Ileana Arduino dirige el programa de reforma para la Justicia penal del Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales). Desde allí participó en la elaboración de un proyecto de modificación del Código Procesal Penal que fue citado por la Cámara federal porteña al criticar el plan del Gobierno. La abogada advierte sobre la necesidad de hacer reformar estructurales en el ámbito judicial, sólo que muchas de las planteadas en la iniciativa oficial no le parecen adecuadas. “Ninguna de las medidas, tal como fueron propuestas, apuntaban a resolver el problema de la impunidad en la Argentina”, asegura.
–¿Le parecía adecuado el plan de reformas de Justicia que se planteó durante la gestión de Beliz?
–Apenas salió el plan dijimos dos cosas básicas. La primera era que más que un plan era un conjunto de medidas. Uno podía compartir algunas aisladamente, pero carecía de sistematicidad e integralidad. No era, como decían, un plan de gobierno para cinco años. La segunda crítica era que las medidas eran sumamente superficiales y no atacaban las causas más profundas del problema. Proponer la creación de estructuras policiales nuevas sin avanzar en la solución de los problemas de la Policía Federal no nos parecía correcto. Se estaba evitando asumir los problemas serios y se estaba siendo demasiado concesivo con las corporaciones policiales y judiciales. La tercera crítica era que el plan tenía un sesgo marcadamente centralista y abocado a la ciudad de Buenos Aires.
–Esto en materia de seguridad. ¿Y sobre la reforma judicial?
–Las medidas más fuertes que se plantearon eran la unificación de fueros, la unificación procesal penal para todo el país –que murió en el intento– y el juicio por jurados. No estábamos de acuerdo con la unificación de fueros.
–¿Por qué?
–Los argumentos que esgrimía el Gobierno indicaban que había que hacer exactamente lo contrario. Si uno tiene problemas de corrupción o de ineficiencia tiene que transitar por los carriles institucionales que hay, que es impulsar los juicios políticos que hubiera que impulsar.
–¿Puede ser que también haya una falla en el Consejo de la Magistratura, que debía impulsar los juicios políticos?
–El Consejo de la Magistratura es todo otro problema, pero el Gobierno no puede responder permanentemente que no utiliza las vías institucionales existentes porque esas instituciones no responden.
–El proyecto se presentaba como una forma de “licuar” a los jueces cuestionados.
–La unificación de fueros no es una propuesta nueva. En tiempos de (Juan Carlos) Onganía alguien lo había impulsado. Si uno ve qué sectores apoyaban esas propuestas, puede leer muchas cosas entrelíneas. Lo que más nos preocupaba era que era una manifestación de no asumir el traspaso de la Justicia a la Ciudad de Buenos Aires y eso era una nueva concesión a los jueces ordinarios, que históricamente se habían opuesto a ese traspaso.
–Pero hay un acuerdo en que es necesaria una reforma en la Justicia...
–... Ninguna de las medidas del plan, tal como fueron propuestas, apuntaban a resolver el problema de la impunidad en la Argentina y ese es el problema más grande en este momento. Un país que tiene una Justicia que el año pasado costó aproximadamente 670 millones de pesos, donde un tres por ciento del total de casos que ingresan que llegan a juicio, que ha obtenido entre el 99 y 2004 alrededor de 60 condenas por evasión impositiva, que no persiguió durante todo el 2003 un solo caso de narcotráfico que no fuera tenencia para consumo, es un país con un problema de impunidad grave. Un gobierno que quiera responder con una política judicial seria, que no está marcada por la coyuntura mediática y por la agenda de seguridad en lo inmediato, no toma las medidas que se proponían.
–¿Y qué medidas son las necesarias?
–Seguramente muchas. Una de nuestras propuestas es la reforma integral del sistema de Justicia penal federal que empieza por modificar el Código de Procedimientos. El sistema federal tiene reglas de investigación de delitos –que se refieren a los más graves, corrupción, narcotráfico– que fueron diseñadas en la década del ‘40. Al tiempo que la Nación decía “este es mi nuevo Código” –en el año 1992– el resto de Latinoamérica y las provincias empezaban a discutir ese modelo. La propuesta tiene que ver con avanzar hacia un sistema más dinámico donde los fiscales investiguen y los jueces se dediquen a controlar las investigaciones. Ahora hay jueces que investigan, controlan la investigación, se autorizan la realización de pruebas y deciden si lo que ellos decidieron hacer es legal o ilegal. Es esquizofrénico, además de que implica desperdiciar muchísimos recursos.
–La posibilidad de revisión se da recién cuando la causa llega a un tribunal superior.
–Toda esa lógica enfermiza de los recursos que provocan que la gente diga que no hay Justicia y que los abogados son chicaneros, no es un defecto del sistema sino que el sistema funciona sobre esa lógica. También hay que racionalizar la carga de trabajo. Ningún sistema del mundo persigue todos los delitos. En la Argentina es obligación investigar y perseguir todos los delitos que se conozcan. Todo el mundo sabe que eso no ocurre, además porque es materialmente imposible. Si no se introducen criterios razonables de selección, la selección se realiza sin control. Se refleja en que en un año entero no hubo una sola condena por tráfico internacional de drogas, pero hay un 70 y pico por ciento de casos vinculados a la tenencia para el consumo. Del total de delitos contra la propiedad, un 60 por ciento aproximadamente, son hurtos o robos simples, sin violencia. El correlato es que se dejan de investigar cosas muy graves.
–¿En qué quedó el proyecto de ustedes?
–Tiene estado parlamentario. Lo presentaron las diputadas María del Carmen Falbo, Marcela Rodríguez y Margarita Stolbizer, es decir, PJ, ARI y UCR. Se lo habíamos acercado a las autoridades anteriores del Ministerio de Justicia e inclusive se había armado una comisión de trabajo sobre reforma de la justicia penal. Pero en este país la política judicial nunca es una política de Estado con independencia de la agenda mediática. Ninguno de los problemas que definieron el rumbo del llamado plan de seguridad se solucionó. Estoy completamente de acuerdo con que muchas de esas cosas se desechen, pero es un poco confuso cuando uno trata de evaluar cuál es la política del Gobierno en la materia.
–¿Estuvo bien que Beliz no dialogara con una parte de la Justicia?
–Una política judicial en serio involucra actores del sistema de Justicia. Esto habla de la habilidad para diseñar políticas, de la madurez para saber con quiénes hay que sentarse a discutir. No significa que los jueces merezcan una condescendencia particular y que haya que consultarlos para cualquier cosa. El ex ministro no me parecía hostil porque siempre lo he escuchado hacer declaraciones.