“Es difícil garantizar el sistema democrático cuando funcionan estructuras de poder como éstas”, dice Miguel Pesce a poco de pasar del vértigo de Buenos Aires al de la siesta santiagueña. Ex secretario de Hacienda porteño, ahora conduce el Ministerio de Economía en el territorio donde los Juárez dejaron como heredero a uno de los verdaderos dueños del reino: Néstor Carlos Ick.
La obra de Ick se parece al sueño de un dios. Los santiagueños se lo encuentran cuando sintonizan Canal 7, el único canal de aire de la provincia, cuando contratan el servicio del cable TIC o modulan la frecuencia de FM Panorama. Vuelven a toparse con su imperio cuando encienden la luz de sus casas provista por Edese, su empresa de energía eléctrica o cuando recibían los impuestos a través de su correo privado. Los empleados públicos recogen los sueldos depositados en su banco, el Banco de Santiago del Estero. Y recurren a su Tarjeta Sol si necesitan un crédito. Si tienen un accidente, los cubre su compañía Hamburgo Seguros y si buscan divertirse juegan en las tragamonedas de sus socios o se encaminan hacia Casinos del Sol, atendido por sus empleados. Y si al final de sus días deciden ser enterrados en un cementerio privado, irán a golpear las puertas de Parque de la Paz, otra de las obras de su conglomerado.
Ick es un abogado santiagueño que creció bajo el aliento del modelo económico de los ’90, amparado por el Estado juarista y, lo más curioso, sin riesgo de capital ni de inversiones. Durante casi una década ejerció el control de las finanzas públicas, aún resiste y se trasformó en la sombra todopodorosa que amenaza a la intervención federal.
Desde abril, Pesce revisa los contratos y las concesiones del grupo económico liderado por Ick, como lo establecía el proyecto de intervención. “Como le sucede a cualquier gobierno que empieza –explica a Página/12–, cuando tuvimos que pagar las facturas pedimos los contratos para revisarlos y nos encontramos con numerosas contrataciones de servicios y de concesiones que estaban en manos de empresas relacionadas con el grupo Ick.” Nunca había estado en provincias parecidas, “pero de lo que yo conozco, nadie es dueño de todo, como sucede acá”.
El grupo liderado por el abogado de 67 años creció a partir del 1996 cuando obtuvo, después de la televisión estatal, la adjudicación del Banco Santiago del Estero.
–Lo que acá llama la atención –dice el ministro– es que esto comenzó con la privatización del Banco y en unos años se quedó con todo. Se queda con los seguros, se queda con el casino. Entra en el correo.
El grupo controla ahora el Banco Santiago del Estero SA, Hamburgo Compañía de Seguros SA, la empresa de distribución de energía eléctrica (Edese), Mercurio SA –administradora de la Tarjeta Sol–, los hoteles Carlos V y Coventry y el Cementerio Privado Parque de la Paz. Tiene participación en la empresa de campo Colonia Mackinlay, en el casino y en Coprisa, el correo privado santiagueño.
Hasta la crisis del ’93, el liderazgo económico en Santiago del Estero lo tenían los empresarios de la construcción. Vivían del presupuesto del Estado con mucho gasto en obra pública. “Con la crisis –explica el ministro– ese modelo se rompe: la situación de escasez fiscal impidió realizar emprendimientos sostenidos en la obra pública y allí apareció esta nueva modalidad de relación con el Estado, las prestaciones de servicios que son indispensables para su funcionamiento. Y en ese nuevo modelo de relación empresarial con el Estado, el que lo acapara con exclusividad es este grupo Ick.”
La alianza con un empresario de la construcción fue el primer vínculo entre Néstor Ick y el Estado juarista, y ese ámbito se convirtió en el trampolín de crecimiento. “Un patrón de acumulación ligado a un Estado que pasó de la patria contratista a la patria prestadora de servicios”, dice el funcionario que ha encontrado durante estos días algo así como la receta de la fórmula de engorde: “Yo puedo tener la peor crisis del sector público provincial, pero siempre voy a tener un agente financiero, siempre voy a tener que tener seguros, siempre voy a tener que repartir las cartas de rentas. Ahora, esto en vez de hacerse en una forma extremadamente prolija se hizo con desprolijidades marcadas”.
Las supuestas desprolijidades quedaron en evidencia cuando la intervención se puso a revisar los contratos y las concesiones. Según el diagnóstico del ministerio, se hicieron adjudicaciones directas en concesiones y contratos que deberían haber seguido el proceso de licitación pública. Se otorgaron prórrogas antes de los vencimientos y hasta se le dio la facultad de acceder por cuenta propia a la caja de la provincia para cobrar de forma directa las deudas de créditos contraídos por los empleados públicos. El castillo creció sin riesgos ni inversiones porque se le otorgaron exenciones impositivas y tratos favorables con ganancias aseguradas y garantizadas por los fondos de coparticipación federal o por cualquier otra fuente de ingresos de la provincia (ver aparte).
Es cierto que cada uno de sus movimientos estuvo amparado por un decreto del Ejecutivo o una ley de la Legislatura. Ese es el marco jurídico con el que Ick sostiene ahora la legalidad de sus contratos cuando intenta defenderse de la embestida de la intervención. A medida que el grupo de los porteños le corta un contrato o le ordena una reducción de costos, el empresario corre hasta el único Juzgado Federal de Santiago donde durante las últimas semanas ha encontrado un buen refugio.
El puente federal
En estricto off the record, uno de los capos de la sociología ickeana compara la estrategia con las barbaries de un zoo: “Esto es un zoológico donde vos tenés un tipo con una escopeta. Y los tipos que cuidan el zoológico son los jueces”.
En las últimas semanas, el juzgado de Angel de Jesús Toledo le concedió dos amparos que dejaron a los interventores en situación de tablas. El primero fue para la compañía Hamburgo Seguros, cuando la Intervención ordenó el cese de las prestaciones con el Estado y pidió una caución de 700 mil pesos. Toledo le permitió al empresario mantener sólo una caución juratoria, sin la garantía del efectivo real. Más tarde, hace sólo una semana, ocurrió algo semejante con Casinos del Sol. “Y siempre con el mismo modo de operar –explica el funcionario–: está de licencia el juez, y el conjuez concede la caución. Debería recurrir a la vía de la Justicia Contencioso Administrativa provincial, pero en vez de hacerlo así buscan alguna vuelta para presentarse ante la Justicia federal.” En el caso de Hamburgo, el argumento fue el origen del Banco Nación, la entidad que a partir de ahora reemplaza a la prestadora de seguros de Ick. Con los casinos, pasó lo mismo. En ese caso, establecieron como ámbito del pedido de amparo la Justicia federal porque los socios del emprendimiento del juego son de la empresa española de Codere con domicilio en la Capital.
La relación entre el empresario y el juez es parte del folklore con el que los santiagueños sazonan sus sobremesas. El juez veterano pasa sus noches en el Coventry, uno de los dos hoteles de Néstor Ick y según los rumores de la calle hasta ha resultado testigo de casamiento del hijo, el ya no tan joven Gustavo Ick denunciado en más de una ocasión por el archimediático diputado Carlos “Pololo” Anauate como quien funcionó como cajero de la Casa de Gobierno.
Por lo demás, don Angel de Jesús Toledo vive en Santiago del Estero desde la época de la última dictadura militar. Era uno de los tucumanos que encontró asilo político en la provincia que Carlos Juárez seguía monitoreando desde España, donde pasó sus últimos años de exilio. Desdeentonces, también él, fue creciendo bajo el paraguas del caudillo. Dicen que Juárez promovió sus ascensos. Y dicen además, los que saben, que su despacho fue una de las tres patas con las que el juarismo pudo sostener durante años la estructura de represión y espionaje comparada, en ocasiones, con las políticas de los dictadores de la última Junta. Ese trípode incluía a Juárez, a Toledo en el timón de la Justicia federal y al ex comisario Musa Azar en el departamento de informaciones. Según esta línea, Toledo estaba allí para frenar las embestidas contra Musa Azar de los organismos de derechos humanos o de los pocos ex detenidos políticos que se animaban a hablar. Con Musa Azar en el escenario, Juárez se garantizaba la imagen del terror, necesaria para enmudecer y manejar a Santiago.
En el momento de la caída del régimen, Toledo quedó ileso. Si la tesis es cierta, es la única de las tres piezas del esquema de dominación juarista que se abrió y sobrevivió. Cuando estaba a punto de jubilarse, presionado por los pedidos de juicio político dormidos en el Congreso nacional, se embarcó a regañadientes en el proceso emprendido por el gobierno de Néstor Kirchner para judicializar la expulsión del caudillo. Firmó y ordenó la detención de Carlos Juárez por violación a los derechos humanos y de su mujer, enrolada en las denuncias por estafa al fisco en la causa Anses y en los saqueos a la casa del diputado opositor José “Pepe” Figueroa en julio de 2002. Procesó a Musa Azar por las causas por los desaparecidos políticos. Cumplió. Y por entonces, sabía que estaba jugando con fuego: “Yo también soy consciente de que todo esto se puede ir a la mismísima mierda, y me lleva puesto también a mí”, les decía a sus amigos.
El viernes 16 pudo enterarse de que no estaba tan equivocado. Pablo Lanusse, el enviado del gobierno nacional como jefe de la intervención, se lo advirtió a través del diario El Liberal: “No vamos a permitir que se utilice a la Justicia federal como un mecanismo que garantice la impunidad que existió en Santiago”. Ellos esperando que se jubile, pero Toledo aún tiene trabajo pendiente.