La AMIA insistió ayer ante el juez Norberto Oyarbide para que se investigue la desaparición de los 66 famosos casetes que la semana pasada provocaron las idas y vueltas sobre su posible aparición. Tal como adelantó ayer Página/12 en exclusiva, el juez Claudio Bonadío dio por cerrado el incidente surgido tras un supuesto anuncio de Néstor Kirchner porque consideró que se trató de un malentendido. La clave para el juez es que no encontró elementos que le permitieran dar un nuevo paso en el expediente que él instruye: las irregularidades en la investigación del atentado y, en especial, la responsabilidad del juez Juan José Galeano. Si efectivamente los casetes hubieran aparecido en la Federal o en la SIDE, ello habría permitido seguir un camino sobre quién los hizo desaparecer. En un capítulo distinto de la misma historia, con su pedido de ayer, la AMIA señala que además del comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda, que afrontará el 4 de octubre un juicio oral, debe llamarse a declarar a otros oficiales que pudieron tener relación con las cintas, entre ellos el recientemente desplazado Jorge “Fino” Palacios.
El pedido de la AMIA se basa en que recientemente apareció en la SIDE un remito con la firma de Palacios en el que consta que se llevó 45 de las 66 cintas hacia la División Operaciones Federales, donde revistaba por entonces el comisario conocido en la fuerza como El Fino, por su delgadez. También se reclama que declare otro comisario retirado, Ricardo De León.
Oyarbide instruyó una causa específica sobre los casetes y las irregularidades iniciales de la pesquisa y recientemente resolvió elevar a juicio la investigación sobre las grabaciones, en la que está imputado el entonces jefe del departamento Protección del Orden Constitucional (POC), Castañeda. Hoy el POC ya no existe, Castañeda fue pasado a retiro y en el juicio se abordará la desaparición de los casetes, aunque también otras anomalías llamativas, como el vaciamiento de la agenda del principal imputado, Carlos Telleldín, o la desaparición de una medalla en la que la Policía Federal reconocía la labor del empresario Alejandro Monjo, investigado por el armado de autos con partes robadas.
Antes de que empiece el juicio sobre el POC, en octubre, la causa AMIA pasará por un momento culminante. El lunes también se confirmó el adelanto de este diario acerca de que el fallo del Tribunal Oral que llevó adelante el juicio será leído el 17 o 18 de agosto. Se trata sólo de la parte resolutiva: condenas, absoluciones, apertura de causas contra otros funcionarios. Los fundamentos se conocerán unos 40 días después, a fines de septiembre. En Tribunales se dice que el fallo del juicio oral, incluyendo los fundamentos, puede llegar a tener más de mil páginas.
El efecto de lo que resuelvan los jueces del Tribunal Oral será determinante para todas las causas paralelas que existen. Por ejemplo, si los magistrados detallan decenas de irregularidades del juez Galeano –como seguro lo harán–, Bonadío, que investiga las irregularidades, se nutrirá de material esencial para determinar en su expediente la responsabilidad de Galeano. Lo mismo ocurrirá con el juicio oral a los hombres de la Federal por la desaparición de pruebas. Es casi seguro que los jueces detallarán la forma en que se produjo la desaparición, lo que servirá como elemento en el juicio a Castañeda. Por entonces, seguramente Oyarbide habrá citado a Palacios y De León y también esas declaraciones o cualquier otro dato que surja de la pesquisa nutrirán la acusación por la desaparición de los casetes. Pero los magistrados no detallará sólo las irregularidades del juez y la Policía Federal, sino también las de la SIDE, la Bonaerense y, sobre todo, los funcionarios políticos que estuvieron en la investigación del atentado de la AMIA.