EL PAíS
› PEDIDO A FOX POR EL REPRESOR ARGENTINO
Para que Cavallo siga preso
Familiares de desaparecidos y víctimas de la dictadura militar que viven en México solicitaron ayer la intervención del presidente mexicano Vicente Fox para lograr la extradición del ex represor Ricardo Cavallo a España, donde el juez Baltasar Garzón lo acusa de genocidio, torturas y terrorismo. La movida pensada por la organización “Cavallo entre rejas” incluyó cartas a Fox, al canciller Jorge Castañeda, al fiscal general Rafael Macedo y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Genaro Góngora, y es parte de una campaña para agilizar la extradición del ex represor, detenido en México desde agosto de 2000.
“Genocidas y torturadores como Cavallo seguirán circulando impunemente por el mundo y seguirá habiendo crímenes contra la humanidad mientras los gobiernos no se comprometan realmente en su persecución y castigo, colaborando entre sí en los procesos de extradición”, dice el texto de la carta enviada a Fox. Dos semanas atrás, el juez federal mexicano Juan García impidió la extradición de Cavallo por el delito de torturas –lo consideró prescripto–, pero no por los de genocidio y terrorismo.
La agrupación “Cavallo entre rejas” consideró que esta resolución es “inaceptable” y pidió que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia. En el mensaje enviado a Fox, exigen que “Cavallo sea extraditado por genocidio y terrorismo, pero también por tortura”.
Cavallo, alias “Sérpico” o “Marcelo”, fue detenido en el aeropuerto de Cancún cuando trataba de subirse a un avión que lo trasladara a Buenos Aires. Sabía que estaba siendo buscado por la Justicia luego de que el diario mexicano Reforma publicara que cinco ex presos políticos argentinos lo habían identificado como uno de los torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante el régimen de la dictadura militar. Por entonces Cavallo era director de un importante grupo empresarial que había ganado la concesión del Registro Nacional de Vehículos (Renave).
El ex teniente de fragata, de 50 años, es reclamado por la Audiencia Nacional de Madrid como presunto autor de los tres delitos mencionados en una investigación abierta sobre las víctimas españolas en la dictadura.