El juez Jorge Urso ordenó una pericia con el sistema excalibur para chequear si hubo comunicaciones telefónicas entre funcionarios del Gobierno, la policía, la Justicia y la comisaría 24ª a raíz de la toma de esa dependencia por el asesinato del piquetero Martín Cisneros. Es para establecer si hubo irregularidades en el manejo de la situación, como denunció la jueza María Angélica Crotto, quien al testificar ayer ratificó que su orden de desalojar la protesta fue incumplida. Señaló también que al día siguiente el ex titular de la seccional de La Boca Cayetano Greco le dijo que el subsecretario se Seguridad, José María Campagnoli, no lo dejó actuar. Urso tendrá que evaluar, entre otras cosas, si impedir la represión en busca de una salida pacífica es delito. Mientras tanto, su par Norberto Oyarbide quiere mandarle la causa sobre la ocupación, que lideró Luis D’Elía, a quien igual planea citar a indagatoria.
La jueza Crotto presentó una declaración por escrito en la que vuelve sobre lo que ya denunció: que habló con la comisaría 24ª a partir del homicidio, que ordenó frenar la ocupación en la madrugada del 26 de junio y luego se enteró de que otro juez, Oyarbide, había asumido el caso en su lugar. Al testificar agregó que la mañana posterior a los acontecimientos cuando le preguntó a Greco por qué no había hecho nada él contestó “porque no me dejaron”, en alusión a Campagnoli.
Urso dispuso detectar mediante el excalibur quién habló con quién aquel día. Para empezar, le pidió al Gobierno los números telefónicos de quienes pudieron tener intervención: Campagnoli, el secretario de Seguridad Interior Norberto Quantín; el ministro de Justicia, Gustavo Beliz; el secretario de Provincias, Rafael Follonier; el jefe de asesores de Justicia, Francisco “Pancho” Meritello; el ex comisario Greco, el jefe de Policía, Eduardo Prados, los jueces Crotto y Oyarbide, entre otros. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, defendió a los funcionarios que mediaron en la seccional. “Trataron de recuperar la comisaría sin uso de la fuerza” para “prevenir males mayores”, dijo. Como Campagnoli, señaló que “no hay ningún dato de que la jueza haya hablado” con él.
Urso tendrá que determinar si algún funcionario policial, judicial o del Gobierno violó la ley con su actuación. Por ahora el único imputado es Greco, pero no está descartado que el juez amplíe las acusaciones. Oyarbide, que investiga si los manifestantes que ocuparon la comisaría cometieron delito, dijo en declaraciones a la prensa que quiere indagar a D’Elía porque “tiene un rol protagónico”. Lo mismo haría con “otros protagonistas que lo acompañaban”. En principio, las quince figuras penales que analiza son excarcelables. Y aun así Oyarbide le dijo a Página/12 que planea mandarle su expediente a Urso para que él continúe con todo el paquete.