Después del interés que despertó la tormentosa salida del Gabinete de Gustavo Beliz, las encuestas registran una clara vuelta a las prioridades estables de la gente: empleo y seguridad, con educación, salud y corrupción registrando niveles mucho menores. La crisis en el gabinete es vista como una oportunidad para cambios de política, aunque una robusta minoría la ve como un tropezón oficial, y el tema de la SIDE tocó una cuerda: una clara mayoría cree que los espías deben ser controlados y aceptan que la secretaría es un tema de política nacional.
Los resultados surgen de un estudio realizado esta semana por el estudio OPSM, que dirige Enrique Zuleta Puceiro, con 1100 entrevistas personales en 65 localidades de todo el país, en proporción entre ciudades y centros urbanos grandes, medianos y pequeños de todas las regiones.
Un tercio exacto de los consultados pone primero al empleo en la agenda del Gobierno, casi el mismo número que le asignan a la seguridad. Casi un 16 por ciento sigue con la educación, un 7,9 con la salud y un 4,1 con la corrupción. Infraestructura, relación con los acreedores extranjeros y reforma política casi ni registran en la conciencia de los consultados.
El tema seguridad se desarrolla con la pregunta sobre qué debería privilegiar el nuevo ministro de Justicia, Horacio Rosatti. Un 46 por ciento espera que mejore el nivel general de seguridad y un 42,2 habla de frenar los desbordes en la protesta social. La reforma judicial y los cambios en la Corte Suprema aparecen muy abajo. La protesta social muestra una imagen poco feliz, con un 53,5 por ciento que la considera un obstáculo para la economía.
El ministro Rosatti, como el secretario de Seguridad Alberto Iribarne -que reemplaza al eyectado Norberto Quantín– tienen la ventaja del anonimato: pocos aceptan alegrarse o rechazar sus nombramientos porque no los conocen. Así, nadie está “muy de acuerdo” en que los hayan nombrado, mientras que pocos están de acuerdo o desacuerdo, probablemente por proyección de la percepción de quien los nombró. Un 52,1 y un 53,9 dicen que no opinan todavía porque no los conocen.
Esta semana todavía se sintieron los ecos de la movida renuncia del ministro Beliz, forzada muy tarde el mismo sábado de la semana pasada en que Kirchner volvió al país de su viaje a Venezuela. Apenas un cuarto de los entrevistados le cree realmente cuando dice que el presidente maltrata a sus colaboradores, aunque un tercio le cree “algo”.
Una mayoría del 51,2 acepta la versión oficial de que no hubo crisis sino “recambio”, aunque un tercio no se lo cree y una quinta parte prefiere esperar antes de emitir juicio.
Lo que nadie cree es que el Gobierno continúe las reformas en la seguridad, sin Beliz. Un tercio exacto piensa que el gobierno hará “poco” en este sentido, y un 14,2 por ciento cree que el tema quedará en la nada. Un 14,7 por ciento, en cambio, es optimista y un 36,3 espera que se haga “algo”.
El futuro político del ex ministro aparece como negativo. Casi la mitad de los encuestados espera que cumpla lo que él mismo anunció y se retire definitivamente de la política. Un 18,7 por ciento quiere que se retire un tiempo, pero vuelva luego de “tomar distancia” de su rocosa denuncia. El 24,6 por ciento lo quiere fuera de la política pero haciendo denuncias como las que realizó al renunciar. Una minoría del 5,4 por ciento espera que vuelva y sea candidato a jefe de Gobierno de Buenos Aires.
De las denuncias que realizó Beliz, la que toca a la Secretaría de Inteligencia del Estado es la que entró más en la conciencia de los encuestados. Una mayoría absoluta le da “mucha” –el 23,5 por ciento– o “alguna” –el 54,4– importancia a lo que hace la SIDE. Un 16,9 por ciento cree que el tema es poco relevante, mientras que un marginal 2,1 piensa que no importa.
Los actos de la secretaría, embarrada en varios de los mayores escándalos políticos y de seguridad del país, exigen control. Las opiniones sobre quién puede ejercerlo mejor están divididas, con una leve ventaja del Presidente sobre el Poder Legislativo y la Corte Suprema. El asunto de controlar las agencias de Inteligencia es tan opaco, que registra el mayor índice de “no sabe” y “no contesta” de toda la consulta, un 13,5 por ciento.
Coherentemente con la mayoría que ve que la secretaría es un problema real, sí está en claro que hay que actuar rápido. Una mayoría del 51,9 por ciento espera cambios rápidos y contundentes en la agencia, mientras que el 9,2 por ciento opina que directamente hay que cerrarla. Un tercio de los consultados piensa que los cambios en la manera en que se reúne y procesa la inteligencia en el país deben ser graduales.