El ex comisario Cayetano Greco, que comandaba la comisaría 24ª cuando fue ocupada por piqueteros que protestaban por el asesinato del dirigente Martín Cisneros, le pidió al juez Jorge Urso que citara a declarar al ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Greco es por ahora el único imputado en el expediente y la semana pasada denunció que el Gobierno no lo dejó actuar para desalojar la manifestación de la dependencia. Beliz lo cuestionó y dijo que hace rato se lo investiga por posibles irregularidades o delitos de los tiempos en que era jefe policial.
A pesar de que en los tribunales casi todo el mundo está de vacaciones, Urso se quedó trabajando. Hoy se vence el plazo para que el Gobierno le envíe un listado de números de teléfonos de varios de sus funcionarios, entre ellos el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, su segundo José María Campagnoli y también Beliz, para poder hacer un entrecruzamiento de los llamados telefónicos que hubo en la madrugada del 26 de junio, por el crimen de Cisneros y la ocupación de la comisaría 24ª, liderada por Luis D’Elía, líder de la Federación Tierra y Vivienda.
El juez Urso quiere aplicar el sistema “excalibur”, para discernir quién dice la verdad: la jueza María Angélica Crotto sostiene que dio órdenes a la policía de sacar a los manifestantes pero no le hicieron caso, mientras que el comisario Greco, en una declaración espontánea, señaló que funcionarios que estaban en el lugar le impidieron hacerlo. Aludía, en especial, a Campagnoli. En el Gobierno, aseguraron que jamás tuvieron noticia de Crotto y que por eso intervino el juez federal Norberto Oyarbide. Defendieron la política de no reprimir y negociar pacíficamente. A raíz de la presentación que hizo Greco –de manera preventiva, ya que puede verse complicado–, Beliz salió a desacreditar su versión y recordó que se lo venía investigando cuando todavía estaba a cargo de la seccional de La Boca y que esa pesquisa sigue en pie. Los abogados de Greco, Marcelo Rocchetti y Juan Cerolini, hicieron una presentación ayer pidiéndole a Urso que citara al ministro a declarar para que explique “en qué ámbito está siendo investigado (el policía desplazado), desde cuándo y por qué motivo”. Todo eso, aclararon, “sin perjuicio de otro interrogatorio que tal vez su señoría tenga previsto”.
Urso busca determinar si funcionarios del Gobierno, judiciales o policiales cometieron alguna irregularidad en el manejo de la situación durante la toma de la comisaría. Por otro lado, Oyarbide investiga si hubo delitos durante la protesta en sí y, aunque también estará trabajando durante la feria, no tiene previsto tomar muchas medidas. Incluso le pidió a Urso conocer su expediente para ver si –como sugirió la Cámara Federal- existe conexidad con el suyo y si deberían terminar unificados.