A pesar de los intentos de mediación del gobierno nacional, en la capital de San Luis todo seguirá viéndose doble, al menos por algunos meses más. En una reunión que mantuvieron con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, los dos intendentes puntanos no lograron dirimir sus diferencias y ahora la resolución de la disputa por el poder comunal quedará en manos de la Corte Suprema.
En su última intervención en la batalla política que desde hace ocho meses tiene en vilo a la capital y a toda la provincia, la Corte había aconsejado que el tema se resolviera a través de una conciliación entre la oficialista María Angélica Torrontegui y el opositor Daniel Pérsico. Con ese objetivo, el ministro del Interior convocó a las dos partes a una audiencia que se realizó ayer al mediodía en la Casa de Gobierno. Sin abogados, los intendentes expusieron posturas y diferencias en el despacho de Fernández.
Torrontegui, la jefa comunal que cuenta con el aval político y económico del gobernador Alberto Rodríguez Saá, sostuvo ante el ministro su propuesta de convocar a una nueva elección abierta con todos los partidos. Pero Pérsico, escéptico sobre el grado de transparencia de unos comicios de este tipo en la tierra de los Saá, defendió la necesidad de una consulta popular para definir quién de los dos se queda con el cargo.
Ante la intransigencia de ambos, el titular de la cartera de Interior consideró agotada la intervención del Ejecutivo nacional en el asunto y aseguró que elevará un informe a la Corte, que tendrá la última palabra. El máximo tribunal deberá resolver sobre la validez o no de varios fallos en los que la Justicia puntana rechazó la legitimidad de los comicios en los que fue electo Pérsico en noviembre de 2003.
El factor central en esta disputa, según explicó Pérsico a Página/12, es el tiempo. “Hace algunos meses –aseguró–, el gobernador dijo que estaría de acuerdo con una salida a través de una consulta, pero cuando empezó a ver que de ese modo ganábamos nosotros, patearon todo para adelante para asfixiarnos económicamente.” Sucede que, desde que se inició este conflicto, la administración opositora sobrevive con los 600 mil pesos que recauda mensualmente de impuestos municipales. Mientras que Torrontegui dispone de más de dos millones de pesos que gira la provincia en concepto de coparticipación. Frente a este panorama, la decisión de la Corte podría demorar varios meses.

Informe: Alfredo Ves Losada.