Enojados con el Gobierno, preocupados por los reproches del FMI, y alarmados por la situación financiera de sus distritos. Con esa mezcla de sensaciones, los gobernadores del PJ se preparan para discutir con el Ejecutivo por el atraso en la coparticipación. Una primera señal la enviaron ayer, cuando instruyeron a los diputados para que demoraran el proyecto de ley sobre el pacto fiscal. Y hoy a la mañana, cuando compartan un “desayuno de trabajo” con Eduardo Duhalde, transmitirán sus quejas por el “incumplimiento del nuevo pacto fiscal”. Pero además de consensuar una posición para reclamar lo que les debe la Nación, los mandatarios analizaron las declaraciones de Anoop Singh, quien ayer condicionó la ayuda financiera a que Buenos Aires y Córdoba reduzcan su déficit fiscal y desató las viejas internas entre provincias grandes y chicas.
“Lo claro para todos es que lamentablemente el pacto que firmamos hace unos días con el señor presidente ha perdido efecto”, aseguró el cordobés José Manuel de la Sota al cierre de la reunión de los gobernadores del PJ en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Con esos dichos, De la Sota sintetizó la postura acordada en el encuentro: reclamar que se cumpla el último pacto fiscal, o pedir que se discuta un nuevo acuerdo que pueda cumplirse. Los mandatarios del PJ aseguran que la caída de la recaudación impide que la Nación pueda transferir la coparticipación en término. Y además, se quejan de que el Gobierno no haya cumplido con los puntos del pacto, como el pago del 30 por ciento del impuesto al cheque.
Los gobernadores también están desilusionados con los primeros resultados del nuevo mecanismo de coparticipación, que distribuye los impuestos “a suerte y verdad”. Por ejemplo, De la Sota destacó que la recaudación de los impuestos coparticipables cayó “más del 32 por ciento”. En esas condiciones, el reparto de los fondos coparticipables sin un piso mínimo pone en peligro la situación financiera de las provincias. Además, los mandatarios se quejaron porque la Nación no cumplió con el piso de 1.364 millones en el mes de marzo, como había sido acordado en el último pacto fiscal. “Esto nos produjo una pérdida de una masa salarial en el primer trimestre. Y nos está desfinanciando terriblemente”, dijo a Página/12 Juan Carlos Mercier, el secretario de Hacienda santafesino.
Como en la negociación del año pasado, el reclamo se diferenció según las deudas de cada distrito. Las provincias de San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, La Pampa y Santiago del Estero quieren que el Ejecutivo les compense de alguna forma del descuento del 13 por ciento que instrumentó, en su momento, Domingo Cavallo. En este punto, esos distritos comparten como un calco el nuevo criterio que adoptó la comitiva del FMI para negociar con las provincias: cada caso será tratado particularmente, y cada distrito deberá desarrollar un programa particular de reformas estructurales, según las características de su economía y, en especial, el tamaño de su deuda.
Con este nueva metodología, las provincias más endeudadas, Buenos Aires y Córdoba, son las que tienen más que perder. Entre las dos, pero principalmente la primera, suman más del 70 por ciento del total del déficit total. Los gobernadores de las demás provincias venían insistiendo con este tema desde hace tiempo, y ahora se muestran satisfechos con la discriminación que está haciendo el FMI. La mayoría de los mandatarios reclama que la administración de Felipe Solá cumpla con la reducción de gastos que exige Singh, para así lograr reducir en 3.000 millones de pesos el déficit fiscal de todas las provincias.
Consciente de la opinión de sus pares, y al tanto de las exigencias del enviado del FMI, Solá analizó la situación con el presidente Duhalde, ayer al mediodía en la quinta de Olivos. Y luego llegó una hora tarde a la cita en el CFI, donde lo esperaban los demás gobernadores. La mayoría de éstos, además, están enojados por los “redescuentos” con que el Central benefició al Banco de la Provincia de Buenos Aires y al Banco de Córdoba. La semanapasada, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, escuchó quejas en ese sentido de parte de algunos ministros de Economía provinciales.
De la Sota, que también recibió los retos del FMI, trató de usar sus reflejos y anunció ayer un ajuste del 60 por ciento, que prevé la “eliminación de 7100 cargos de la planta permanente”. En otras palabras, anunció despidos. En Buenos Aires, la cuestión también será conflictiva. Ayer, el economista Rogelio Frigerio (nieto), asesor económico de los gobernadores, aseguró que “si las provincias quieren cumplir” con el FMI “deberán tocar la masa salarial”. Y sobre el caso bonaerense, aventuró que “gran parte del problema está en el sector docente”. En esa provincia, los maestros están cobrando el 80 por ciento de su sueldo en bonos, el día 23 del mes, y algunos con descuentos por la derogación de la ruralidad.