Con un minuto de silencio en homenaje a los 30 mil detenidos desaparecidos y el Himno Nacional –que muchos legisladores y miembros del público cantaron con los dedos en V– terminó la sesión en la que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el convenio que establece que en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se instale un espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. El debate duró tres horas y media. Los diez diputados que se opusieron a la iniciativa se escudaron en razones económicas y se hicieron eco del lobby de las escuelas navales que no quieren dejar el lugar. Pero 38 votos decidieron que, como dijo el kirchnerista Miguel Talento, la ESMA forme “parte del proceso de restitución simbólica de los nombres y de las tumbas que les fueran negados a las víctimas, contribuyendo a la reconstrucción de la memoria histórica del pueblo argentino”.
El convenio que se confirmó ayer es el que el presidente Néstor Kirchner y el jefe de Gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, firmaron el 24 de marzo pasado en la misma ESMA. La Legislatura debía decidir si coincidía o no con ese acuerdo, pero en estos cuatro meses diputados de un sector del macrismo intentaron abrir la discusión sobre qué destino específico darle al predio e intentaron impedir el desalojo de las escuelas navales que funcionan allí, que serán mudadas.
El “destino” del lugar, es decir, qué características tendrá un futuro Museo de la Memoria y qué otras instituciones –posiblemente culturales y educativas– lo acompañen es algo que también será debatido, pero en una segunda instancia. De hecho, la comisión bipartita de Nación y Ciudad que se ocupa del desalojo de los actuales ocupantes de la ESMA ya hizo una convocatoria pública para que todas las organizaciones o ciudadanos que estén interesados hagan su aporte. Es el mismo espíritu de los organismos de derechos humanos, que no reivindican el sitio para sí, sino como un espacio donde toda la comunidad recuerde, debata y aprenda a partir de los crímenes que el Estado cometió en el país.
El legislador Ariel Schiffrin hizo alusión a esa polémica en su intervención al recordar que no estaba en discusión “la cuestión de los usos”, como “no se podían discutir qué usos otorgarle a Auschwitz”.
Miembros de las agrupaciones de derechos humanos siguieron el debate desde uno de los palcos del recinto. En el otro se ubicaron los padres y docentes de los alumnos de las escuelas navales y sus acompañantes. Entre ellos, un pelado alto de camisa, corbata y campera de cuero que aseguró que estaba allí para “resistir” y “defender a las Fuerzas Armadas”.
Siete representantes emblemáticos de los organismos –como Estela Carlotto, de Abuelas; Taty Almeida y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Mabel Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas– se sentaron en la primera fila del recinto, frente a la presidencia de la Legislatura, junto a la subsecretaria de Derechos Humanos de la ciudad, Gabriela Alegre. Ricardo Busacca, uno de los más fervientes opositores al convenio, intentó que se colocara a los padres de los alumnos de las escuelas navales en el mismo lugar. Le tuvieron que explicar que se trataba de una invitación de honor para las Madres y Abuelas por lo que representaban. No se dio por vencido. En cuanto pudo, pidió un minuto de silencio para uno de los egresados de la escuela de Marina Mercante que murió en junio navegando un buque de bandera hondureña. El reclamo no tenía mucha relación con el debate, pero fue concedido.
“Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”, se escuchó cuando el socialista Roy Cortina las homenajeó durante su discurso. Fue la única vez que el público intervino con algo más que aplausos o murmullos en una sesión que el presidente del cuerpo, Santiago de Estrada, elogió por “su altura”. Aunque no hubo muchas alusiones al tema, todavía quedaban ecos de la sesión del miércoles. Busacca, que sabía que su posición era ayer minoritaria, intentó una chicana: “A algunos en este recinto no nos hacen falta escribanos”.
Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria), Noemí Olivetto (Autodeterminación y Libertad) y Alicia Caruso (Partido de la Ciudad) fueron otros legisladores que defendieron el convenio, pero una de las más aplaudidas fue Florencia Polimeni, del bloque de Frente para el Cambio, que responde al empresario Mauricio Macri. Fue ella la que pidió el minuto de silencio para los desaparecidos que se hizo cuando terminó la sesión.
También fue bien recibido el homenaje que el diputado Milcíades Peña hizo al abogado Rodolfo Ortega Peña y su mención a que el Museo de la Memoria “es una aproximación a la Justicia que se alcanzará plenamente con el castigo a los culpables”.
Enterado de la ratificación del convenio, Ibarra aseguró que “el Museo de la Memoria es un espacio necesario para la reconstrucción de la memoria colectiva que además impulsará iniciativas vinculadas con el desarrollo social, la educación, la salud, el arte y la cultura”. Destacó que la reivindicación de los desaparecidos “no es sólo una obligación ética y moral inclaudicable, sino también nuestra responsabilidad como gobernantes y legisladores comprometidos con la búsqueda de la verdad y la justicia”.