El Consejo de la Magistratura se resiste a abandonar los privilegios que benefician a gran parte de sus funcionarios. Así quedó demostrado en el plenario del jueves, en el que la mayoría de los consejeros resolvió ratificar un régimen que permite a sus asesores ejercer simultáneamente la profesión de abogado. En la misma sesión decidieron mantener también, al menos por ahora, el sistema que permite a varios integrantes del cuerpo cobrar un plus por desarraigo del 35 por ciento del sueldo a pesar de que tienen cargos permanentes en Buenos Aires desde hace tiempo.
En el Consejo, encargado de evaluar la conducta de los jueces en actividad y seleccionar a los nuevos, 24 asesores de un centenar trabajan con contratos de locación de servicios y nada les impide actuar como abogados o desempeñarse en otros organismos. La diputada del ARI Marcela Rodríguez había presentado un proyecto para abolir esa prerrogativa. Si bien su iniciativa logró consenso en la Comisión de Reglamentación terminó en un rotundo naufragio en el plenario de esta semana.
La consejera explicó su argumento central a Página/12: “Hay un grave conflicto de intereses. Los asesores de los consejeros y del jurado de enjuiciamiento pueden tramitar causas ante los jueces que deben acusar y destituir o ante magistrados y secretarios a quienes deben evaluar en los concursos del Poder Judicial”.
La mayoría de los agentes que gozan del beneficio del ingreso múltiple cobran en el Consejo sueldos equiparables a los de jueces o secretarios, que oscilan entre 2500 y 8000 pesos. La propuesta de Rodríguez sólo tuvo apoyo de los consejeros-jueces Claudio Kiper y Victoria Pérez Tognola. Los votos en contra fueron doce. El senador justicialista Miguel Pichetto fundamentó: “Es una cosa de los porteños creer que es malo que la gente quiera hacer plata (hizo un silencio y agregó)...legalmente”. Su par Jorge Yoma se le sumó: “¿Qué buscamos? ¿Crear un estado policial sobre nuestros asesores?”. El radical Carlos Prades dijo que el proyecto de la diputada del ARI le parecía “egoísta” y advirtió que podría afectar a las leyes provinciales que permiten el ejercicio profesional a funcionarios.
La polémica duró cerca de dos horas e incluyó otro intríngulis, el de los miembros del Consejo de la Magistratura que reciben sobresueldos por desarraigo. Son en total 25 y al menos seis de ellos están en forma permanente en Buenos Aires porque tienen cargos fijos. Según la reglamentación vigente, quienes en su documento de identidad exhiban domicilio a más de 100 kilómetros del lugar de trabajo pueden pedir el extra, que es el 35 por ciento del sueldo, más un pasaje ida y vuelta en avión por cada fin de semana. Algunos salarios, también en este caso, llegan hasta los 8000 pesos.
La modificación del régimen de desarraigo fue otra idea impulsada por Rodríguez. Propuso eliminar el plus para los funcionarios con designación estable y para los asesores que cumplen tareas de tiempo parcial con contratos de locación de servicios. Planteó, además, la necesidad de fijar mayores requisitos para constatar el domicilio real como, por ejemplo, exigir boletas de servicio público a nombre del beneficiario. De esta manera, sólo podrían cobrar la suma adicional los empleados de planta transitoria.
En febrero último, la diputada Rodríguez y el consejero-abogado Beinusz Szmukler pidieron, con aval del pleno, un informe completo sobre quiénes cobran desarraigo y si cumplen o no con las condiciones. La encargada de elaborar esa auditoría era Cristina Akmentins, la administradora general del Consejo, quien cobra el controvertido plus con un cargo permanente y uno de los salarios más altos. Al final, optó por delegar el asunto en una de sus secretarias.
En el debate del jueves defendieron el sistema de desarraigo con fervor Prades, Pichetto y el senador Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador de Salta). Centraron su discurso en supuestos “derechos adquiridos”. Este tema volverá a la Comisión de Reglamentación para un nuevo debate, pero no hay plazos para una definición. Mientras tanto, el Estado seguirá pagando el sobresueldo.
Rodríguez dio otra vuelta de tuerca para relacionar los dos regímenes en discusión. “Muchos de los mismos que cobran desarraigo pueden, además, litigar como abogados en otras provincias (con viajes subvencionados) y, encima, en algunos casos tienen salarios más altos que los de los propios diputados”, dijo. “Esto parece una fiesta”, estalló en medio de la sesión.