“El límite para participar es que una persona sea democrática, si su conducta no lo fue –tenemos un documento de agosto del ‘76 en el que firma la cesantía de personas que pensaban diferente de ella– y la rechaza su comunidad, yo como presidenta de la comisión ejecutiva organizadora del Congreso de la Lengua de un gobierno democrático lo tengo que respetar.” La subsecretaria de Cultura, Magdalena Faillace, fundamentó de esa manera ante Página/12 el pedido del gobierno argentino al director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, para que la lista definitiva de expositores en el congreso que se realizará en noviembre en Rosario no incluya a Nélida Donni de Mirande. La profesora fue cuestionada por “razones éticas”, tanto por la universidad nacional como por el municipio de Rosario. El motivo: su carrera académica cobró impulso a partir de 1966, después de la Noche de los Bastones Largos, se afianzó durante las sucesivas dictaduras y no se revalidó con el retorno democrático.
El documento al que hizo referencia Faillace es la cesantía del profesor Arturo Aquilino Fernández, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), fechada el 4 de agosto de 1976, apenas tres meses después del último golpe militar. Con la firma de Donni de Mirande como “presidente normalizadora del Consejo de Investigaciones”, la resolución 89/76 se ampara en la ley 21.274 para “dar de baja” a Fernández, actual titular de la Asociación Argentina de Ciencia Política. Esa norma, en su artículo 3 establecía que “las bajas serán efectivizadas teniendo en cuenta la necesidad de producir un real y concreto proceso depurativo de la Administración Pública...” La “depuración” en la lógica de la dictadura implicó la cesantía de todos aquellos considerados sospechosos de pensar distinto o, simplemente, pensar.
La resolución llegó a manos de la comisión organizadora del Congreso de la Lengua apenas se conoció que Donni de Mirande aparecía como una de las expositoras propuestas por la Real Academia en el listado a ser consensuado con las autoridades argentinas. El 17 de febrero pasado envió una carta a Faillace el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Maiorana, con un racconto de los cargos que ocupó la docente durante las sucesivas dictaduras y en la que manifestaba el “malestar” que provocaría su inclusión como participante oficial. El 9 de junio, el rector de la UNR, Ricardo Suárez, hizo suyos los cuestionamientos de Maiorana también en una nota enviada a la subsecretaria de Cultura.
“La impugnación es ética: no puede representar a nuestro país alguien que obtuvo la mayoría de los antecedentes en gobiernos militares. Ella ingresó como investigadora en los ‘70, mientras miles de docentes no lo podían hacer por razones ideológicas, se doctoró en 1980 cuando cientos no podían hacerlo por los mismos motivos. Detenta esos cargos por la exclusión de miles. Cuando derrocan a Arturo IIlia en 1966, ella era ayudante de cátedra, tres meses después asciende a titular. En 1984, cuando la democracia concursa esa cátedra, no se presenta y se va de la universidad pública”, explicó Maiorana a este diario.
El decano remarcó que “lo que se discute es si la Argentina como estado soberano puede plantear quién lo va a representar. Es interesante apreciar que cuando la mayoría de los intelectuales eran expulsados de sus cátedras y del país, ni la profesora Donni de Mirande ni los diarios de ese momento salieron en su defensa. Ella ahora está gozando de un derecho que no tuvieron muchos, que es el de expresar su opinión. Me parece válido, pero hay que recordar que hay algunos que se intentan construir como víctimas y, en realidad, cuando tuvieron que emitir un discurso a favor de los que eran víctimas, se callaron”.
Teniendo en cuenta esos antecedentes –también cuestionados por el intendente de Rosario Miguel Lifschitz–, la comisión que preside Faillace e integran Gloria Bender, directora de Asuntos Culturales de lacancillería; el viceministro de Educación, Alberto Sileone; el titular de la Academia Argentina de Letras, Pedro Barcia; Raúl Bertone de la Secretaría de Cultura de Rosario y la artista India Tuero, le pidió a García de la Concha que Donni de Mirande no apareciera entre los participantes oficiales. Sólo Barcia se pronunció a favor de la docente que fue amparada por la Universidad Católica de Rosario y en 1999, durante los estertores del menemismo, ingresó como investigadora del Conicet. Faillace precisó que “el 8 de julio pasado me llamó García de la Concha para arreglar el anuncio del congreso. Le pedí el listado de participantes oficiales y cuando abro el mail para mandárselo a la senadora Cristina Fernández de Kirchner –delegada para la organización del congreso– me encuentro con que estaba esta señora objetada. Hablé con él y le dije nuevamente que el cuestionamiento no era mío sino del municipio, la facultad y la universidad y que no sería bueno que se empañara con un ‘escrache’ un congreso maravilloso en el que participarán José Saramago, Mario Vargas Llosa, Juan José Saer y Ernesto Sabato, entre otros. El atendió mis razones y me mandó entonces el listado definitivo. Los prestigiosos lingüistas Nicolás Rosa y Nora Mugica, según me dijo el propio García de la Concha, le mandaron mails informándole que no participarían si lo hacía esta señora (Donni de Mirande)”.
–¿Qué le dijo la senadora Kirchner? –le preguntó este diario.
–Ella estaba absolutamente al tanto de nuestro pedido. Se acordaba de esta persona objetada y me insistió en que si éste era un caso objetado por Rosario, la comisión ejecutiva le tenía que hacer lugar.
–Durante estos meses de polémica, ¿la comisión recibió pedidos de instituciones para que se incluyera a la profesora rosarina?
–No, yo sólo he recibido llamados de solidaridad con nuestra iniciativa –comentó Faillace.
El III Congreso de la Lengua se desarrollará en Rosario entre el 17 y el 20 de noviembre y contará con la participación de 160 invitados. La Argentina tendrá una representación oficial de 46 lingüistas, escritores y empresarios de medios. Entre ellos no estará Donni de Mirande.