En un ambiente de tensión que se extendió por más de ocho horas, los acusadores y los defensores del juez Luis Leiva cruzaron teorías de todo tipo al exponer sus alegatos en el último tramo de su juicio político. “Conducta deplorable”, “manejos abusivos”, “intencionalidad” fueron algunas de las frases con que dos miembros del Consejo de la Magistratura –el senador hipermenemista Miguel Pichetto y el abogado Mario Gersenobitz– cuestionaron al magistrado mendocino. Sus abogados, con el constitucionalista Daniel Sabsay a la cabeza, recordaron que “hubo una campaña contra Leiva que tuvo como organizador a Raúl Moneta”, el banquero preferido de Carlos Menem. La novedad de ayer fue la ausencia del presidente del Jurado de Enjuiciamiento y juez de la Corte Eduardo Moliné O’Connor, apartado por sus pares por prejuzgamiento. Esto podría inclinar la balanza hacia una absolución del juez. El veredicto se conocerá el 9 de mayo.
Leiva es el juez que procesó y ordenó la captura de Moneta por la caída del Banco de Mendoza, una causa que luego saltó, por una decisión de la Corte Suprema, a la justicia federal porteña, donde se esfumaron los cargos contra el banquero. La figura de Moneta estuvo presente detrás de toda la catarata de denuncias contra el magistrado de Mendoza que llegaron al Consejo de la Magistratura. De ese paquete los consejeros Pichetto, Gersenobitz y el diputado Jorge Casanovas, ex ministro de Justicia de Carlos Ruckauf extrajeron la acusación por mal desempeño, aunque ayer expusieron el alegato sólo los dos primeros. “Tenemos la sensación de que hemos venido a un proceso que no debió ser, que en el Consejo de la Magistratura hubo maniobras, hasta desapareció el dictamen de minoría que nunca se discutió”, plantearon los abogados de Leiva.
Todo transcurrió en la sala de bancos antiguos y vitreaux de motivos religiosos coloridos y un escudo nacional, donde también se hizo el juicio a las Juntas, las ironías y los adjetivos calificativos doblaron en protagonismo a los argumentos jurídicos. Gersenobitz sostuvo que Leiva es “la punta de un iceberg más profundo” que, cree él, es la Justicia mendocina. Pichetto sumó críticas exaltado: “Esto es como un teatro griego, ya se van a caer las máscaras”, advirtió. Acusó a Leiva de “mentiroso”, objetó lo que llamó su “rol mediático” y aseguró que “es un mal juez”. “Vamos a demostrar que este juez justiciero, que metía preso a los poderosos, ha incurrido en mala conducta”, espetó agitando el dedo índice, mientras trasladaba su mirada de los ocho jueces hacia Leiva y viceversa.
Entre el público que entraba y salía, uno de los colaboradores de Moneta fue el que más tiempo aguantó sentado, igual que la diputada menemista de Salta Lelia Chaya, que no paró de acomodarse con delicadeza su melena negra. Había un grupo de periodistas mendocinos y varios asesores de la Magistratura. A la tarde, entre los miembros del jurado circulaba con disimulo una bolsita con golosinas. “La verdad es que yo vine a escuchar a Sabsay”, cuchicheaba, inquieta, una mujer que se presentó ante su vecina de asiento como ex secretaria de alguna comisión.
Antes tuvo que escuchar cómo los cargos contra Leiva iban apareciendo en forma desordenada: los acusadores le atribuyeron el contrabando de 50 maletines desde Chile para un congreso nacional de jueces, tener preso a un menor en una cárcel para adultos, “armar” una causa para demostrar que era víctima de un complot y detener de manera selectiva –a algunos directivos sí y a otros no– en la pesquisa sobre la caída del Banco Mendoza, entre otros puntos.
Frente al jury, Leiva y sus abogados no podían contener algunas muecas, que Pichetto criticó. Los letrados Carlos Parellada y Daniel Pirrelo contestaron uno por uno todos los cargos y cuestionaron las “apreciaciones genéricas y dogmáticas” de los acusadores. Se mostraron sorprendidos porque el alegato de los consejeros no incluyó un supuesto pedido de coima del juez a Moneta, que el banquero denunció en televisión, y pidieron que se deseche ese punto. Sabsay resaltó que “no hay pruebas fundadas”, los cargos son “difamatorios”, alertó sobre la debilidad del Estado de Derecho y planteó ante el jurado que el veredicto debería darse de inmediato, no casi un mes después de los alegatos, abriendo camino a posibles presiones.