María Estela Martínez de Perón, Isabelita, fue denunciada ayer ante la Justicia Federal de Tucumán como responsable de dar luz verde a la violación sistemática de derechos humanos en 1975, cuando autorizó el Operativo Independencia en la provincia. La presentación fue efectuada por la organización Familiares de Desaparecidos de Tucumán, que también acusó al ex presidente provisional Italo Luder, a los militares retirados Acdel Vilas y Antonio Bussi, y a los ex policías Antonio Arrechea y Roberto Heriberto, entre otros.
El escrito fue firmado por las abogadas Laura Figueroa y Viviana Vicente, quienes reclamaron al juez federal Jorge Parache que declare la conexidad de las distintas causas que lleva adelante sobre la dictadura, divididas según el centro clandestino de detención del cual se trate. Figueroa y Vicente consideraron esa acumulación como “un paso clave para poder demostrar que hubo un plan sistemático de genocidio”.
En ese sentido, destacaron que durante el gobierno de Isabel Perón “se dictaron normas inconstitucionales, con la connivencia de sus ministros y se utilizaron dependencias estatales y privadas como lugares de tortura”. Hasta el momento, la viuda de Perón no tiene causas abiertas en la Justicia por este motivo. Condenada por corrupción por la dictadura, fue dejada en libertad en los ‘80 y luego indultada por Raúl Alfonsín.