La situación del gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, es cada vez más complicada. Ayer, la Comisión de Juicio Político aconsejó a la Legislatura provincial iniciar el proceso contra el mandatario radical, quien también fracasó en un intento por trabar el trámite a través de la Justicia. “No voy a fracasar”, prometió ayer un debilitado Montiel, que juega todas sus cartas a la presión que, desde la Capital, viene ejerciendo cada vez más abiertamente el ex presidente Raúl Alfonsín.
De los tres pedidos de juicio político presentados contra Montiel, la comisión decidió dar lugar al que elaboró el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), que lo acusó por mal desempeño de sus funciones, violación de las constituciones nacional y provincial e infracción del Código Penal.
La denuncia se basa en la falta de remisión de los aportes de los empleados públicos a la Obra Social provincial, la demora en la remisión de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los municipios, la capitalización indebida del Instituto del Seguro y de la empresa Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER). Además, se lo acusa por el mal desempeño policial el 20 de diciembre, durante la represión en Paraná.
Lo de ayer es un paso más, quizás uno de los últimos, de un proceso de desgaste político que comenzó hace más de un año, cuando Montiel se encontró con una crisis económica y social imparable, que lo impulsó a emitir bonos para pagar los sueldos y hasta a cerrar durante tres días todos los organismos del Estado.
“No voy a renunciar y ni siquiera voy a tener que dejar el cargo provisoriamente, porque el juicio no prosperará”, dijo ayer Montiel que, antes de que la comisión fallara en su contra, había fracasado en un intento por trabar el expediente por vía judicial. Ayer, la jueza Susana Medina de Rizzo rechazó por “improcedente” un recurso presentado por los abogados del mandatario, quienes alegaron que Montiel “no tuvo garantizado el derecho a defensa” durante el proceso.
El objetivo del radical era ganar unos días hasta que el recurso llegara al Superior Tribunal de Justicia, donde la decisión quedaría en manos de los cinco miembros incorporados al cuerpo durante su gestión.
Pero la maniobra fracasó y Montiel decidió jugar otras cartas. Por eso, el radicalismo entrerriano convocó para hoy a un congreso extraordinario, en el que se solicitará a los legisladores de ese partido que anticipen el voto que sostendrán durante el debate por el juicio político. No se descarta que los legisladores díscolos sean separados de las filas de la UCR por inconducta partidaria.
La Cámara de Diputados está integrada por 28 legisladores, de los cuales 11 son radicales, 13 peronistas y 4 de Intransigencia para el Cambio (aliancistas disidentes). Para poder sesionar, la Cámara necesitará 21 legisladores, por lo que el peronismo deberá sumar, además de los aliancistas disidentes, al menos otros cuatro votos del radicalismo.
En el resultado final de la pulseada influirá la presión que viene ejerciendo Alfonsín. Amigo de Montiel desde hace años, el ex presidente amenazó al ex gobernador peronista de Entre Ríos, Jorge Busti, con romper su acuerdo con el Gobierno si avanzaba el juicio político.
Ayer, además de redactar un comunicado de respaldo del Comité Nacional de la UCR, Alfonsín se comunicó con el diputado provincial Hernán Burna, que aunque pertenece al radicalismo posibilitó que la comisión aprobara el dictamen. “Le advierto a usted y transmítale a sus pares que, de prosperar el juicio político, tengo que renunciar a mi banca y le estoy ya mismo hablando al presidente (Eduardo) Duhalde de lo que está ocurriendo en Entre Ríos”, fue, según el diputado, la sutil amenaza de Alfonsín.