A las pocas horas de producido el atentado contra la AMIA, el gobierno del primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al gobierno argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así se desprende de un cable emitido por el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994. El atentado, que costó la vida a 85 personas y heridas a 300, había tenido lugar a las 9.53 del 18 de julio, hace hoy diez años. De este modo, ambos gobiernos condicionaron la investigación desde el primer momento, con el acento puesto en las respectivas ventajas políticas que cada uno pudiera obtener y sin mayor interés por el descubrimiento de la verdad y el castigo de los responsables. El cable dirigido al canciller Guido Di Tella fue hallado entre las pilas de informaciones secretas que el gobierno nacional resolvió liberar al conocimiento de los familiares de las víctimas y los jueces encargados de la investigación judicial, por los decretos 785, 786 y 787 de setiembre de 2003. La Unidad Especial de Investigación del atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de AMIA, a cargo del funcionario Alejandro Rúa está procesando esa información, de la cual va comunicando las novedades al juez Rodolfo Canicoba Corral, quien quedó a cargo de la causa cuando fue separado de ella el primer juez a cargo, Juan José Galeano, cuyo desempeño será analizado en juicio político por el Consejo de la Magistratura. El juicio oral, cuyas audiencias públicas ya concluyeron, puso en evidencia las gravísimas irregularidades cometidas en la investigación y destruyó una falsa versión de los hechos, armada para encubrir responsabilidades criminales y políticas.
Otegui hizo el primer anuncio en forma teléfonica a la Cancillería: Rabin enviaba a Buenos Aires en un avión de la Fuerza Aérea israelí a un diplomático de su relación personal y directa, con el propósito de combinar la versión que se daría al mundo. Para ello deseaba reunirse al llegar con Menem o con el funcionario del más alto nivel posible de su gobierno. Lo detalló luego en el cable EISRA 010365/1994. Allí identifica al enviado como el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería de Israel, Dov Schmorak, quien había sido embajador en la Argentina entre 1980 y 1985, en los últimos años de la dictadura militar y los primeros del gobierno electo de Raúl Alfonsín. En el documental “Asesino”, el premiado director israelí Nurit Kedar lo menciona entre los responsables de que los desaparecidos judíos en la Argentina hayan podido ser asesinados con ametralladoras UZI o arrojados al río en aviones Aravá que Israel vendía a la dictadura. La prensa israelí consideró exageradas esas conjeturas. Se estima que uno de cada diez desaparecidos era judío, mientras uno de cada cien argentinos lo son. El gobierno israelí se defendió arguyendo que la venta de armas a gobiernos “malvados”, como los de Argentina y Sudáfrica, era imprescindible para la supervivencia de su crítica industria bélica. Una investigación impulsada por el parlamento israelí concluyó el año pasado que “Schmorak era consciente de la desacreditación de la imagen de Israel ante la opinión pública democrática argentina, por no haber integrado la acción pública a los procedimientos discretos. Schmorak destacó el eco negativo que tuvo en la Argentina el rechazo público del ministro de Defensa Moshé Arens a la propuesta de cancelar la venta de armas a la Argentina, y la duda que expresara sobre el testimonio del parlamentario Dror Zeiguerman acerca del destino de los desaparecidos. Estas palabras despertaron una reacción de rechazo, especialmente entre los padres de los desaparecidos”, dice el informe.
“Una versión coincidente”
Antes de embarcarse hacia Buenos Aires el 18 de julio de 1994, el enviado de Rabin se comunicó en medio de la noche con el embajador Otegui para explicarle las motivaciones de su viaje y solicitarle su colaboración. En cuanto llegara a Buenos Aires, deseaba entrevistarse con el presidente Menem y con el canciller Di Tella. Dijo que Rabin había autorizado que apareciera junto con Menem en el programa de televisión de Bernardo Neustadt, porque lo consideraba beneficioso para el gobierno israelí. Según la información transmitida por el embajador Otegui esa madrugada a su cancillería, para el gobierno israelí “es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado”, en especial por el impacto que la manera de presentar lo sucedido tendrá ante la opinión pública israelí, “dado que partidos oposición y algunos medios de prensa están utilizando el hecho para atacar duramente política de paz gobierno Rabin”. En ese momento, Rabin estaba muy avanzado en un acuerdo de paz con el gobierno sirio del presidente Hafez Al Assad, que hasta entonces había sido el más duro opositor a la mera existencia de Israel en el mapa del Medio Oriente. Contaba para esas tratativas con el apoyo del gobierno estadounidense de William Jefferson Clinton. Otegui avaló las afirmaciones de Schmorak respecto de los ataques opositores a Rabin. El cable agrega que el gobierno de Israel “no tiene queja alguna sobre manera en que el nuestro está manejando el tema. Objetivo de entrevista de alto nivel solicitada es coordinar interpretación del atentado” con el propósito de “presentar a la prensa –inmediatamente después del encuentro– una versión unificada de lo ocurrido”.
Palestinos, iraquíes, iraníes
Schmorak llegó por la noche del martes 19, en el mismo avión en el que vinieron los investigadores del Mossad y los efectivos de Defensa Civil y de la Unidad Nacional de Rescate de Israel, que participaron en la búsqueda de víctimas sobrevivientes entre los escombros. Tal como se había solicitado, fue recibido por Menem, pese a que la jerarquía inferior de su cargo hubiera permitido sin mengua de las buenas relaciones derivarlo al canciller. En la conferencia de prensa que dio al concluir la audiencia con el presidente, el funcionario de la cancillería israelí dijo que pensaba que la inspiración, el planeamiento y la financiación del atentado llegaron desde afuera pero que la ejecución contó con apoyo local. “Preparar esa gran cantidad de explosivos, transportarla y ubicarla en el objetivo son tareas que por lo general se asignan a colaboradores locales”, dijo. Cuando le preguntaron por los organizadores del atentado en Medio Oriente, mencionó a “distintos grupos fundamentalistas islámicos, de origen iraquí y palestino y terroristas árabes no fundamentalistas, como el Frente Popular, que siempre se ha opuesto al proceso de paz”. Entre los que llamó “factores locales” citó a “grupitos marginales dentro de la Argentina, que no representan a la sociedad de este país”. Schmorak negó que su gobierno conociera “hechos concretos de que alguna comunidad sudamericana podía enfrentar este riesgo”. Cuando le preguntaron si existía una base terrorista en la Argentina dijo que no sabía si esa hipótesis era correcta. Los periodistas le preguntaron si el atentado podía ser consecuencia de la participación argentina en la guerra del Golfo y el bloqueo a Irak, contestó que “hay una decena o veintena de países que cumplen el mismo rol internacional que la Argentina”. Tampoco aceptó hablar de eventuales fallas en la inteligencia o la seguridad de la Argentina. “El doctor Menem condenó en forma absoluta y sin reservas el hecho y prometió todos los esfuerzos necesarios para llegar a la verdad”, dijo el funcionario israelí, quien anunció que “la Argentina va a aumentar los esfuerzos para llevar a los responsables ante la Justicia”. Como vocero del gobierno de Menem, explicó que “la Argentina no es un país menos seguro que cualquier otro para los judíos” y atribuyó el atentado a “la enfermedad del antisemitismo que existe en todo el mundo”.
En un reportaje concedido al día siguiente al diario Clarín, Schmorak reparó una omisión grave en su primera lista: o los periodistas no lo habían registrado o él no había mencionado a Irán, hacia donde su gobierno intentaba derivar todas las sospechas. “Posiblemente, el número uno en la lista de sospechados es Irán. Hay organizaciones fundamentalistas islámicas inspiradas por Irán, financiadas por Irán, entrenadas por Irán, pero que no son iraníes, como Hezbollah, en el Líbano”, agregó. También dijo que Menem también aceptaba la hipótesis de la participación de algunos elementos locales junto con los extranjeros. La notoria ausencia en todas las declaraciones, del enviado israelí y de las autoridades argentinas, fue la pista siria, pese a las evidencias que saltaban a la vista desde el primer cuerpo del expediente judicial. Incluso la referencia a Hezbollah como apéndice iraní es engañosa, ya que ese partido tenía una muy conocida dependencia de las decisiones del gobierno sirio. La línea acordada a 48 horas del atentado entre los gobiernos de Israel y la Argentina se siguió en forma minuciosa en todas las investigaciones posteriores. Hasta el día de hoy, Siria es soslayada y todas las pistas se buscan en dirección a Irán.
Grupo de familia
El interés del gobierno argentino de entonces por desviar la atención lejos de Siria es comprensible. La familia Menehem proviene de Yabrud, un pueblito de labradores a 80 kilómetros de Damasco. El tío materno de Menem, Yalel Akil, presidió la Corte Suprema de Justicia hasta su muerte y llegó a ser precandidato a la Presidencia de Siria. También los Yoma provienen de Yabrud. Menem conoció a su primera esposa, Zulema Yoma, durante un viaje a Damasco en 1964. Ella estaba allí acompañando a su padre, Amin Yoma, que no quiso morir lejos de su tierra. Cuando Zulema regresó a la Argentina para que un imán la casara con Menem, su hermana Amira permaneció con los padres en Damasco. Allí se convirtió en una decidida militante juvenil del partido Baas. Su hermana Delia estaba casada con un coronel del Ejército sirio y trabajaba en la embajada siria en Buenos Aires. Simétricamente, Naim Yoma ocupaba un cargo en la embajada argentina en Damasco.
En 1988, luego de derrotar a Antonio Cafiero en los comicios internos del justicialismo, Menem viajó una vez más a Siria, y se reunió con el presidente Hafez El Assad. Un ex funcionario que tiene los mejores motivos para saberlo dijo a este diario que Munser El Kassar, como lo pronuncian los árabes, fue uno de los anfitriones de Menem en ese viaje a Siria. En presencia de otro ex secretario de Estado añadió que la familia Yoma conservó después de la separación la bella caja de madera que contiene la ametralladora Uzi con inscripciones obsequiada entonces por El Kassar al paisano futuro presidente de la Argentina. Luego de ganar la presidencia, designó como embajador en Damasco a su hermano mayor Munir Menem. Los Menem son parientes políticos de El Kassar. Según una fuente de la colectividad árabe que conoce la genealogía de ambas familias, una prima de los Menem está casada con un primo de El Kassar. Esa prima de Menem se llama Amira Akil. Su padre, riojano, es primo hermano de Mohibe Akil, la madre del ex presidente. Amira Akil se casó en Siria con un primo hermano de El Kassar, que lleva el apellido materno del traficante, Tarbuch, y fue recomendada a la embajada argentina por el Hermano Eduardo.
Cuando Munir Menem fue destinado en Damasco la designó su secretaria privada. La firma de Munir Menem figuraba en un documento del expediente judicial que permitió obtener la ciudadanía y el pasaporte argentinos a El Kassar. Las relaciones con Siria eran manejadas desde la cancillería por un cuñado de Menem, Alfredo Karim Yoma, quien fue subsecretario de Asuntos Especiales del ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina luego de desempeñarse en la representación diplomática siria en Madrid. La densa trama de tales relaciones señala cierta indiferencia entre representar a la Argentina ante Siria o a Siria ante la Argentina.
Volquetes y llamadas
Entre las líneas que la investigación judicial no profundizó hay una que concierne en forma cercana al ex presidente. Un primo del presidente sirio El Hassad y otras dos personas fueron detenidas después del atentado en un edificio de departamentos de la calle Cochabamba. En ese mismo edificio estaba el departamento que durante sus años de gobernador de La Rioja utilizaba Carlos Menem en sus frecuentes visitas a Buenos Aires y en el que se reunía con Alfredo Yabrán. Los tres fueron liberados luego de una reunión de Menem con el juez Galeano. Tampoco se investigó a fondo a la compañía Santa Rita, que depositó un volquete en la puerta de la AMIA minutos antes del atentado. El chofer declaró que el volquete había sido pedido y recibido por el arquitecto Andrés Malamud, quien dirigía las obras de refacción del edificio. Pero la firma en el remito era falsa.
La empresa Santa Rita es propiedad de Nassib Haddad, quien también se ocupa de demoliciones con explosivos. Haddad compró la cantidad de amonal necesaria para el atentado. El ministerio de Defensa informó que Santa Rita había comenzado las compras regulares de explosivos en marzo de 1994, justificadas por su intervención en la represa Casa de Piedra. Pero se acreditó que en octubre de 1993, Haddad había comprado explosivos a la firma Delbene y Serris S.A. Fábrica Argentina de Explosivos de Olavarría. La información incompleta fue entregada al juzgado por el coronel (R) Carlos Jorge Franke, quien no es cualquier coronel: estuvo procesado en la causa por la venta de armas a los musulmanes de Bosnia hasta su desprocesamiento por la sala de la Cámara que integraba la jueza menemista Luisa Riva Aramayo, de activa intervención paralela en la causa. El mismo día del atentado, la empresa de Haddad debía entregar otro volquete en un baldío con una casilla precaria de Constitución, propiedad del empresario textil y amigo de Memen, Alberto Kanoore Edul. También está probado que tanto el chofer del volquete como Edul se comunicaron con Carlos Telleldín, por teléfono o a través de mensajes.
Sin secreto
En los nueve meses transcurridos desde el levantamiento del Secreto de Estado sólo se profundizó en el contenido de una décima parte de la información inventariada. La Unidad Especial de Investigación del atentado formó diversas Unidades de Relevación de Información para buscar y analizar el material existente en los archivos de Secretaría de Inteligencia, de la Policía Federal, la Cancillería y la Dirección de Migraciones. Pese a las diferencias entre ellos, han participado en la búsqueda los distintos organismos comunitarios y de víctimas (DAIA, AMIA, Familiares, Memoria Activa, Apemia, Familiares de víctimas del atentado a la Embajada) y de los organismos judiciales que deberían estar interesados en la investigación. Sólo ha concurrido un funcionario de la Corte Suprema de Justicia y, una sola vez, personal de la fiscalía del ahora renunciante Eamon Mullen. Ningún funcionario del juzgado de Canicoba Corral se interesó por ese material. La UEI ya informatizó el contenido de once millones de fichas de control migratorio, que contienen datos sobre ingresos y egresos de personas sospechadas. Diseñó también un Plan de Procesamiento Documental para facilitar el acceso a esa información, que incluye la creación de una base de datos digital que, créase o no, recién se diseñó diez años después del atentado. Además del cable enviado por el embajador Otegui anunciando el viaje del embajador Schmorak, la UIE ha encontrado otros documentos de interés para la investigación:
u Un cable enviado a la SIDE un mes y medio antes de la voladura de la AMIA, que daba cuenta de la amenaza de un ataque en Argentina formulada por un líder de Hezbollah.
u Un archivo que documenta parte del trabajo del entonces Departamento de Protección al Orden Constitucional de la Policía Federal, que intervino después del atentado a la AMIA y que contendría material también útil para la investigación del atentado contra la sede de la embajada de Israel.
u Varios informes reservados sobre las tareas del personal de inteligencia policial durante los primeros días de la investigación.
u Información sobre el pago de 250.000 dólares a miembros de la Policía Federal para que en el primer allanamiento a las oficinas de Alejandro Monjo sólo se secuestrase la factura de venta a Telleldín de la Trafic utilizada en el atentado.
Pobre balance
El juicio oral no ha servido para identificar a los culpables. Apenas dejó en evidencia la obstrucción política con complicidad judicial, los patrones de acción ilegal de las diversas policías y la ineptitud de los mecanismos institucionales para conducirlas y controlarlas. Igual que la policía también la Secretaría de Inteligencia del Estado destruyó pruebas, malversó fondos y ocultó actividades al poder político del que depende. En ambos casos, se trata de fallas estructurales que exceden la actuación de funcionarios aislados. La investigación criminal más importante de la Justicia argentina ha sido incapaz de arribar a resultados concretos sobre las responsabilidades materiales e intelectuales del atentado, y adolece de todo tipo de nulidades. Muchos testigos presenciales declararon por primera vez frente al tribunal oral a pedido de las partes y no habían sido citados durante la investigación.
El juicio oral ha servido además para ahondar en líneas de investigación no agotadas y explorar otras ni siquiera consideradas con anterioridad. El activismo del tribunal oral es elogiable pero responde a un déficit previo. En un proceso acusatorio en el que la instrucción aporta pruebas sólidas, el juicio oral debe ser utilizado para probar los hechos según la hipótesis de la acusación y de la defensa, y no para que el tribunal los investigue. El tribunal oral deberá decidir ahora en qué medida el comportamiento irregular del juez, los fiscales y las fuerzas de seguridad pudo viciar de nulidad las principales pruebas de la acusación. El apartamiento del juez Galeano y de los fiscales Mullen y José Barbaccia son pasos importantes para recuperar la esperanza de justicia. Sólo una investigación seria de la responsabilidad del magistrado y los demás funcionarios judiciales involucrados, y de las diversas instancias del Poder Ejecutivo que intervinieron en el expediente, podrá reparar en parte la frustración de la expectativa de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre lo sucedido y obtener justicia. Sin embargo, la frustración de la expectativa social sobre el papel de la magistratura en esta causa, demanda algo más del Estado: una reforma profunda de la administración de justicia, y de la justicia penal federal en particular.