Este jueves será el comienzo del fin del juicio oral por el atentado a la AMIA que, a punto de cumplir tres años, es el más largo y probablemente el más complejo en la historia judicial argentina. Ese día, el tribunal compuesto por Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo escuchará a partir de las 14.30 las últimas respuestas de los defensores a los alegatos finales de la acusación. Una semana después hablarán los últimos de los 22 procesados, de los cuales sólo cinco siguen detenidos.
Los problemas de la investigación llevada a cabo durante siete años por el juez federal Juan José Galeano, ya desplazado de la causa, se reflejarán con claridad en este fin del juicio. Las defensas esperan que la conclusión final del proceso deje muy mal parada la hipótesis actual sobre la “conexión local” del atentado que destruyó la AMIA el 18 de julio de 1994. Tan así, que varios de los abogados que defienden a los acusados no usarán su derecho a un alegato final o, según fuentes judiciales, lo harán con suma moderación, ya que ven muy posible que se anule todo o buena parte de lo actuado contra sus clientes.
El 17 o el 19 de agosto se escuchará el veredicto, luego de 35 meses de audiencias, por las que desfilaron 1284 testigos por la sala subterránea, especialmente acondicionada, del edificio federal de Comodoro Py 2002.
El colapso de la causa que investiga la muerte de 85 personas y más de 300 heridos se debe a las innumerables irregularidades cometidas por el juez Galeano. En la base de todo está el cargo que los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro obtuvieron del quinto detenido, Carlos Telleldín, la camioneta Renault Trafic usada en el atentado. Telleldín, el único civil entre los acusados como “partícipes necesarios” de la destrucción del edificio de Pasteur 633, es un reducidor de automóviles y pequeño delincuente común que aparentemente pagaba protección para sus “negocios”.
Pero su testimonio contra los policías quedó seriamente cuestionado cuando se probó que cobró en 1996 cuatrocientos mil dólares del juez Galeano para declarar, una de las irregularidades que terminaron en el desplazamiento del juez de la causa.
Esto quedó ampliamente probado cuando el presidente Néstor Kirchner relevó del secreto de Estado y ordenó testificar a agentes de la SIDE, que explicaron en detalle cómo esa Secretaría efectivizó el pago a Telleldín. De este modo, el civil procesado puede quedar como el único partícipe necesario porque sí está probado que la Trafic pasó por sus manos.
Las irregularidades de Galeano son tales que es muy posible que el tribunal haga un pedido de que sea investigado.