugenio Guañabens Perello y los coroneles Carlos Tragant y Carlos Landoni. “Es un cambio fundamental, se activa la causa y se acerca la elevación a juicio oral”, expresó Pedroncini con satisfacción.
En septiembre de 1999 un grupo de abogados encabezado por David Baigún y Pedroncini presentó la denuncia en representación de cinco familiares de víctimas desaparecidas bajo el ala del Cóndor. Una de las querellantes es la maestra uruguaya Sara Méndez, que estuvo secuestrada en el centro Automotores Orletti. Había sido torturada con capuchas de nylon y cadenas en presencia de su bebé Simón. Fue separada de su hijo y nunca más lo pudo localizar.
La causa tiene por objeto la investigación de una asociación ilícita, además de la privación ilegal de la libertad en el marco de políticas de desaparición forzada de personas, homicidios y torturas, cometidos durantela concertación y ejecución de la llamada Operación Cóndor, en Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay. Inicialmente fueron imputados los jefes de Estado de esos países que al frente de gobiernos militares armaron ese plan persecutorio contra comunidades de refugiados políticos de cualquiera de los “Estados-parte” en el territorio de otros.
En abril de 2002 la Cámara Federal porteña ratificó la prisión preventiva del ex dictador Jorge Rafael Videla y confirmó los pedidos de captura internacional de Augusto Pinochet, Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (policía secreta chilena); Pedro Espinoza, también alto funcionario de la DINA; el dictador paraguayo Alfredo Stroessner y los militares uruguayos que operaron en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Los camaristas consideraron que la investigación debía extenderse “a la totalidad del territorio en el cual se desarrolló la operatoria criminal” y a “todos los niveles de autoría y participación”, esto es, a los autores materiales, mediatos, partícipes y cómplices.
La indagatoria del imputado Harguindeguy fue solicitada porque el Ministerio del Interior, que ocupó, tenía a su cargo la protección de la libertad y la vida de las personas, y en este caso de la Operación Cóndor, la protección del derecho de asilo en territorio argentino de los perseguidos políticos de países limítrofes. Los testimonios del senador uruguayo Rafael Michelini –hijo del también senador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires– y de Bernabela Herrera, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, acreditan esta situación. Además, la cartera política tenía la función de informar a los jueces intervinientes en los recursos de hábeas corpus interpuestos en favor de personas desaparecidas, que en todos los casos fueron contestados en forma negativa. Harguindeguy fue ministro del Interior en la época en que se desarrollaron las etapas fundamentales de la Operación Cóndor. En momentos en que el gobierno militar negaba públicamente la existencia de desaparecidos, este represor emitió las “Instrucciones sobre procedimiento a seguir con menores de edad, hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus progenitores se encuentran detenidos o desaparecidos”.
El juez Urso convocó a ampliar la declaración indagatoria en esta misma causa a Videla el 23 de julio, y para el 16 y 19 de julio citó a los ex generales Carlos Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ, Santiago Omar Riveros, Cristino Nicolaides y el almirante Antonio Vañek, todos actualmente detenidos por otras causas. El 21 de julio será el turno del ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, quien está con detención domiciliaria en Córdoba a disposición del juzgado federal 3. El ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi, también con arresto domiciliario en esa provincia, deberá ser trasladado a Buenos Aires el 22 de julio.