La polémica sobre qué hizo cada quien el día de la ocupación de la comisaría 24ª tras el asesinato del piquetero Martín Cisneros crece como una bola de nieve. Un secretario de la jueza María Angélica Crotto, quien denunció el incumplimiento de sus instrucciones a la policía para desalojar la seccional, ratificó ayer la versión de su jefa ante el juez Jorge Urso. El relato coincide, en parte, con la presentación espontánea que hizo el ex titular de la dependencia policial, Cayetano Greco, en la que aseguró que quiso sacar a los manifestantes luego de hablar con la magistrada, pero el subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli, lo frenó. Este funcionario insistió en que su actuación consistió en mediar para impedir la represión. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, avaló esa actitud y dijo que, “si hubiera habido muertos, hoy estaríamos discutiendo la crueldad del procedimiento”.
Urso investiga si funcionarios del Gobierno, policiales o judiciales cometieron irregularidades en el manejo de la situación luego del homicidio de Cisneros. La causa fue abierta por una denuncia que hizo la jueza Crotto una semana después del crimen y la ocupación de la comisaría de La Boca. Ella estaba de turno aquel 26 de junio y, dice, dio directivas para despejar la seccional que fueron incumplidas y al día siguiente se enteró de que en su lugar intervenía el juez federal Norberto Oyarbide.
Una seguidilla de novedades se fueron sumando ayer a esta enmarañada trama judicial. Por un lado, la Cámara Federal resolvió que el expediente sobre la protesta en la comisaría que encabezó el líder de la Federación Tierra y Vivienda Luis D’Elía quede en manos de Oyarbide (ver aparte).
Por otro carril, el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín, presentó un escrito ante Urso. Por si acaso, nombró una defensora oficial, que es Perla Martínez de Buck, y se puso “a disposición” de Su Señoría explicando que su intención es “colaborar”. Quantín es el superior inmediato de Campagnoli. Según Greco –desplazado después de los incidentes–, ambos estuvieron en la comisaría 24ª a raíz de la manifestación. Así lo dijo en la presentación que hizo el miércoles, en la que acusó a los funcionarios de impedirle actuar pese a que la jueza Crotto por teléfono le había dado luz verde. El ex comisario intenta atajarse, ya que hasta ahora es el único imputado. Ayer sumó una provocación: le advirtió a Urso que la fiscal de distrito que asumió el caso originalmente, María Helena Holden, fue cinco días después de los hechos al Ministerio de Justicia. Sentó, así, sospechas de una posible influencia oficial y pidió que interroguen a la mujer sobre el tema.
Hernán Canessa, un secretario de Crotto que declaró ayer ante Urso, explicó que en un comienzo se negó a hacer allanamientos por el homicidio de El Oso Cisneros por tratarse de un NN. Contó que primero habló con un subalterno de Greco. Más tarde, precisó, el ex comisario lo llamó para informarle la ocupación de la dependencia y él le dijo que “debía proceder según las facultades y obligaciones que como fuerza de seguridad y prevención tiene la policía”. Canessa aclaró que también habló con su jefa, intercambiaron lo que sabían hasta ese momento, y que a las 10 de la mañana le avisaron que se había hecho cargo Oyarbide. Un acta que elaboró este juez cuando asumió la causa señala que Campagnoli “se puso al habla” e “hizo saber que no había magistrado interviniendo en los hechos”.
El enredo recién empieza. Tanto Crotto como Oyarbide deben dar su testimonio por escrito. También falta que lo hagan otros secretarios y fiscales. Y, sobre todo, entre las medidas de prueba clave están pendientes los cruces de llamados telefónicos para verificar si las conversaciones que hasta ahora mencionan Greco, la jueza y su secretario efectivamente existieron. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers ya pidieron la indagatoria del ex comisario, pero ahora analizan si, en caso de querer indagar a Campagnoli y Quantín, deberían pedir su desafuero ya que por ser fiscales (en uso de licencia) tendrían inmunidad. Campagnoli volvió a defenderse. Dijo que buscó “el camino de buscar el diálogo y la mediación”. “Lejos de no actuar se actuó, pero de una manera razonable, buscando una salida pacífica. El objetivo de desalojar la comisaría se cumplió”, insistió. Sostuvo que él llegó a la seccional antes que Greco y aclaró que nunca recibió órdenes de Beliz. Luego agregó: “De la orden de la jueza de desalojar la comisaría no tuvo conocimiento”. El ministro de Justicia lo respaldó y elogió. Defendió la política de no represión y recordó que, previo a los hechos en danza, el comisario Greco “estaba siendo investigado (por irregularidades cuando estaba al frente de la seccional 24ª) y esa investigación continúa”.