Quizá Carlos Menem no sea necesariamente el próximo, si es que le toca volver al encierro. María Julia Alsogaray también tiene chances de seguir pronto el mismo camino. El juez Rodolfo Canicoba Corral tiene decidido procesarla y no descarta ordenar su detención en una causa en la que fue acusada por la Oficina Anticorrupción (OA) de pagar sobreprecios espectaculares, favorecer a sus amigos en contrataciones directas y hacer donaciones sospechosas. La ex funcionaria, además, irá a juicio oral por la investigación en la que terminó procesada por enriquecimiento ilícito.
La denuncia que hizo la OA en diciembre de 2000 sostenía que María Julia había liderado una asociación ilícita en sus tiempos de secretaria de Recursos Naturales. La presentación incluía un detalle de maniobras en las que se repetían las estrategias y los personajes. Para la construcción de las oficinas del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia), ejemplificaban los investigadores, se pagaron sobreprecios de más del 400 por ciento en una obra que terminó costando más de 2 millones de dólares para la que contrató en forma irregular a gente con la que mantenía relaciones personales. El esquema se repitió en obras de refacción en el edificio de la ex secretaría. Para la remodelación del área de las Cataratas la secretaría armó un comité de seguimiento de obra “de dudosa necesidad”, según la OA. Hizo también una donación de una flota de autos a la Fundación Capacitando, de la diputada renunciante Norma Godoy.
María Julia fue indagada el año pasado y un grupo de sus funcionarios también. Al juez Canicoba Corral nunca le cierra la teoría de la asociación ilícita, el mismo delito –no excarcelable– por el que Menem fue preso el año pasado por la venta ilegal de armas. En principio, según informaron a este diario allegados a la pesquisa, el magistrado está convencido de que la ex secretaria es responsable, cuanto menos, de defraudación al Estado. Está casi redactado, aseguraron los voceros, un procesamiento en ese sentido. Lo que todavía está en debate en el juzgado es la posibilidad de que la resolución incluya una figura más grave como la de peculado –una forma de malversación de fondos– que tiene una pena de 2 a 10 años de cárcel y, según algunas interpretaciones jurídicas, podría conducir a una prisión preventiva.
Al parecer, una de las principales razones por las que Canicoba Corral no quiere invocar asociación ilícita es la interpretación que hizo sobre esa figura la Corte Suprema cuando el año pasado habilitó la liberación de Menem y su ex cuñado Emir Yoma. El fiscal Miguel Osorio, que interviene en la causa, en cambio argumentó que hay pruebas: “cuando alguien desembarca en un organismo con gente conocida, de su confianza, cuando se gambetea la normativa jurídica que mínimamente da transparencia a la gestión pública, eso no es otra cosa que la concentración de un grupo de personas para cometer un delito”, dijo en su dictamen. En la OA, el organismo que conduce José Massoni, piensan parecido. Incluso creen que encarcelar a alguien por peculado “no sería adecuado, sería una mala interpretación”.
El procesamiento de María Julia sería dictado a fin de mes, cuando el magistrado terminará la ronda de indagatorias. Entre los imputados más importantes figuran la ex subsecretaria de Coordinación de Recursos Naturales Mabel Behal, su marido Oscar Banchio, además de Santiago Bignoli, un viejo amigo de Alsogaray que controló Parques Nacionales manejó casi todas las licitaciones, y su padre Arturo Bignoli, nombrado sin concurso a cargo de seis obras.
Mientras espera el desenlace de esta historia, María Julia recibió la noticia de que se acerca su juicio oral por enriquecimiento ilícito. La sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó un recurso en el que ella cuestionó el procesamiento que le había dictado el juez Juan José Galeano y que confirmó la Sala I de la Cámara Federal por no justificar cómo hizo para que los 300 mil pesos que tenía en 1989 se transformaran en más de 2 millones en diez años.