Diez centros clandestinos formaron parte del gran circuito de terror que funcionó en la zona de Campana, Zárate y Escobar. Aunque quizás existieron más, los campos de detención, tortura y muerte que ya fueron reconocidos por sobrevivientes de la dictadura podrían ser prueba suficiente para que el juez federal de Campana Federico Faggionato comience la etapa de imputación de los responsables. Durante el recorrido de ayer, los ex detenidos identificaron las comisarías de Campana y Escobar y el predio que ocupaba la Fábrica Militar de tolueno sintético como lugares donde estuvieron desaparecidos. La investigación se inició en enero pasado a partir de una presentación que la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier, realizó en base a denuncias y a testimonios recogidos en el Juicio por la Verdad de La Plata.
“Me entraron por este portón y me tuvieron dentro de un celular atada y vendada durante un día entero.” El garage donde estacionó el móvil de la policía aquel día ya no es el ingreso principal de la comisaría. La calle lateral tampoco está oscura como entonces y ahora pasan por allí gran cantidad de autos. Sin embargo, los cambios no desorientaron a una de las sobrevivientes que pudo reconocer la seccional de Escobar como uno de los lugares donde vivió su doloroso cautiverio. Fue en esa misma comisaría donde Luis Patti dio sus primeros pasos como oficial de la Bonaerense. Desde allí, el ex comisario que gobernó Escobar fue trasladado a la seccional de Tigre, donde integró, bajo el alias de “El Loco”, un grupo represivo, según consta en el Legajo 2530 de la Conadep.
El siguiente sitio que reconoció el grupo fue El Tolueno. En el enorme predio donde los militares fabricaban uno de los componentes principales de los explosivos no sólo funcionaba la sede central del “área 400” a cargo del represor Santiago Omar Riveros. Allí también se mantuvo detenidas a cientos de personas dentro de grandes tanques metálicos sin techo e iluminados con potentes reflectores que simulaban un eterno día. Los terrenos, donde actualmente funciona la petrolera Rhasa, terminan en el río Paraná de las Palmas. Desde esas orillas, los militares embarcaban a los detenidos en lanchones y los transportaban hasta el centro de tortura que existía en el buque de la Armada “Murature”. Como parte de la inspección ocular, y por primera vez luego de 28 años, los testigos volvieron a recorrer ese trayecto en un pequeño barco de la Prefectura. “Cuando me subieron al bote forcejeamos con un guardia y terminé en el agua”, recordó un sobreviviente.
El último reconocimiento del día y, seguramente, de la investigación, fue la comisaría de Campana. Luego de subir un piso por escalera, un testigo identificó la sala donde lo golpearon y torturaron con picana y “submarino”. La ventana que da a la calle, el ruido de los colectivos y el piso de madera que sintió con sus pies descalzos lo ayudaron a identificar rápidamente el lugar, paso previo a los oscuros calabozos.
En la zona de Campana, Zárate y Escobar desaparecieron alrededor de 200 personas. A pesar de las denuncias y los testimonios recogidos desde el regreso de la democracia, los centros que formaron el circuito de represión que funcionó en el norte de Buenos Aires aún no habían sido reconocidos judicialmente. La causa abierta a partir de la querella de la subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense e impulsada por el juez Faggionato y su secretario Esteban Diéguez Herrera puede desembocar, en poco tiempo más, en la imputación de los responsables de los campos de detención.
El “área 400” estuvo comandada por fuerzas combinadas del Ejército, la Armada, la Prefectura y la policía de la provincia. Cuando se inicie el proceso, los represores ya no podrán ampararse en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Informe: Martina Noailles