Por Shimon Samuels *

En un encuentro en París en julio de 2003, durante su primera gira europea, el presidente Néstor Kirchner me confió su compromiso con la absoluta transparencia y la desclasificación de toda la información acerca de la llegada de los nazis a la Argentina durante la posguerra, los crímenes de la dictadura militar y las investigaciones acerca de los atentados contra la embajada de Israel y contra la AMIA. Una semana más tarde, al cumplirse el noveno aniversario del atentado que provocó 85 muertos y centenares de heridos y que aún permanece irresuelto, el presidente Kirchner manifestó a una delegación internacional del Centro Wiesenthal que “el ataque contra la AMIA fue nuestro 11 de septiembre”.
Al cumplirse ahora 10 años de ese atentado, presentamos ante la Cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú una iniciativa sobre el terrorismo suicida. Recordemos que a poco de producirse el ataque contra la embajada el entonces primer ministro Yitzhak Rabin calificó la Triple Frontera como “el enclave de Hezbolla en América latina”.
En 1993, siguiendo la pista de Alois Brunner (el criminal nazi responsable por la deportación de los judíos de Austria, Eslovaquia, Francia y Grecia), que unía Damasco con Ciudad del Este (en el lado paraguayo de la Triple Frontera), pude observar la enorme concentración de mezquitas y escuelas coránicas. El área ya era notoria como una zona liberada para el tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, o de industrias menos sofisticadas como la piratería de software, música y films.
Esta región sin ley hospedó hace pocos días a ocho presidentes y ministros de Relaciones Exteriores, brindando una oportunidad única para llevar adelante una acción enérgica contra quienes desde allí promueven el terror y para sumar a Latinoamérica a la campaña mundial que está llevando adelante nuestro Centro para que el terrorismo suicida sea considerado un crimen contra la humanidad. Esta iniciativa fue lanzada en diciembre de 2003 ante Su Santidad el papa Juan Pablo II y presentada ante los cancilleres de Canadá, España, Francia, la República Checa, Turquía y ante el Parlamento Europeo.
La investigación aún inconclusa del atentado contra la AMIA parece indicar que en ese ataque participó un suicida. Ali Khalil Mehri, un libanés de 33 años que, de acuerdo a la inteligencia británica, realizó importantes transferencias a Hezbolla en el Líbano y a la agrupación Al Shahid (un fondo de Hamas destinado a dar apoyo a las familias de los suicidas), está sospechado de posibles vínculos con el ataque. Khalil Mehri posee varios comercios en Ciudad del Este, y buena parte de sus ganancias (que se cuentan por millones) fue destinada al establecimiento de una célula de Hezbolla en Brasil (Al Muqawama). Mehri tuvo que huir de la región y ha reaparecido recientemente en Damasco. Durante la Cumbre del Mercosur solicitamos al canciller argentino Rafael Bielsa y a sus colega de Paraguay Leila Rashid Cowles, que pidan a Siria la extradición de Mehri para que se investigue si tuvo que ver con el ataque contra la AMIA.
Assad Ahmad Barakat fue descripto por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como un “financiador internacional del terrorismo” y como “el director regional latinoamericano de Hezbolla”. Aunque construyó su base en la TF, extendió sus redes hasta la zona franca de Iquique, en el norte de Chile. De regreso a Ciudad del Este, fue denunciado por rivales locales y actualmente se encuentra bajo arresto en Paraguay bajo el cargo de “evasión impositiva”. También pedimos a la Argentina que evalúe solicitar la extradición de Barakat para investigar sus posibles vínculos en el atentado contra AMIA. Paraguay, en tanto, recibió otro pedido nuestro para investigar si la mezquita Nabi Muhammad de Ciudad del Este actúa como centro de reclutamiento de Hezbolla, grupo que el imán de ese centro, Sheik Munir Fadel, describió como “una organización religiosa y política legítima”.
Los ocho cancilleres presentes en la Cumbre –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela– se manifestaron en favor de la iniciativa del Centro contra el terrorismo suicida. El canciller uruguayo, Didier Opertti Badan, agregó que sería un “antecedente muy valioso para la región” y propuso construir una base de datos con fechas, perpetradores y víctimas de este tipo de ataques. Estos compromisos, no obstante, se convertirán en mero maquillaje en tanto un enclave de Hezbolla siga gozando de falta de control en la Triple Frontera. No sólo significará que se mantiene la impunidad y la falta de respuesta a los familiares de las víctimas de la AMIA, sino que persistirá la amenaza terrorista contra las instituciones democráticas en Latinoamérica.
O bien los Estados de América latina toman medidas para contener el terrorismo de Medio Oriente, o asumen el riesgo de pagar un precio muy alto por la política de apaciguamiento. Un esfuerzo conjunto para investigar a todos los implicados en el ataque contra la AMIA constituye un test para todo el continente.

* El autor es director de Relaciones Internacionales del Centro Simon Wiesenthal.