En el último River-Boca mil doscientos policías se ocuparon de la seguridad de las 50 mil personas que fueron a la cancha. Hoy en el centro porteño se verán aún más efectivos que en el superclásico: la marcha piquetera a la Legislatura tendrá un operativo de mil quinientos federales. Con órdenes de no portar armas de fuego y usar chapas identificatorias, la policía saturará la calle también en Tribunales y el Congreso, los otros puntos de la primera jornada de protesta tras la asunción del nuevo equipo de seguridad.
El objetivo de la movilización piquetera es reclamar la libertad de los 15 detenidos por el ataque a la Legislatura y oponerse a la sanción del Código de Convivencia. Las organizaciones sociales lo rechazan porque consideran que achica las libertades democráticas de la ciudad de Buenos Aires y penaliza los problemas nacidos de la pobreza, en lugar de solucionarlos. Los manifestantes llegarán al edificio de la calle Perú a las dos de la tarde, luego de hacer una escala en el Congreso contra la sanción de la ley de responsabilidad fiscal y de pedir en el Palacio de Justicia la absolución de dos estudiantes universitarios.
La marcha a la Legislatura fue convocada por la Asamblea Nacional de Trabajadores, la Corriente Clasista y Combativa, el MTD Aníbal Verón, organismos de derechos humanos, agrupaciones de travestis y vendedores ambulantes y partidos de izquierda. También la CTA Capital, que saldrá por separado desde Belgrano y Diagonal Sur.
“Para nosotros el código es regresivo. Penaliza a quienes están desprotegidos en la calle, a las víctimas del modelo económico. Los vendedores ambulantes no están trabajando en la vía pública porque les encante”, dijo Carlos Chile, del Movimiento Territorial de Liberación. El dirigente criticó también la figura de la reincidencia, “que posibilita que a la tercera contravención la gente sea detenida”.
En las organizaciones agregan otros cuestionamientos. El despacho por mayoría que aprobaron el macrismo, el Partido de la Ciudad y los lopezmurphystas tiene un artículo contra los escraches (el 52, que castiga a quien “hostigue, maltrate, intimide o provoque a terceros” y fija doble sanción cuando “la contravención se cometa con el concurso de dos o más personas”), un artículo contra los ahorristas (el 56, que castiga a quien “ingrese o permanezca” en lugares “de acceso público o privado”, con sanción doble si la conducta se realiza en bancos o instituciones financieras), un artículo contra las protestas en los remates de viviendas (el 108, que castiga a quien “contribuya a frustrar una subasta pública”) y dos contra la actividad piquetera (el artículo 66 castiga la “obstrucción de vía pública” con pena agravada a quien “provoque embolletamientos de tránsito”, mientras que el 55 sanciona a quien “obstaculice” el “ingreso o salida a lugares públicos”).
El presidente Néstor Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, coincidieron en anunciar un operativo de protección de los edificios públicos y una política de disuasión sin represión. En ese sentido hubo instrucciones para evitar desbandes de la policía. La principal es que sólo lleven armas antidisturbios; la Secretaría de Seguridad que conduce Alberto Iribarne dispuso también que las comunicaciones por handy se graben. Ayer, el nuevo jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, habló de “asegurar el orden” con “intervenciones prudentes, firmeza” y “métodos que impliquen la prevención”.
Las protestas comenzarán a las 10 de la mañana en Tribunales. Frente a las escalinatas del Palacio de Justicia, estudiantes, piqueteros, organismos de derechos humanos y partidos políticos pedirán la absolución de Sergio Salgado y Martín Ogando, dirigentes universitarios procesados por participar de una lucha estudiantil en 1999. El juicio debía empezar hoy pero fue suspendido a último momento, al parecer por el estado febril de uno de los jueces. Salgado y Ogando fueron procesados por la Justicia por falsedad y daño agravado, acusados de haber roto urnas y provocado daños en el edificio. Sin embargo, la abogada Miryam Bregman, defensora de Ogando, cuestionó las pruebas reunidas en el caso y dijo que los estudiantes fueron señalados por ser dirigentes.
Al mediodía, las columnas irán de Tribunales al Parlamento, contra la sanción de la ley de responsabilidad fiscal, que podría ser aprobada hoy por Diputados. También la CTA Nacional irá a la Plaza de los Dos Congresos con una marcha propia, a las dos de la tarde. En un acto encabezado por su titular, Víctor De Gennaro, van a plantear que si el proyecto se aprueba ni el gobierno nacional ni los provinciales podrán aumentar las prestaciones sociales básicas (educación, salud, seguridad, justicia) por encima del crecimiento del Producto Bruto Interno.
“La ley viene a mutilar la capacidad del Estado de promover una distribución más justa de los ingresos”, dijo Claudio Lozano a Página/12. “Anula a la política fiscal como instrumento de la política económica. En el altar de la negociación con el FMI, propone congelar el gasto público en los niveles a los que los llevó el neoliberalismo.” El diputado agregó que esto significaría dejarlo en los niveles más bajos de la historia argentina. “Hoy el gasto público representa el 24 por ciento del total del producto, cuando en Chile representa el 39 y en Brasil el 43 por ciento.”
Cuando el acto de la CTA comience, los piqueteros duros ya estarán marchando a la Legislatura. La jornada contempla así manifestaciones simultáneas y el desplazamiento de distintas columnas por el centro. Considerada un test para la nueva política de seguridad, si todo funciona sin sorpresas terminará antes de las siete de la tarde, cuando los manifestantes desconcentren de regreso al conurbano.