La causa por los disturbios en la Legislatura continuaba anoche en manos del juzgado de instrucción ordinario de Silvia Ramond, aunque en los próximos días podría pasar a la Justicia federal. Los 16 detenidos por los disturbios están imputados por coacción agravada e incitación pública a la violencia contra las instituciones, un delito de competencia federal. Según los voceros del juzgado consultados por Página/12, la jueza de origen tendrá la causa en sus manos al menos durante las primeras horas de la mañana. Los abogados defensores de los detenidos aseguran que las imputaciones están en línea con las formas de criminalización de la protesta.
“Los 16 detenidos se suman a los cerca de 4 mil que en este momento están en las cárceles por manifestarse”, dijo ayer Graciela Rosemblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que sigue de cerca la situación de los presos. Entre ellos hay dos meretrices, una travesti y por lo menos media docena de vendedores ambulantes. Sus abogados defensores criticaron ayer la actuación judicial porque aún, dijeron, no pudieron tener acceso al expediente. La Correpi, el Partido Obrero, la Liga, sectores disidentes del sindicato de vendedores ambulantes y miembros del MST son algunas de las organizaciones que se ocupan de la situación de los presos. “A ninguno se le permitió asistir a las indagatorias ni acceder al expediente”, explicó Rosemblum.
Tal como lo anticipó Página/12 en su edición de ayer, el juzgado de Ramond dispuso la libertad de Daniel Cifuentes, imputado por atentado y resistencia a la autoridad. La jueza lo excarceló bajo caución juratoria (bajo palabra).