El macrismo dio marcha atrás en dos de los puntos más polémicos de su propuesta para reformar el Código Contravencional: no impulsará la baja de edad de punibilidad a 16 años y tampoco que se impongan penas de prisión a los reincidentes, tras un acuerdo con los bloques ibarristas y kirchneristas. El acuerdo se difundió tres días después de los incidentes frente a la Legislatura, pero fue sellado horas antes de que se desatara la violencia contra el histórico edificio. Lo que resulta llamativo es que no se haya dado a conocer el mismo viernes para descomprimir la manifestación. Con esta novedad como telón de fondo, el líder de Compromiso para el Cambio, Mauricio Macri, se mandó un blooper: en conferencia de prensa anunció que propiciará una consulta popular no vinculante sobre los puntos más candentes del proyecto (prostitución, venta ambulante, corte de calles, entre otros), sin darse cuenta de que la misma Constitución de la Ciudad se lo impide: el artículo 66 establece que no pueden someterse a una consulta de esa naturaleza las leyes que requieran de una mayoría especial para ser aprobadas como es el caso del Código Contravencional, que exige 31 votos para cada artículo.
El sector menos duro del macrismo, conocido como “Festilindo” y liderado por Gabriela Michetti, acordó el jueves con ibarristas y kirchneristas que mantendrían en 18 años la edad de punibilidad, al menos por ahora, para favorecer un consenso en la votación en particular del Código Contravencional. También aceptó morigerar la posición con relación a la reincidencia, eliminando la posibilidad del arresto en caso de tres infracciones en dos años. La nueva versión otorga al magistrado la posibilidad de agravar la pena en un tercio en caso de que se atente contra el mismo bien jurídico. En su versión original, el macrismo quería mandar a prisión a quien cometiera tres infracciones independientemente de que se tratara de la misma falta o no. El acuerdo consiste en aprobar en una primera etapa los primeros 50 artículos del proyecto –entre ellos esos dos puntos–, que se refieren al sistema de garantías, y patear para agosto al resto, es decir, los que generan más controversia como son los vinculados a la prostitución, al corte de calles para manifestaciones y la venta ambulante. En este último punto, no obstante, hay un principio de acuerdo de no penalizar la venta ambulante de baratijas y sí la organizada a gran escala.
Es curioso que ningún diputado haya dado a conocer este acuerdo el viernes, antes de que comenzara la manifestación para impedir que se realizara la sesión.
El sector más duro del macrismo, liderado por Jorge Enríquez y entre los que se encuentra el vicepresidente primero del cuerpo, Santiago de Estrada (sobre quien recaía la responsabilidad de vallar la zona), no están convencidos de dar marcha atrás en la baja de la edad de punibilidad y en la modificación de la reincidencia. Si a ese sector le habría favorecido que no se sesionara por la violencia, para evitar la votación, lo cierto es que ningún otro diputado (ni ibarrista ni kirchnerista) dio cuenta del consenso alcanzado.
Más allá de ser inviable, la propuesta de Macri de llamar a una consulta popular no vinculante sobre los temas más calientes del Código cayó mal entre los diputados de su propio partido, sobre todo porque incluye una pregunta sobre la reincidencia, ya acordada. “Es una decisión que no consultó en el bloque”, se quejó un legislador ante Página/12. Mientras, en el gobierno porteño se reían de la metida de pata de Macri y celebraban su anuncio porque –decían– cambiará por algunas horas el eje de la noticia.
Con su propuesta, Macri pretende que los vecinos digan si están de acuerdo, entre otros puntos, con que la ciudad tenga su propia policía y que la prostitución se ejerza en la vía pública o en lugares cerrados. Otra pregunta que les quiere hacer a los porteños es la siguiente: “¿Está de acuerdo con que se garantice el ejercicio del derecho a la propuesta no violenta, garantizando la libertad de tránsito y de trabajo de todos los ciudadanos?”
Para hoy a las 14 está convocada una reunión de presidentes de bloques para resolver cuándo se hará la postergada sesión. De acuerdo con un sondeo de Página/12, los macristas más duros serían los únicos partidarios de postergar el debate. “No puede haber sesión si el Gobierno no garantiza seguridad”, dijo De Estrada.