La ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray afrontará un nuevo juicio oral acusada de ceder ilícitamente el predio de la planta transmisora de Radio Nacional, en una maniobra que causó un perjuicio millonario al Estado cometida cuando comandó la privatización de la telefónica ENTel. Esto ocurre porque el juez federal Jorge Urso dio por terminada la investigación del caso. Con esta decisión, Alsogaray va camino a enfrentar dos nuevos procesos públicos, uno en esta causa y otro ya en preparación por supuesto pago de sobreprecios en la Secretaría de Medio Ambiente, todos a cargo del mismo tribunal que en mayo la condenó por enriquecimiento ilícito a tres años de prisión.
Presa en la DUIA de la calle Cavia desde agosto del año pasado, la ex funcionaria está procesada en esta causa por “defraudación en perjuicio de la administración pública” y pesa sobre sus bienes un embargo de diez millones de pesos.
La Oficina Anticorrupción (OA) la denunció en el año 2000 por la presunta cesión irregular de los terrenos donde funcionaba la planta transmisora de LRA 1 Radio Nacional en la localidad de General Pacheco. Según la denuncia, el 7 de noviembre de 1990 el Estado argentino adjudicó a un consorcio francés, estadounidense y argentino una parte del servicio de telefonía, en el marco de la privatización de ENTel.
Los terrenos de LRA 1, cuya transferencia fue cuestionada, fueron incorporados a la privatización. Se adjudicó al consorcio Stet, France Cable et Radio, J.P. Morgan y Compañía Naviera Pérez Companc el 60 por ciento de las acciones de la licenciataria Norte, por medio del decreto 296/90. “Un día antes de la suscripción de los contratos de transferencia con las licenciatarias Norte y Sur”, la ex empresa nacional de telecomunicaciones “integró al listado de inmuebles” el de Radio Nacional.
“La transferencia operada respecto del inmueble e instalaciones es ilícita”, dijo el juez Urso al elevar la causa a juicio. Alsogaray fue “responsable directa de todo el proceso de privatización” y, por extensión, también de la “ilícita transferencia del inmueble en cuestión”, pues era ella “quien ejercía las facultades de administración y disposición de los bienes que el Estado nacional” le había confiado en el marco de la privatización, señaló el juez. Según el auto de elevación a juicio, la transferencia del predio, situado en el cruce de la ruta 197 y las vías del Ferrocarril Mitre, fue “extemporánea” y habría causado un “grave perjuicio para el Estado”.
Alsogaray irá a juicio junto a sus ex colaboradores Ricardo Fox y Gustavo Albano Abreu, ambos acusados de “cómplices secundarios”. El delito de defraudación en perjuicio de la administración pública está contenido en el artículo 174 del Código Penal y prevé penas de prisión de dos a seis años. En esta causa, la ex polifuncionaria había sido beneficiada con “falta de mérito”, pero la Cámara de Apelaciones la revocó y dictó los procesamientos que incluyeron un embargo de 10 millones de pesos en los bienes de la mujer, de 7 millones en los de Fox y de 5 millones en los de Abreu.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Horacio Vaccare y María Cristina Sanmartino, del Tribunal Oral Federal 4, le negaron la excarcelación por considerar que una segunda pena no sería excarcelable y ahora por conexidad, también quedó a su cargo el tercer juicio que enfrentará Alsogaray.