La frase más famosa de Talleyrand, el consejero de Napoleón, dice que se puede hacer de todo con las bayonetas, menos sentarse en ellas. Con el sistema penal pasa lo mismo: cuando la política está en juego, lo peor es ilusionarse con que se puede dejarla al costado y confiar en sentarse sobre el código como la solución última. Es peligroso como una bayoneta.
La prisión preventiva dictada por la jueza Silvia Ramond sobre el ataque a la Legislatura tiene un canal jurídico. Los detenidos, ¿son los que rompieron? Y los que rompieron, ¿querían impedir la sesión de la Legislatura? ¿Lo impidieron de hecho o ésa fue su intención? ¿Los hechos encajan de verdad en la figura de la coacción agravada, como presume la jueza, o son una combinación de daño y resistencia a la autoridad?
Abogados y fiscales se encargarán de discutir ese tema. Mientras tanto, queda una certeza obvia: cuando la Justicia tiene que resolver delitos contra el orden público es porque el Estado llegó tarde. Y algo más: como se trata de una situación que pudo haberse evitado con relativa facilidad, aunque las penas sean tremendas no servirán para disuadir a futuros atacantes. Lo que disuade es la prevención.
En realidad, el debate tiene una verificación concreta. El viernes 16 de julio el Ministerio de Justicia y Seguridad actuó mal. Más allá de la discusión superficial sobre si hubo o no suficiente información previa, el Gobierno terminó pagando el costo de no haber colocado antes las vallas. Antes y mejor, porque la valla puesta frente a la Legislatura estaba tan pegada al edificio y tan mal defendida que terminó convertida en un arma para romper la puerta. El jueves 22, el Gobierno resolvió mejor el cuadro de protesta que se le presentaba. Hubo manifestación y hubo vallas. La Guardia de Infantería de la Policía Federal no llevó armas, y eso no hizo menos disuasiva su presencia ni mancilló su honor, como sugería el entonces jefe, el comisario general Héctor Prados.
Elisa Carrió dijo que el Gobierno no tiene una política de seguridad. Si se refiere al orden público, la verdad es que hasta ahora el Gobierno mostró un criterio (no reprimir la protesta) y dos traducciones prácticas. Una, la del viernes 16. Otra, la del jueves 22. Si el Gobierno recayera en la primera, será cierto que anda a los tumbos. Si insistiera en la segunda, significará que encontró una política flexible y adaptada a los problemas y los humores de la calle. La primera opción se debió, en buena medida, a la falta de sintonía entre el Presidente, por un lado, y del otro lado el equipo que formaban Gustavo Beliz, Norberto Quantín, José María Campagnoli y Héctor Prados. La prueba está en lo que dijo cada uno tras la salida del Gobierno. La segunda, a que después del recambio Néstor Kirchner se comprometió personalmente aún más con un esquema de seguridad verticalizado y bajo control. Le vendrá bien, porque la mayor amenaza a la seguridad cotidiana no son las salvajadas contra la Legislatura sino los jueces de La Plata que crearon una Justicia paralela o las bandas de San Isidro.