La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) volvió a reclamar ayer que se le aplique una dura sanción a la legisladora porteña Mirta Onega, quien fue denunciada por un empleado de su despacho al que calificó de “judío de mierda”. La conducción de la entidad judía formuló el pedido a los miembros de la comisión investigadora que se formó en la Legislatura para analizar la conducta de Onega y determinar qué castigo le corresponde. Ya casi nadie habla de la expulsión de Onega –tal como exigieron sus propios compañeros de bloque del Partido de la Ciudad–, pero tampoco de imponerle un simple apercibimiento. La idea que prima entre los legisladores es aplicarle una suspensión de uno a seis meses.
El futuro de Onega será definido por sus pares en el recinto mismo de la Legislatura una vez que la comisión encargada de investigar su conducta eleve el o los dictámenes con la recomendación de la sanción que cabe aplicarle. Los legisladores que tienen la investigación en sus manos ya concluyeron la etapa de instrucción y se plantean no demorar más de dos semanas en la redacción de los despachos para no dilatar más la resolución del caso.
Antes de encarar esa tarea, los miembros de la Comisión Investigadora decidieron reunirse con la conducción de la DAIA. La entidad de la comunidad judía ya les había manifestado por carta su deseo de que Onega recibiera un duro castigo por haber definido como “judío de mierda” a Norberto Cohenca, un empleado de su despacho al que pretendía desplazar para nombrar en su reemplazo a su propio marido.
El encuentro se produjo en la sede de la DAIA, cuyo vicepresidente, Jorge Kirszembaun, advirtió a su término que las afirmaciones discriminatorias de la legisladora “afectan los valores democráticos de la sociedad” y constituyen “un disvalor”. El dirigente de la comunidad judía no pasó por alto el hecho de que Onega “ocupa un lugar de preponderancia” y sostuvo que “deben aplicarse las sanciones que están previstas para el caso según el reglamento interno” de la Legislatura. Kirszembaun se manifestó también contrario a que la disculpa de la legisladora sea considerada como un atenuante.
Una vez que el hecho cobró estado público, Onega –quien fue filmada con una cámara oculta refiriéndose a Cohenca en términos discriminatorios– lloró en el recinto, donde pidió disculpas a su empleado y también a sus colegas. Entonces, fueron varios los que se inclinaban por expulsarla; otros estimaban que la denuncia contra la legisladora era parte de una “operación” de su propio Partido de la Ciudad para desplazarla de su banca y parecían conformes con que se hubiera disculpado. Ahora domina la idea de imponerle una suspensión, que podría ser de uno a seis meses.