La Justicia federal, a la que el Gobierno busca recortarle poder, concentra más de una decena de causas contra funcionarios de la Casa Rosada. La mayoría se originó en los últimos meses y está en plena investigación. Entre los personajes denunciados aparecen el propio Néstor Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero también hay un grupo con gran presencia en los expedientes que incluye a hombres que se están yendo, como el ex secretario de Seguridad Norberto Quantín y su segundo José María Campagnoli, y el ex ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Cerca del Presidente ven en este escenario una provocación de parte de los jueces. En Tribunales admiten cierto enojo por el proyecto oficial de unificación del fuero penal y por la “falta de diálogo” con el poder político, pero acotan: “Siempre se judicializó la política”.
Los jueces federales son los que investigan a los funcionarios públicos, llevan las causas de derechos humanos y las de drogas. El fuero fue creado durante el menemismo y luego se fue acomodando a cada nueva gestión. Pero nunca fue del todo buena la relación de estos magistrados, sobre todo de los más viejos, con el gobierno de Kirchner. Al principio se quejaban por no contar con interlocutores en el oficialismo y enfurecieron cuando Beliz los trató de corruptos al anunciar el proyecto para fusionarlos con el resto de la Justicia penal porteña con el fin de licuar su poder. Muchos jueces ya arrastraban diferencias de años con ese ministro.
Hasta el viernes, con Beliz y Quantín aún en funciones, el panorama de expedientes adversos para el Ejecutivo era bastante nutrido. Ese mismo día, por ejemplo, el juez Claudio Bonadío había citado a declarar al titular de la AMIA, Abraham Kaul. Era para ver si seguía sosteniendo que Kirchner le había informado del hallazgo de 45 casetes con escuchas (de la causa AMIA) desaparecidos hace casi diez años, algo que el Presidente desmintió con posterioridad. Si hubo un traspié del Gobierno, Su Señoría logró ponerlo en primer plano. Mientras Kaul ratificaba todo, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, reconocía que Kirchner “se pudo equivocar”.
Bonadío goza de poca o nula simpatía oficial, no sólo por su historia menemista sino especialmente desde que el año pasado llevó a prisión a Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, una medida que luego le valió una denuncia de la Cámara Federal. También irritó al círculo presidencial que este juez citara a indagatoria al titular de Trabajo, Carlos Tomada, por falsa denuncia a raíz de un bloqueo por parte de desocupados al edificio del ministerio. Ahora tiene falta de mérito.
Al juez Jorge Urso, que llevó a la cárcel a Menem por la venta ilegal de armas, le tocaron unas cuantas denuncias contra funcionarios:
- Investiga si hubo hombres del Gobierno, la Justicia y/o la policía que cometieron irregularidades en el manejo de la ocupación de la comisaría 24ª que siguió al asesinato del piquetero Martín Cisneros. Algunos colaboradores le escucharon decir que podría indagar a Campagnoli, a Quantín, al secretario de Provincias, Rafael Follonier, al jefe de asesores de Justicia, Francisco Meritello, al ex titular de la seccional, Cayetano Greco, y también a Beliz. Parece, además, que Urso no descarta usar alguna figura no excarcelable: si evalúa que en la manifestación hubo coacción agravada, los funcionarios podrían ser considerados cómplices. En el Gobierno creen absurdo que frenar la represión e impedir una matanza sea considerado delito. La toma en sí es analizada por el juez Norberto Oyarbide, que le apunta al piquetero kirchnerista y líder de la Federación Tierra y Vivienda, Luis D’Elía.
- En otro expediente, el juez Urso dio crédito a una denuncia de Adolfo Casabal Elía, ex abogado del represor Miguel Etchecolatz, que reclamaba la represión de la protesta social y pedía en esa línea que el Gobierno proteja el orden público. Con medidas sugeridas por los fiscales LuisComparatore y Patricio Evers, el juez pidió informes a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y a la Policía para que dijeran qué ordenes reciben para actuar ante las manifestaciones.
- Otro paquete de causas afectan a Julio De Vido. En una de ellas fue denunciado por sobreprecios en la compra de 13 locomotoras. La pesquisa analiza pagos de unos 3 millones de dólares extras por cada máquina y también comprende al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, al de Transportes Ferroviarios, Julio Montaña, y al empresario Sergio Taselli (como principal accionista de Transportes Integrados Metropolitanos). El Gobierno niega todo, pero el expediente sigue porque los balances mostrarían el sobrepago. Lo mismo ocurre con otro en el que De Vido aparece cuestionado por la supuesta contratación directa de la empresa Techint para la construcción del gasoducto del Noroeste. Una investigación aparte lo involucraría, con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el posible incumplimiento de asignaciones presupuestarias.
- Y, como si fuera poco, a Urso y al fiscal Federico Delgado les tocó también analizar si la decisión de Kirchner, cuando gobernaba Santa Cruz, de girar al exterior 500 millones de dólares implica algún delito por tratarse de fondos públicos.
El juez Juan José Galeano, apartado de la causa AMIA y candidato a ser destituido por el Consejo de la Magistratura, tiene desde hace un mes un expediente por enriquecimiento ilícito contra Kirchner y su esposa. La presentación judicial, como muchas de las demás que apuntan contra el Ejecutivo, la hizo el abogado Juan Carlos Iglesias, a quien en Tribunales señalan como “denunciante profesional” y vinculan con el radicalismo. La denuncia sobre el patrimonio del matrimonio presidencial hablaba de grandes propiedades en Buenos Aires y El Calafate, de un plazo fijo de más de 4 millones de dólares y de ocho por 1,5 millón.
Entre las fojas que complican al staff de Justicia, el fiscal Carlos Stornelli impulsa una pesquisa contra Campagnoli por una posible dádiva que habría recibido cuando era fiscal: el ex comisario Roberto Rosa le habría regalado un rifle cuando estaba por investigarlo. Rosa fue jefe de la División Seguridad Personal de la Federal y apareció vinculado con la trama de protección de prostíbulos que llevó a años atrás a juicio político a Oyarbide, finalmente absuelto. Oyarbide, en estos días, también tiene un expediente contra Beliz, donde podría responsabilizarlo por ocultar información vinculada con la banda que secuestró y mató a Axel Blumberg.
Ahora que se fue Beliz, quien motivó rabietas de los jueces federales, habrá que ver qué pasa con los inquietantes expedientes en danza. Nadie sabe si, por ejemplo, la llegada de un nuevo ministro más abierto al diálogo podría cambiar algo. El ex ministro de Justicia, por su parte, el viernes repartió acusaciones que incluyeron a los jueces. Adjudicó a “sectores mafiosos en la Policía, en los servicios de inteligencia y en el Poder Judicial” la intención de “buscar mi desplazamiento”.
En el edificio de los tribunales de Retiro, Página/12 recogió algunos comentarios. “Acá nadie cree realmente que se concreten las reformas impulsadas por Beliz. Si hay causas en trámite, es porque este gobierno abre muchos frentes y genera susceptibilidades”, dijo un secretario de juzgado. Un allegado a la Cámara Federal agregó: “Nunca tuvimos tanta agresividad por parte de un ministerio de Justicia, desde el comienzo el diálogo fue inexistente”. Un fiscal dio otra vuelta: “Las denuncias que entran no son, en general, por corrupción al estilo menemista, son por metidas de pata políticas”. Y un juez remató: “Puede ser que estemos enojados, pero las causas no nacen de la nada, no se inventan”. “De todos modos –coincidió con otros colegas– siempre se judicializó la política.”