Los dichos de Gustavo Beliz y su salida del gabinete fueron tema excluyente en el Congreso. La oposición apuntó a las presuntas irregularidades que el ex funcionario denunció en sus apariciones periodísticas. El diputado socialista Jorge Rivas pidió una investigación parlamentaria. El radical Alberto Beccani reclamó la presencia del titular de la SIDE y del renunciado en el Parlamento. El diputado del ARI Adrián Pérez anunció que hará una presentación ante la Justicia electoral para que ésta esclarezca si en la campaña proselitista de Néstor Kirchner se utilizó “dinero proveniente de fondos públicos”. El senador porteño Rodolfo Terragno pidió explicaciones al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y mediante un proyecto de ley reclamó modificar la Ley de Inteligencia Nacional para monitorear los fondos reservados de la SIDE. En el oficialismo y en privado, fueron varios los que festejaron la renuncia. Todo giró en torno Beliz, eso sí: nadie lo defendió.
En la presentación que el diputado del ARI Adrián Pérez entregará hoy ante la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, además de pedir la investigación de los dichos de Beliz en cuanto al financiamiento de la campaña de Kirchner, también se reclama que se cite a declarar a los responsables político y económico de ésta: Alberto Fernández y Héctor Capaccioli.
Además de citar las afirmaciones de Beliz, el diputado Pérez le pide a la Justicia tener en cuenta las conclusiones del cuerpo de peritos contadores de la Cámara Nacional Electoral. “El actual presidente, Néstor Kirchner, que declaró haber usado 2,6 millones, habría efectuado gastos por más de 6 millones”, sostiene Pérez recurriendo a una cita periodística. También reproduce conclusiones de la comisión del ARI sobre el financiamiento de los partidos políticos: “El gasto total declarado en el rubro publicidad, incluyendo televisión, radio y vía pública, asciende a 1.557.733. Al respecto, en el monitoreo realizado por Poder Ciudadano sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, se señala que los gastos en publicidad de la fórmula Kirchner-Scioli, entre marzo y mayo del año 2003, habrían ascendido a un total de 10.780.974”, cita la denuncia de Pérez.
El mensaje de Beliz fue muy fuerte para que no fuera tomado por la oposición. “Parece que hiciera falta un escándalo para darnos cuenta de lo que tenemos frente a nuestras narices. La SIDE tiene 654 mil pesos por día sin recibo, eso es la caja negra”, señaló Terragno. El senador porteño también recordó que precisamente su negativa a firmar un decreto que le reasignaba partidas a la SIDE lo catapultó del gobierno de Fernando de la Rúa. “Creo que el presupuesto de la SIDE es usado para sobornar, para hacer campañas, para cualquier cosa ilegítima. La contabilidad de esos organismos tiene que permanecer en secreto sólo mientras dure la investigación, pero con recibos”, opinó Terragno.
El legislador resaltó también que había que superar “el escándalo” que produjeron las declaraciones de Beliz y aprovechar la oportunidad “para terminar con la conspiración del silencio que rodea a las cajas negras”. Por ello acompañó su pedido de informes con un proyecto que modifica la ley de inteligencia.
“Si sólo una parte de los cargos que formula el ex ministro tiene fundamento, el Gobierno deberá dar muchas explicaciones a la ciudadanía. Si se tratara de falsedades o afirmaciones irresponsables, sería muy útil para la democracia que el dirigente político Beliz, aunque anuncie su retiro de la vida pública, quedara en evidencia”, sostuvo en la Cámara baja el socialista Rivas. Para el diputado se impone una reunión conjunta de las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, de Seguridad Interior, con la presencia del ex ministro, para que allí éste “aclare, rectifique, ratifique o amplíe” sus dichos.
A la saga se le sumó una críptica declaración de la Comisión de Seguridad Interior. El radical Fernando Montoya, el macrista Cristian Ritondo, el masserista-menemista Hugo Franco, juntaron sus firmas para decir que “el equipo saliente demostró no contar con una política integral de la seguridad”.