Con el argumento remanido que suele utilizar sobre la “cosa juzgada” y “la vigencia” de las leyes de impunidad anuladas por el Congreso, el represor Jorge Rafael Videla se negó a declarar ante el juez federal Jorge Urso, en la causa que investiga los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Tal como estaba previsto, Videla decidió guardar silencio en la investigación sobre la desaparición de personas bajo el aparato represivo que coordinaron las dictaduras del Cono Sur durante la década del ’70. De este modo, el genocida que comandó la primera Junta Militar tras el golpe de 1976, actuó en sintonía con las estrategias de otros acusados por asociación ilícita en esta causa, como Domingo Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez.
El represor de 75 años, que guarda prisión domiciliaria por el robo de bebés durante la dictadura, fue trasladado temprano desde su departamento en el barrio de Belgrano hacia los tribunales federales de Comodoro Py. Según explicó al salir de la audiencia su abogado, Héctor Tavares, Videla se amparó en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que fueron anuladas el año pasado, y “en la (supuesta) prescripción” de los crímenes que se le imputan. La defensa del dictador había presentado días atrás un escrito ante el juez Urso, en el que esgrimía estos argumentos, por lo que la actitud de ayer no causó sorpresas. En esta causa, el magistrado ya ordenó la detención de más de 30 altos jefes de la dictadura.