Aunque sólo se salvó de la quiebra mediante la descarga de 2300 millones de dólares de clavos en la tesorería bonaerense y la toma de redescuentos del Banco Central por otros 2000 millones de pesos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires consume nueve millones de pesos anuales en el pago a un centenar de asesores, algunos tan calificados como dos hijas y una hermana del senador Eduardo Duhalde. Esta inmoralidad ocurre al mismo tiempo que la madre de las chicas intenta conmover a funcionarios estadounidenses con el relato de las penurias que pasan los cada vez más millones de miserables en la Argentina. Su agenda en Washington fue concertada por agencias de lobby cuyos contratos cuestan medio millón de dólares al año y que fueron elegidas por el vocero presidencial Eduardo Amadeo, precisamente el ex presidente del Banco Provincia que comenzó a endeudarlo hasta más allá de sus posibilidades. El objetivo expreso de Amadeo es desfondomonetizar la relación con Estados Unidos, aunque es improbable que el gobierno estadounidense y los organismos financieros internacionales sean indiferentes a estos ejemplos flagrantes de corrupción en lo más alto del poder.
En la nómina de pagos del Banco también hay dos secretarios de Estado, un hijo del ministro de Economía Jorge Remes, un hermano del gobernador Felipe Solá, el hijo del presidente de la Suprema Corte bonaerense y candidato oficial a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y un columnista del diario La Nación. Los nueve millones de pesos que insumen esos contratos, que además del sueldo básico incluyen el pago del impuesto a las ganancias, viáticos, incentivos por productividad, ayuda familiar y aseguradora contra riesgos de trabajo, equivalen a cinco mil planes de ayuda a jefes de hogar con los que Duhalde intenta recomponer las relaciones de su partido justicialista con los sectores indigentes de la sociedad, como se explica en otra nota de esta página. Lo que le cuestan al Estado su hermana y sus hijas permitiría paliar con ese tipo de subsidios la miseria de 95 personas. El Banco Provincia ha sido la mayor caja política bonaerense y ha eludido las disposiciones de la ley de emergencia que pone un tope a las remuneraciones provinciales, que no pueden superar la del gobernador. Su anterior presidente, Rodolfo Frigeri, era al mismo tiempo diputado nacional, lo mismo que Remes Lenicov cuando presidía una de las empresas del grupo, Orígenes. Mediante la acumulación de cargos, en el directorio del banco y en una o más de las empresas del grupo Banco Provincia, muchos funcionarios sortean la limitación y ganan mucho más que el propio gobernador. El Tribunal de Cuentas de la provincia, en manos del radicalismo, se interesó por la anomalía. Pero no se le permitió revisar las cuentas, y no insistió. Se comprende: también allí la combinación de sueldos más incentivos burla las disposiciones de la ley de emergencia.
Los secretos del Pentágono
La suma total que el Banco Provincia dilapida en alimentar a parientes, amigos y colaboradores es un secreto mejor guardado que los del Pentágono. Los contratos de este tipo eran unos 250. De ellos un centenar provenían de la administración anterior del banco, a cargo de Rodolfo Frigeri, y el resto de la actual, encabezada por el cavallista Ricardo Gutiérrez. Unos 70 se liquidaban mediante facturas de consultoría y 180 en la nómima de planta. Para disminuir este rubro demasiado evidente, Gutiérrez pasó otros 65 casos a contratos de consultoría. Lo único que por ahora este diario pudo conseguir es la reducida nómina recién blanqueada, de poco más de un centenar de casos. Algunos están bien disimulados. Por ejemplo, la hermana del gobernador figura como María D. de Garramuño. Hay que ser un conocedormuy profundo de las intimidades provinciales para saber que en realidad se trata de la popular hermana Cristina. Su nombre completo es María Cristina Duhalde y está casada con Héctor Garramuño, ex vicepresidente de la empresa provincial de Energía, ESEBA, y actual director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal. Durante la gobernación de su hermano, Cristina fue titular provincial del programa de asistencia social PROMIN. El registro público de sus actividades no es muy abundante. En 1997 se manifestó en favor de la decisión del intendente de Olavarría, Helios Eseverri, quien había prohibido un recital de la orquesta Los Redonditos de Ricota y su cantor Patricio Rey. El 19 de febrero de este año, “La Nación” la mencionó como una de las colaboradoras de su cuñada Hilda González y dijo que atendía “llamadas del Call Center Social de la Casa Rosada (sic) junto con dos hijas del matrimonio Duhalde, Agustina y María Eva”. El diario la llama “Cristina Duhalde de Muño” (sic). La señora Duhalde de Garramuño le cuesta al Banco Provincia 7.671 pesos mensuales.
Amados niños
Las hijas de Duhalde que pesan sobre el erario público son Analía y María Eva. Analía insume sumando todos los rubros 3394 pesos mensuales. Su hermana bautizada con esos nombres en homenaje a la Abanderada de los Humildes, María Eva Duarte de Perón, significa para el banco una erogación mensual de 3.373,16 pesos. Para que no se sientan solas, las acompaña en la lista de pagos Claudio Javier Remes, hijo del ministro de Economía de la Nación. Claudio le cuesta al Banco Provincia 2.772,59 pesos mensuales. Otro hijo bien remunerado es Juan Manuel Hitters, con 4314,37 pesos mensuales. Su papá, Juan Carlos Hitters, es el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y uno de los dos candidatos de Duhalde para reemplazar en la Corte Suprema de la Nación a algunos de los jueces menemistas cuya renuncia se está negociando para hacer lugar a los hombres de la nueva conducción nacional. La saga familiar se completa con Ignacio Pablo Solá, hermano del actual gobernador. Con un básico de 3.086,42 pesos mensuales, Ignacio insume por todo concepto 4277,20 pesos cada 30 días. El gobernador Solá dijo a este diario que su hermano es veterinario y trabaja todos los días en el banco como asesor del director a cargo del otorgamiento de los créditos agropecuarios. El viernes agregó en una declaración pública que como todos los mencionados trabajaban en forma efectiva en el banco, no había delito alguno. Solá, como el conjunto de la clase política, no parece advertir la profunda inmoralidad que implica la designación de familiares o amigos de los gobernantes en cargos estatales con remuneraciones que duplican, triplican e incluso quintuplican los ingresos que percibe el 90 por ciento de la población.
Otra categoría llamativa entre los asesores del Banco Provincia es la de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Uno de ellos es Fernando Maurette, una de las dos manos derechas del actual canciller Carlos Rückauf, a quien acompaña desde hace más de una década. En la investigación del fiscal federal Gerardo Di Massi sobre la gestión de Rückauf en el ministerio del Interior, donde dejó sin rendir gastos administrativos, con un perjuicio para la administración pública de más de seis millones de dólares, Maurette aparece en un papel descollante. Como Secretario de Coordinación del ministerio pedía fondos adelantados contra la firma de un simple memorándum, con lo cual eludía el control previo a la realización del gasto, que según la ley debe incluir la descripción del bien o servicio, la justificación de su necesidad, la cantidad y especificaciones técnicas, el costo estimado y el lugar y plazo de entrega o la prestación. Para colmo, el mismo Maurette recibía el dinero y firmaba el recibo correspondiente. Maurette también retiraba 104.000 dólares mensuales para los gastos protocolares de Rückauf y otros funcionarios, sin documentación respaldatoria. Cuando Duhalde fue designado paracompletar el mandato presidencial de Fernando De la Rúa, Rückauf ocupó la Cancillería y Maurette la secretaría de asuntos militares del ministerio de Defensa. El Banco Provincia dedica a Maurette 9875,36 pesos mensuales. En su misma condición se encuentra el secretario de provincias del ministerio de Economía, Juan Carlos Pezoa. Como Gutiérrez, Pezoa proviene de las filas del cavallismo y ya ocupó el mismo cargo, pero en el ministerio del Interior, durante la presidencia de Carlos Menem. Cada mes, Pezoa le cuesta al Banco Provincia 9819,31 pesos. Con 5.051,48 pesos mensuales de costo para el Banco, figura también en la lista Marisa Lila Alfiz, una administradora gubernamental que hasta la semana pasada estuvo a cargo de la subsecretaría de Coordinación y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de ministros, a donde llegó durante la gestión del menemista Jorge Rodríguez. También trabaja en la consultora en la que el presidente del Banco, Ricardo Gutiérrez, es socio del ex vicejefe de gabinete, Marcos Makón. Al terminar la presidencia de Menem, Alfiz se acogió al programa de retiros voluntarios y dejó su puesto a cambio de unos 200.000 dólares. El programa de retiros inhibe a sus beneficiarios de percibir ingresos estatales durante un lustro. Alfiz, que no es justicialista sino radical, aduce que sólo realizó un trabajo de consultoría durante cuatro meses, que concluyó el 15 de diciembre. Además de Marisa Liliana, también Irene Gabriela Alfiz integra la nómina.
“Trabajos profesionales”
La completan una cantidad de personajes menores, vinculados con el resto del directorio, incluyendo a los representantes de la mal llamada oposición, el radical Roberto Frenkel y el frepasista Oscar Cuattromo. Una presencia llamativa es la de Néstor Oscar Scibona, cuyo notable parecido físico con el viceministro de Economía Jorge Todesca ha dado lugar a confusiones graciosas en el Banco Provincia, del que Todesca fue vicepresidente hasta su designación en Economía. Ex director del diario de negocios El Cronista, Scibona es ahora columnista del matutino La Nación, donde fustiga a “la corporación política” por su resistencia a la reducción del gasto, “como si tuviera otras oportunidades, y sin advertir que cuanto más tiempo tarde la salida de la crisis puede ser mucho más traumática y violenta” (13 de enero) y señala el sobredimensionamiento del sistema financiero “frente a la drástica reducción de los depósitos y el actual tamaño de la economía formal” (7 de abril). Scibona también es autor de textos significativos sobre Periodismo y Etica. “La gente le tiene desconfianza al Estado, que se revela como una fuente de corrupción, no ya a nivel individual, sino estructural, sistemático” y “recurre a los medios a falta de una mejor opción”, escribió. Consultado para esta nota, dijo que Gutiérrez lo había contratado para “elaborar documentos sobre reformas estructurales al Banco Provincia y para organizar desayunos y almuerzos de trabajo con profesionales”. Scibona no ve incompatibilidad alguna entre el ejercicio del periodismo y el contrato laboral con el Estado. “En el banco no hago prensa ni comunicación. En el diario soy columnista externo, free lance Son dos trabajos profesionales en los que uso mis conocimientos”, dijo. El costo de sus tareas para el Banco Provincia es de 6516,07 pesos mensuales, o 43 subsidios y medio para miserables.