Los jueces Martín Irurzun y Horacio Vigliani consideraron que la confesión del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien aseguró haber repartido coimas a cambio de la aprobación de la Ley de Reforma Laboral, no fue chequeada con rigurosidad. En consecuencia, anularon los procesamientos contra el “arrepentido”, los ex senadores Emilio Cantarero (PJ) y José Genoud (UCR) y el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes. Los camaristas ordenaron una serie de medidas que servirían para confirmar las palabras de Pontaquarto pero, en realidad, no creyeron del todo su declaración. Desconfiaron porque hizo un arreglo económico con la revista que publicó su testimonio. Formalmente la causa sigue en pie, pero esta medida implicaría su paralización.
“Sigo convencido de que lo que hice estaba bien, pero voy a acatar lo que la Cámara diga”, aseguró a Página/12 el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la investigación. Hace seis meses procesó a Pontaquarto, Cantarero, Genoud y De Santibañes porque estaba convencido de que “el 18 de abril de 2000 el entonces secretario parlamentario retiró de la SIDE la suma de cinco millones de pesos en efectivo con el objetivo de entregarlos los días 26 y 27 de abril a dos senadores, a efectos de que éstos, junto a otros, aprobaran la Ley de Reforma Laboral”. El expediente, que se encontraba paralizado desde hacía tiempo, se reactivó en diciembre del año pasado, cuando Pontaquarto apareció el la tapa de la revista TXT asegurando haber repartido la plata de las coimas.
Al dictar los procesamientos, Canicoba Corral sostuvo que el relato del “arrepentido” había sido corroborado por otros indicios como registros oficiales, entrecruzamientos de llamadas, inspecciones oculares, análisis de las cuentas de la SIDE y declaraciones testimoniales. Justamente eso es lo que cuestionaron los camaristas. Para ellos, “las pruebas producidas no permiten recrear adecuadamente la verdad que se persigue obtener”. La pesquisa, calificaron, fue “incompleta y desarrollada desde una perspectiva errada” y arriesgaron que “quizá por la premura con que se adoptó la decisión (los procesamientos) omitió poner a examen la versión completa que prestara” el ex secretario parlamentario. Además, Irurzun y Vigliani repitieron varias veces que Pontaquarto recibió dinero y asistencia jurídica a cambio de su testimonio y señalaron que ese hecho “impone una mayor exigencia de cuidado al momento de valorar sus dichos”.
Entre las cosas que no se corroboraron la Cámara destacó:

- No se comprobó la reunión en el despacho del ex presidente Fernando de la Rúa en la Casa Rosada en la que se habría hablado de las coimas. El juez continuaba investigando la existencia de ese encuentro para ahondar en la responsabilidad del ex presidente en la maniobra.

- El reconocimiento de los lugares. El juez le había dado importancia a las inspecciones que hizo con el ex secretario parlamentario a la SIDE y a la casa de Cantarero, pero Irurzun y Vigliani señalaron que las medidas fueron hechas “sin que hubiera mediado la posibilidad de control de los restantes imputados, lo cual permite cuestionar el valor de la prueba”.

- Un sumario administrativo de la SIDE corroboró que Pontaquarto entró al organismo el 18 de abril de 2000 y dos llamadas realizadas ese mismo día a la secretaria de De Santibañes. Los camaristas destacaron que algunos testigos dijeron que el registro podía ser “suprimido o alterado” y afirmaron que resultaba “imperioso contar con estos archivos informáticos a fin de practicar un peritaje”.

- El tribunal afirmó además que se debe efectuar un estudio sobre las finanzas de la SIDE y que los números volcados por un contador “dan cuenta de la existencia de una determinada suma de efectivo al final de ese mes(abril) que resulta incompatible con la salida de dinero que Pontaquarto afirma haber retirado”. La Cámara ordenó que –previa autorización del Poder Ejecutivo– la Sindicatura General de la Nación practique “una revisión completa” del ingreso y egreso de dinero en la SIDE durante la gestión de De Santibañes.

- Vigliani e Irurzun marcaron también que la hora y el lugar en que se realizaron algunas comunicaciones telefónicas no cierran con la confesión y que esto podría implicar que hubo otras personas involucradas.
El fallo de la Cámara –que será apelado por el fiscal general Germán Moldes– no desliga a los acusados de la investigación, sino que obliga al juez a realizar nuevas medidas que permitan sumar pruebas: peritar el patrimonio de los imputados, pedir los registros del sistema de apertura de la bóveda y las cintas de video de la SIDE. Luego de esas diligencias el magistrado deberá volver a decidir si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de los acusados. Sin embargo, uno de sus colaboradores aseguró que es difícil avanzar más allá de lo que se consiguió hasta ahora. “Lo central es que la Cámara no le creyó a Pontaquarto y el juez sí y a partir de eso armaron sus conclusiones”, afirmó.
–¿Entonces la causa no tiene futuro?
–Futuro tiene. Va a estar diez años en un cajón hasta que algún juez dicte los sobreseimientos.