Después de casi tres años de escuchar testimonios y alegatos, ordenar nuevas pericias y estudiar la evidencia, el tribunal oral que juzga a los policías acusados de participar en el ataque a la AMIA dará a conocer su veredicto el próximo 17 o 18 de agosto. Esa es la fecha que tienen prevista los magistrados Guillermo Gordo, Miguel Pons y Gerardo Larrambebere para anunciar si consideran que los procesados son culpables o inocentes pero habrá que esperar otros cuarenta días hábiles para saber los fundamentos de la decisión.
El tribunal oral debe expedirse sobre la situación del reducidor de autos Carlos Telleldín y los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro. La querella unificada de Familiares de las Víctimas a la mutual, AMIA y DAIA solicitó que los tres primeros sean condenados a reclusión perpetua y una pena de veinte años para Bareiro. Memoria Activa, en cambio, sólo reclamó perpetua para Telleldín pero no acusó a los ex policías ya que consideró que fueron parte de las maniobras del juez Juan José Galeano durante la instrucción del caso.
El rumor más extendido sobre el contenido del fallo indica que el resultado del juicio oral se acercaría al alegato de Memoria Activa. Pero aunque los ex policías sean absueltos de haber participado en el atentado a la mutual judía, es seguro que serán condenados por una serie de extorsiones y delitos comunes que fueron ventilados durante el juicio.
Es prácticamente un hecho que la decisión de Gordo, Pons y Larrambebere implicará a la vez una serie de denuncias contra Galeano, los fiscales del caso y varios funcionarios menemistas que estuvieron a cargo del área de inteligencia y de las fuerzas de seguridad. Todos ellos están cuestionados por distintas irregularidades que se produjeron durante la investigación. El hecho emblemático es el pago de 400 mil dólares a Telleldín para que acusara a los ex policías.
Para conocer los detalles de estas acusaciones habrá que esperar cuarenta días hábiles más, cuando se anunciarán los fundamentos en un escrito que sumará más de mil fojas. Pero es probable que ya el 17 o 18 de agosto los jueces indiquen que deben extraerse testimonios para investigar las conductas de funcionarios judiciales y políticos. Esa medida equivale a abrir una causa judicial contra los involucrados. Parte de esas nuevas investigaciones irían al juzgado de Claudio Bonadío, quien ya tiene a su cargo el expediente por las irregularidades en la pesquisa del ataque a la mutual judía. Por esa causa es que interrogó el viernes al presidente de la AMIA, Abraham Kaul, sobre el hallazgo fallido de 45 casetes con escuchas vinculadas al caso. Además, el atentado a la mutual seguirá siendo investigado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que se hizo cargo de la causa en diciembre del año pasado luego de que la Cámara Federal apartara a Galeano.
Canicoba Corral tiene que llevar adelante la pesquisa sobre la “conexión internacional”, aspecto en el que aún no se profundizó en el plano judicial. Está acordado que el expediente quedará delegado en una fiscalía que probablemente estará a cargo de Alberto Nisman, uno de los fiscales que no fue apartado del caso. En el Gobierno están trabajando en el tema una Unidad AMIA que se armó en el Ministerio de Justicia y que coordina a especialistas de la SIDE, la Gendarmería y la Policía Federal. Además, un equipo de investigadores oficiales y familiares de las víctimas del ataque están revisando la documentación secreta sobre el atentado proveniente de la SIDE y la Policía Federal. Por ahora, tal como se consignó en este diario el domingo pasado, el caso está muy lejos del esclarecimiento: no hay pruebas contundentes sobre dónde se armó la camioneta que se usó en el ataque, si hubo o no suicida, quién y cómo entró al país y cómo fueron los apoyos al atentado.