El ex ministro de Justicia Gustavo Beliz dio por televisión el portazo que no pegó antes porque el presidente Néstor Kirchner lo echó sin darle oportunidad de respuesta. “A mí me han echado, y me han echado por teléfono, y me echaron por nombrar la palabra maldita de la política argentina, que es la palabra SIDE”, dijo Beliz ante Mariano Grondona, y anunció que “desde hoy empiezo a buscar trabajo”.
Beliz dijo que no hablaría más de política.
“Dejo la política, estoy desilusionado”, confesó en su aparición pública de anoche, en la que cargó contra la SIDE y también con el manejo interno del Presidente.
Ante la consulta de Página/12, funcionarios del Gobierno declinaron responder anoche mismo a las acusaciones del ex ministro.
“En el ámbito de la SIDE se ocultan las cuestiones más irregulares que tienen que ver con el transcurso de toda la democracia”, dijo Beliz.
Definió a la SIDE como “una cara que es enormemente negativa, que tiene costados de total falta de control y que representa una irregularidad muy fuerte”.
Recordó que maneja un presupuesto de 200 millones de pesos y que por el secreto los patrimonios personales no pueden ser revisados.
“No tienen identidad, ni declaraciones juradas de bienes”, dijo.
Cuando en el programa repusieron que Beliz había estado más de un año en el Gobierno, contestó:
–Yo planteé todo esto cuando lanzamos el plan de seguridad. Lo quería seguir peleando, pero mi desplazamiento demuestra que se me sanciona por decir la verdad.
Como ejemplo dio la demora en la votación de una ley para crear la Agencia Federal de Investigaciones.
En realidad la propuesta era doble. Por un lado, un FBI con pocos agentes y por otro lo que el Ministerio de Justicia y Seguridad definió como “fuerza de paz”.
El entonces secretario de Seguridad, Norberto Quantín, anunció en ese momento que la fuerza debía llegar a los 18 mil hombres en un futuro cercano. Su equipo barajó nombres de oficiales que terminaron desplazados por violaciones a los derechos humanos, contactos con el sector más vidrioso de la Policía Federal o imposibilidad de demostrar la legitimidad de su patrimonio.
Se trataba de un proyecto para crear una superfuerza militarizada al estilo de los carabineros chilenos o la Guardia Civil de los tiempos del dictador Francisco Franco. Hasta que estuviese creada, ese papel lo cumpliría la Gendarmería, la fuerza federal preferida por la gestión Beliz en detrimento de policías y prefectos. El ex ministro mantuvo a la cúpula aunque tenía documentación de que toleró negocios irregulares como el polígono de tiro junto al Edificio Centinela, y solo actuó cuando el propio Beliz recibió una denuncia anónima y, después de comprobarla, pidió a la Gendarmería que reaccionara. Aun así, el ministro permitió que la conducción de los gendarmes esperase la inauguración del polígono.
Beliz y Quantín también protegieron a la cúpula de Gendarmería ante la denuncia de un oficial castigado, Pablo Silveyra, según la cual había sido separado de la fuerza por denunciar la corrupción que supuso vender un cargamento de cigarrillos que había sido incautado por contrabando.
El ministro recibió la queja privada de Silveyra, transmitida a un colaborador suyo que mostró vocación por atender al castigado, pero optó por esperar pruebas de la Justicia. En un principio hizo lo mismo con dos altos oficiales que figuraban en los registros del Nunca Más, y solo los desplazó cuando su permanencia se hizo intolerable.
Durante su gestión en la parte de seguridad, el Ministerio no desmontó el opaco negocio de los adicionales de las fuerzas de seguridad.
“La SIDE es una policía secreta sin control”, dijo anoche también Beliz. Puso como primera figura a Jaime Stiuzo y mostró su foto en cámara. “Teníaque esconderse de la comunidad judía porque lo responsabilizaban por los defectos en la investigación”, dijo. “El control político de la SIDE no lo tiene Héctor Icazuriaga sino el subsecretario Francisco Larcher, que es el que tiene la relación con este hombre, Stiuzo”, añadió.
“A mí me montaron una especie de ministerio paralelo”, denunció.
Según Beliz, en el 2003 se traspasaron 100 millones de pesos del presupuesto a la Secretaría de Inteligencia. El ex ministro dijo que había hecho una denuncia penal en la Oficina Anticorrupción con ese tema.
Aunque durante parte del programa se cuidó de no personalizar en los funcionarios, Beliz terminó cargando contra el propio Kirchner. “Con el presidente también es muy complicado dialogar”, dijo. “A veces somete a la humillación a los colaboradores. Casi es una lógica del terror. Es una idea brutal del ejercicio del poder y genera espacios de silencio en los que uno no sabe cómo moverse.”
Según dijeron funcionarios del Gobierno antes de las declaraciones de anoche, cuando partió a Venezuela el jueves último Kirchner tenía la decisión de mantener a Beliz y solo sacar a Quantín. También había ordenado el relevo de Héctor Eduardo Prados, el jefe de la Policía Federal que consideró una cuestión de honor corporativo que los policías portasen armas letales en la tercera línea de contención de las manifestaciones.
La decisión de relevar a Beliz la tomó Kirchner después de las declaraciones radiales del todavía ministro criticando a la SIDE, mencionando que manejaba “un presupuesto de varios millones”, y separándose de la designación del nuevo jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, a quien no había cuestionado cuando quedó designado como número dos de Prados tras la última purga de principios de mayo. En esa purga la iniciativa no la tomaron Beliz ni Quantín sino el propio Presidente, irritado con el contacto del comisario Jorge Palacios y el reducidor de autos Jorge Sagorsky, implicado en el caso Blumberg, y la presencia en la cúpula de la Federal de comisarios que habían participado en la represión en Plaza de Mayo del 20 de diciembre del 2001.
“Yo fui intendente, gobernador y ahora soy Presidente, no nací ayer en la política, y no podía permitir que desafiaran mi autoridad”, dijo Kir- chner a uno de sus colaboradores, que lo relató a Página/12 con pedido de reserva de identidad.
“Este chico no aprende más, siempre es la misma historia”, fue otra de sus frases en la intimidad. El colaborador que la contó le puso el contexto de otras críticas públicas de Beliz. La diferencia es que las anteriores, como la definición del gobierno de Carlos Menem como “un nido de víboras” y la de su aliado Domingo Cavallo como “un bulímico del poder”, las hizo tras la ruptura y no antes. Esta vez, en cambio, primero fue lo que Kirchner consideró un desafío y luego, anoche, la crítica personal a quien fue su jefe hasta el sábado a las 22.15.
En el programa, Beliz insistió en que la SIDE no le había dado la información correspondiente. Este diario publicó ayer que funcionarios del Gobierno aseguran que hubo un informe sobre posibles escenarios de conflictividad el día que terminaría con el ataque a la Legislatura. De todos modos, el ex ministro pareció elegir el ataque como arma de defensa. Su objetivo se pareció mucho a instalar un tema distinto para despegarse de la reacción social ante la inacción del Estado el día de la discusión del Código de Convivencia.
Una encuesta de Ibope, la consultora que dirige Enrique Zuleta, revela que un 47,9 por ciento de los consultados coincidió con esta fórmula: “La agresión contra la Legislatura de la ciudad es un hecho político que revela la presencia de grupos antidemocráticos, que aprovechan toda oportunidad para llevar adelante sus propios objetivos”. El 65,8 por ciento dijo otorgarle “mucha gravedad”.
Cuando Zuleta encuestó sobre el grado de responsabilidad, obtuvo estas respuestas:
- El 69,4 por ciento confirió a Beliz “mucha responsabilidad” y el 18,2 por ciento alguna.
- Beliz les ganó a los piqueteros, con mucha responsabilidad según el 67,5 por ciento, y a los partidos de izquierda, que recogieron el 58,5 por ciento.
- En el cuarto lugar venía Quantín, con un 51,2 por ciento.
- El Presidente cosechó un 45,8 en la columna de mayor responsabilidad y el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra un 45,7 por ciento.
En esa encuesta, el 56,8 por ciento se mostró muy de acuerdo con el pedido de Ibarra y del gobernador bonaerense Felipe Solá de solicitar una participación más activa de las fuerzas policiales.
Eso explicaría el apoyo al operativo de saturación que desplegó el Gobierno el último jueves.
Contradictoriamente con las primeras respuestas, los consultados no pedían el cambio de los funcionarios sino darles más medios.
Un 47,5 por ciento también opinó que el Gobierno debía cambiar la política actual sobre seguridad ciudadana, sin duda una opinión en sintonía con la percepción de inseguridad.
Zuleta aclaró que no llegó a medir el impacto de la salida de Beliz.