La Justicia Federal emitió ayer otro fallo que consolida uno de los principales procesos por violaciones a los derechos humanos. La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de los represores Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ, Rubén Franco y Reynaldo Bignone en la causa sobre la apropiación sistemática de menores durante la dictadura. Y en la misma resolución los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani le indicaron al juez Jorge Urso que “deberá urgir la elevación a juicio de todos aquellos casos que estén en condiciones de analizarse en la etapa oral”, y que en este sentido “debe considerar la situación de detención en la que se encuentran los imputados”. Esto significa que los acusados llevan varios años detenidos con prisión preventiva y, aunque la mayoría goza de arresto domiciliario, la ley establece que si en un plazo prudencial no van a juicio deben quedar en libertad.
Estos ex jefes militares ya tienen procesamientos firmes como autores mediatos de los delitos de sustracción, retención y ocultación de menores, además de sustitución de identidad. Esa acusación fue ampliada para que respondieran por más cantidad de casos, fueron procesados por ello y ahora la Sala I de la Cámara confirma esa decisión del juez Urso. La cifra de casos agregados cambia por cada imputado, pero ronda entre los 13 y los 20. Según la resolución a la que Página/12 tuvo acceso, son cuatro los menores nacidos en cautiverio que han sido identificados: Laura Ruiz Dameri, María Victoria Moyano Artigas, María de las Mercedes Gallo Sanz y Yolanda Iris Casco. También estableció que son seis los menores secuestrados luego de nacidos y recuperados: Paula Eva Logares, Claudia Poblete, Mariana Zaffaroni Islas, Anatole y Eva Grisonas e Hilda Montenegro. En tanto, Clara Anahí Mariani fue secuestrada luego de nacida y aún no fue encontrada. Y los menores nacidos en cautiverio no recuperados son los hijos de María Elena Isabel Corvalán de Suárez Nelson, Rosa Taranto de Altamirando, María Teresa Trotta de Castelli y Lucía Tartaglia.
El propio Suárez Mason reconoció su injerencia en el centro clandestino de detención El Olimpo, más allá de que dice desconocer los hechos por los que está procesado. Como comandante de la Zona I de Ejército hasta el 8 de febrero de 1979, se le imputa la responsabilidad por la sustracción, retención y ocultación de trece menores y por la supresión de las identidades en ocho casos. A Juan Bautista Sasiaiñ le cabe la responsabilidad de autor mediato de varios de los hechos mencionados. Este represor fue comandante de la décima Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército hasta enero de 1978, y ya está probado que los centros clandestinos Pozo Banfield, La Cacha y El Vesubio dependieron de su mando. A Rubén Franco y a Reynaldo Bignone se los responsabiliza como integrantes de la última Junta Militar y presidente de facto, respectivamente, por haber otorgado la garantía de impunidad inherente al plan de apropiación de menores a través de la ley 22.924 conocida como Ley de Amnistía, el llamado “Documento Final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo”, y la orden de destrucción de documentación.