Por Daniel Rodríguez *

El gobierno de Aníbal Ibarra presentó públicamente un nuevo proyecto de Ley Electoral. El jefe de Gobierno manifestó a la prensa que la disposición constitucional de dividir la ciudad en comunas fue un error de la Asamblea Constituyente. Posteriormente el presidente del bloque del Frepaso en la Legislatura porteña explicó que este proyecto era el primer paso para avanzar sobre la Ley de Comunas y el Presupuesto Participado, dado que era necesario “corregir la insuficiencia con que la Constitución de la Ciudad incorporó estos temas en 1996”, agregando, respecto al presupuesto participado: “La Constitución enuncia facultades muy amplias pero de dudosa aplicación práctica”.
La población asiste incrédula a la pretensión de pasar impune cuando se enarbolaron las banderas más arriesgadas desde el llano para luego afirmar desde el Gobierno que son de imposible cumplimiento. Es que por esos “errores”, la ciudadanía optó en las elecciones a jefe de gobierno por la Alianza gobernante: existía la promesa de descentralizar el Poder Ejecutivo, hacer participativo el presupuesto, licitar los grandes contratos como el de la recolección de residuos, la recaudación de impuestos, etc. Nada de eso ocurrió.
Entre aquellos enunciados de la Asamblea Constituyente que se hicieron enarbolando las banderas de grandes transformaciones sociales y bajo los ejemplos de gestión participativa de Barcelona o Porto Alegre y estas alquimias electorales, se evidencia con lamentable crudeza una fuerte decadencia política.
Ahora bien, en los veinte artículos y las tres disposiciones transitorias de proyecto recientemente presentado no se habla de las comunas o del Presupuesto Participado. Se ignoran nuevamente las disposiciones de la Constitución sobre la división de la ciudad en comunas que debió haberse implementado a más tardar el 1º de octubre del 2001. Este proyecto electoral, que pretende consumar la derogación de la Constitución mediante una ley, tiene como único objetivo evitar la diáspora de los cuadros de la propia fuerza gobernante en la ciudad, pero a su vez fomentará que sólo aquellas personas que posean grandes recursos económicos puedan presentarse como candidatos “independientes”.
Desde nuestro punto de vista, aún persiste el desafío transformador basado en la descentralización del poder en la ciudad, el fomento de la participación ciudadana en la asignación de los recursos públicos y una gestión eficiente que priorice la atención de los compatriotas más humildes.
* Auditor general de la Ciudad de Buenos Aires.