El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires tiene como fin controlar el uso que los funcionarios –del gobernador a los intendentes, pasando por los legisladores y los jueces– hacen del dinero público. Su trabajo es auditar las cuentas oficiales. Si detectan casos de fondos gastados sin la correspondiente justificación, el responsable debe devolverlos de su bolsillo, mientras que las irregularidades más graves se castigan con multas. En los últimos tres años, sin embargo, el Tribunal viene demostrando una marcada inclinación por el perdón: como inspirados por una misericordia sin límites, las sanciones son transformadas en simples llamados de atención; las devoluciones de fondos son disculpadas o postergadas y las multas quedan suspendidas con los argumentos más insólitos. Los empleados que todavía insisten en investigar son tildados de “irracionales” o reciben advertencias de que se están metiendo en lo que no les corresponde. Tanta indulgencia es obra de una mayoría automática conformada por tres de los cinco vocales del Tribunal. Aunque todos son radicales, los beneficiarios de su perdón pertenecen indistintamente a la UCR, el PJ o el Frepaso.
El sistema coexiste con un fenómeno político: el de la sostenida armonía que el gobierno justicialista mantiene con sus opositores de la Alianza en una provincia donde los indicadores del deterioro social no pueden ser más graves. Si Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf gobernaron sin mayores cuestionamientos, Felipe Solá no está teniendo menos suerte.
Los tres vocales que hacen y
deshacen en el Tribunal de Cuentas saben cómo utilizar su poder: de agosto del ‘99 a marzo de 2001, los contadores del organismo fijaron cargos y multas por tres millones y medio de dólares, pero la mayoría automática sólo permitió que se aplicaran sanciones por 33 mil pesos.
Los casos incluidos en este cálculo abarcan los fallos de una sola de las cinco vocalías en que está dividido el organismo. Los ejemplos que se relatan a continuación fueron seleccionados de un listado mayor de 30 expedientes, todos con disculpas y eximiciones por el estilo.
“Difícil de auditar”
En 1996, el entonces ministro de Asuntos Agrarios Jorge Althabe viajó a Moscú y Munich junto a su jefe de Gabinete, el licenciado Eduardo Vilar, y su encargado de prensa, Félix Lugones. Los funcionarios gastaron en total 65 mil dólares, 18 mil de los cuales no justificaron. La vocal Cecilia Fernández consideró entonces que, si no había tickets, facturas o comprobantes de ningún tipo, el ministro y sus ayudantes debían devolver los 18 mil pesos.
Pero su par Miguel Teilletchea, miembro de la mayoría automática junto a Héctor Giecco y Eduardo Grinberg, opinó distinto. “A mi juicio no es necesario rendirlos, ya que es materialmente imposible obtener comprobantes de todos los gastos que se efectúan” en el extranjero, intercedió. “Especialmente los referidos a traslados, propinas y gastos telefónicos.”
Los imputados habían tenido tres años para reunir las facturas faltantes y se les había dado oportunidad de hacer su descargo, sin que llevaran a él ningún documento válido. Tratando de reunir todos los elementos legales para juzgar el caso, los técnicos rastrearon la autorización para el viaje a Rusia y Alemania con sus viáticos. Ambos habían sido avalados por el gobernador Duhalde, en un decreto que establecía que el dinero era otorgado “con cargo a rendir cuenta documentada de la inversión, en concepto de traslado, estadía y por gastos de organización”.
Aun así la mayoría automática mantuvo su postura. Los vocales Giecco y Grinberg apoyaron el voto de Teilletchea, quien agregó que cada investigado había gastado un promedio de 600 dólares diarios, “suma absolutamente razonable”. El argumento final para saldar la cuestión es inolvidable: Teilletchea sostuvo que “los gastos efectuados en idiomas desconocidos” son difíciles de auditar. Atento a lo cual propuso aprobar el desembolso de 18 mil dólares “sin otra observación”. Así se hizo.
Un análisis
Mientras fue ministro de la Producción, Carlos Brown contrató a su hermano Tadeo para que realizara en la ciudad de Córdoba “un estudio de mercado” sobre la conveniencia de instalar allí una Casa de la Provincia de Buenos Aires. El contrató se firmó en 1994. Tres años más tarde, Tadeo no había terminado el estudio de factibilidad, pero el ministro tampoco parecía apurado por abrir la Casa. Como durante todo ese tiempo el hermano había cobrado su sueldo, los técnicos del Tribunal creyeron conveniente desaprobar tal gasto y exigir su devolución. Sólo en relación al ejercicio 1996, el ministro Brown debía reintegrar 14.400 pesos y una multa de 856.
Pero otra vez terciaron los salvadores. Los vocales Teilletchea, Grinberg y Giecco sostuvieron que tal reclamo pretendía formular cargos analizando “la idoneidad del señor Tadeo Brown o los avances en la tarea encomendada”, sin haber investigado en profundidad si Tadeo había desarrollado otro tipo de trabajos. Los vocales ofrecieron una pista: “Según los responsables (del ministerio)”, marcaron, “a partir del año 1995 se han realizado muestras de productos bonaerenses en la ciudad de Córdoba, lo que podría probar la actividad desarrollada”. Dicho lo cual el cargo y la multa quedaron “en reserva”, que es la fórmula para suspender su cobro hasta una nueva revisión.
Los cargos iniciales fijados en el expediente desaprobaban gastos por 97 mil pesos. Tras el análisis de los tres vocales esa suma se redujo a 2357. En cuanto a las multas que los funcionarios debieron pagar de su patrimonio, se redujeron a la menos de la mitad.
Aviones
¿A quién le gusta viajar en auto pudiéndolo hacer en avión? A Néstor Casali, ex director provincial de Agricultura, no. En sólo cuatro meses el hombre realizó, como si se tratara de traslados de trabajo, 13 vuelos a Bahía Blanca, ciudad donde se domicilia, con gastos pagos por la provincia. La ley limita el uso de los pasajes aéreos para casos de urgencia, por razones de economía o bien cuando no existen líneas ferroviarias o automotores que lleguen a ese destino. El criterio básico, por si hace falta mencionarlo, es que el Estado paga cuando el motivo del viaje es de trabajo. Casali no pudo probar que este fuera su caso.
Los contadores dictaminaron, por lo tanto, que debía reponer 3.342 pesos. Error: la mayoría automática explicó que no había habido un uso abusivo del transporte aéreo. El argumento de los vocales fue que la ley que restringe la utilización de pasajes de avión había quedado vieja, inadecuada para el ritmo de la vida moderna. Además, sostuvieron los vocales, que Casali viva en Bahía Blanca no prueba nada. “El sólo hecho de su domicilio en la ciudad de Bahía Blanca no es un argumento valedero para sostener el cargo propuesto a un funcionario con nivel de Director Nacional”, votó Teilletchea. Se dejó “constancia de la inobservancia, sin otros alcances”.
En otras oportunidades fue más sencillo. Puestos a juzgar la situación de Sergio Lorusso, subsecretario de Agricultura y Ganadería, quien alegando “razones de urgencia” se tomó un avión a Mar del Plata el 30 de enero y volvió un mes más tarde, los vocales decidieron escuchar el descargo del imputado. Lorusso dijo que se trataba de un error de tipeo en la fecha de regreso del boleto. Los tres jueces le creyeron.
El osobuco de Remes
Para el final, el expediente más insólito. El beneficiado fue el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, quien como jefe de Hacienda de la provincia rindió bajo el rubro “Encuentros Económicos Sectoriales” más de 50 mil dólares con facturas de supermercado de artículos tan variados como comida para perros, ropa para dama, osobuco y antitranspirantes.
Los contadores se quedaron perplejos. Según definición del propio Ministerio, los Encuentros Económicos Sectoriales habían reunido a “autoridades nacionales, provinciales, municipales, representantes de fuerzas del trabajo y la producción” tanto del país como del exterior, a quienes Economía homenajeó convenientemente.
Bajo esa columna de gastos de agasajo aparecieron nueve boletas de la Heladería Plums a nombre de Pablo Remes, hijo del ministro. Vale la pena transcribir otros puntos: hígado Gati, Clear Acné, cuatro cajas de cotonetes, un pote de vaselina, varias revistas Tía, repuestos Rivadavia, varios paquetes de Siempre Libre.
Los técnicos se negaron a aprobar gastos por 50.617 pesos, dictamen inicial respaldado por la vocal Fernández. El presidente del tribunal, Eduardo Grinberg, reaccionó como si la contadora hubiera perdido la razón. Cecilia Fernández había planteado como cuestión básica que no veía manera de relacionar esos gastos con los Encuentros productivos. Grinberg le hizo notar que su opinión no había sido fundamentada. “Las situaciones de imposibilidad deben ser precisamente detalladas para sustentarlas. De lo contrario son inadmisibles”, le advirtió.
De paso, la trató de corta: “Durante el año se realizó más de un Encuentro por semana. Es inconcebible que la Relatoría no pueda relacionar ninguna de las órdenes de pago con alguno de esos encuentros”. Grinberg dejó sentado que la vocal Fernández se estaba metiendo donde no debía y en su voto sostuvo que la contadora estaba “excediendo en su actividad el límite de la legalidad.
La mujer se mantuvo en sus trece. Dispuesta a llevar las cosas hasta el final, repasó el caso: ¿podía vincular el presidente del tribunal los dos kilos de osobuco, las toallas femeninas o una bolsa de Gatti de pescado con un agasajo a los representantes de la industria nacional y extranjera? ¿Era razonable que el ministro Remes Lenicov considerara como “Encuentro Económico Sectorial” el acto de jura de Pettigiani en la Corte y pasara gastos por eso? ¿Tenía sentido que Remes, invitado a dar una conferencia por la Universidad de Belgrano, hubiera debido agasajar al anfitrión o a los concurrentes?
Le salió al cruce el vocal Teilletchea, quien insistió en que la contadora opinaba sobre lo que no debía. “Existe una extralimitación”, dictaminó. El tercer vocal de la mayoría automática, Héctor Giecco, adhirió a Teilletchea. “Además”, subrayó retomando los argumentos de su colega, “carece de razonabilidad que no pueda relacionar las órdenes de pago con ningún Encuentro”. Todo quedó escrito en el fallo resolutorio del expediente 156/96, firmado en febrero de 2000.
Algunos trabajadores del Tribunal han intentado que se investigue el tema para abrir un jury de enjuiciamiento, pero hasta ahora nadie demostró interés en hacerlo. Los casos que aquí se detallaron están en poder del gobernador Felipe Solá y del contador general de la Provincia. Copias de ellos también fueron enviadas a las cámaras de Diputados y Senadores, donde a ninguno de los legisladores les ha llamado la atención el comportamiento de los jueces del Tribunal.