El plan de seguridad podría sobrevivir a Gustavo Beliz. Por lo pronto, cuatro iniciativas, de las numerosas que lo integran, serán analizadas en el recinto del Senado el miércoles 4 de agosto. Eso formó parte del acuerdo al que llegaron el oficialismo y la oposición cuando ayer definieron la futura agenda parlamentaria. Los proyectos más polémicos del plan, como la unificación de fueros y el juicio por jurados, formarán parte del encuentro que la semana que viene tendrán los legisladores con el flamante ministro de Justicia y Seguridad, Horacio Rosatti. Otro de ellos, la modificación en la composición del Consejo de la Magistratura, aunque está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuenta con las suficientes resistencias como para que su destino sea el archivo.
“Ninguno de los proyectos del plan fue descartado. En el breve cruce que tuvimos antes de su asunción, quedamos en una próxima reunión para analizar algunos temas que están siendo tratados en esta Cámara”, dijo a este diario el titular de la bancada peronista en la Cámara alta, el rionegrino Miguel Angel Pichetto.
El nuevo ministro había adelantado que precisamente los temas pendientes serían hablados con los parlamentarios. Concretamente se refería a la iniciativa del juicio por jurados, sobre el que si bien no se mostró en contra, cuestionó su oportunidad, y también sobre la unificación de los fueros federales y ordinarios en la Ciudad de Buenos Aires.
“Más allá de la futura reunión con el ministro Rosatti, le recuerdo que el tratamiento que el Senado hizo del juicio por jurados fue con la consulta a especialistas. Algo que también pensamos repetir con la unificación de fueros”, comentó Pichetto. En voz baja son varios los senadores que tienen sus reparos con este tema. No por nada repiten que la medida debería verse a partir del fuerte recelo del equipo de Beliz con el fuero federal. Una interna que quedó al descubierto en varias ocasiones.
Las cuatro iniciativas del plan de seguridad que llegarán al recinto el miércoles 4 de agosto son: la limitación a excarcelaciones o eximiciones de prisión, el aumento de penas en el caso de los vaciamientos de empresas, modificaciones al sistema de protección de testigos y un proyecto sobre el criterio de oportunidad que permite simplificar el procedimiento en los casos de delitos privados y convertirlos en casos de acción pública.
La limitación a las excarcelaciones parte de la modificación del artículo 319 del Código Penal. Aquí se le da facultades al magistrado interviniente para limitar las eximiciones de prisión previas al juicio oral, “cuando exista una razonable y fundada presunción de que el imputado no se someterá u obstaculizará el procedimiento de averiguación de la verdad”.
En el caso del vaciamiento de empresas se modifica el artículo 301 del Código Penal. Aquí se aumentan las penas a quienes dispongan de manera ilegal y fraudulenta de los activos de una empresa. Las nuevas penas van de 1 a 6 años. La legislación actual contempla de 6 meses a 2 años. También hay un agravante en los casos en los que se aumente el capital de una empresa, llevando la pena hasta 8 años. En el régimen de protección de testigos se incluye la figura de la asociación ilícita.
Además de estos temas, en la sesión del próximo miércoles se discutirán una veintena de acuerdos para jueces y la indemnización a familiares de detenidos-desaparecidos, que si bien todavía no tienen dictamen de comisión, lo tendrán en breve.