“Comunicarse por videoconferencia con las cárceles les evitaría a los jueces tener que sentir el olor a preso. Me lo comentaron varios magistrados en Estados Unidos, donde usan ese sistema.” Jorge Casanovas, ex ministro de Justicia bonaerense y hoy diputado, salió en defensa de un proyecto que pretende transformar el contacto personal entre los detenidos y el juzgado del que dependen en una imagen electrónica. Fue durante el último plenario del Consejo de la Magistratura, donde se discutió la propuesta enviada el año pasado por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. El comentario del ruckaufista dejó mudos incluso a los consejeros que venían apoyando la iniciativa, porque desnudó los problemas de fondo: el maltrato a los reclusos, sus condiciones de detención, la falta de mecanismos que les garanticen el acceso a sus expedientes y el desprecio por sus derechos y necesidades.
Durante la sesión del jueves en el Consejo, Casanovas se deleitó describiendo las maravillas de los penales norteamericanos, sanos y limpios según su relato.
–Los presos de Guantánamo no opinan lo mismo –le contestó el consejero Beinusz Szmukler.
Al retomar el asunto de la videoconferencia, Casanovas, uno de los primeros asesores que tuvo Juan Carlos Blumberg en sus apariciones iniciales en TV, contó que en sus tiempos de ministro de Carlos Ruckauf pudo probar el sistema. “Los presos se podían comunicar con el juez, más allá de que detrás de cámara hubiera alguien pellizcándolos”, dijo mofándose de los opositores de la implementación del método.
El punto de partida de esta discusión es un proyecto que elaboró la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, que está a cargo de Martín Montero, un ex secretario de la fallecida camarista menemista Luis Riva Aramayo que llegó a funcionario público de la mano del interventor de Santiago del Estero, Pablo Lanusse. El plan fue enviado al Consejo de la Magistratura, para su aprobación y reglamentación, en los tiempos en que reinaba Gustavo Beliz en Justicia. Impulsa la comunicación entre presos y jueces por videoconferencia para realizar, dice, “distintos actos procesales” que no aparecen especificados. La intención, según los fundamentos, es evitar el traslado de quienes están privados de su libertad para agilizar los trámites, reducir costos y ahorrar intentos de fuga.
El tema fue analizado por los consejeros de la Comisión de Administración, encabezada por la jueza Victoria Pérez Tognola. En mayo firmaron un dictamen mayoritario en apoyo a la reforma. Los papeles aterrizaron en el plenario del jueves.
La defensa encendida, con toques de ironía, que hizo Casanovas, descolocó incluso a varios consejeros propensos a pensar que las cámaras de video harían un favor a los pobres presos, sometidos a largas esperas cada vez que los llevan a declarar o hacer una diligencia a tribunales. El debate terminó por congelarse con un anuncio sorpresivo del presidente del Consejo y la Corte Suprema, Enrique Petracchi: avisó que tenía un planteo en disidencia que puso a circular por escrito. Estaba en línea con uno anterior que había elaborado la diputada-consejera Marcela Rodríguez (ARI), al que Szmukler adhiere, y en sintonía con un severo documento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que advertía sobre la violación de garantías constitucionales en puerta.
De todas esas objeciones se desprende una idea común: tal como está formulada la propuesta oficial no parece destinada a ayudar en nada a los detenidos sino todo lo contrario. ¿En qué se basan?
- Todos señalan que el proyecto es impreciso y no puntualiza para qué fines se usaría la videoconferencia. Por ende, los jueces la podrían aplicar para cuanto se les antoje, desde denuncias de los internos hasta notificaciones o declaraciones indagatorias.
- Petracchi, por ejemplo, pone en duda el uso de este método electrónico en casos de “hábeas corpus donde podrían estar denunciados funcionarios del Servicio Penitenciario por apremios ilegales”. Rodríguez señala que ese procedimiento, que por su propio significado implica “traer el cuerpo”, requiere como tal “la presencia del detenido ante el juez o el traslado del juez al lugar”. “No se explica –agrega– cómo el juez podría conocer las circunstancias que aquejan al detenido si delante de él se encuentran las autoridades a las que pretende denunciar.” “¿Su propio carcelero, el que lo tortura o consiente los abusos, es el que lo va a estar filmando?”, pregunta al hablar con este diario.
- La consejera del ARI, como Petracchi y el informe del Inecip marcan casi los mismos puntos oscuros: no se sabe cuál será el campo visual de la filmación, cómo se constatará que el preso declare libremente y sin presión, qué fidelidad tendrán la imagen y el sonido, cómo se garantizarán la continuidad de la transmisión y la inviolabilidad del sistema, ni qué elementos técnicos se utilizarían, ni qué empresa se encarga de esta tecnología, entre otras cosas.
- Si los jueces toman indagatoria por videoconferencia, sostiene la diputada, se violarían garantías constitucionales. “La razón de la presencia del imputado ante el juez no es otra que la de garantizar que al momento de dicho acto el detenido no se encuentre coaccionado, esto es, que no sea obligado a declarar contra sí mismo.”
- El Inecip, y Petracchi también, recuerda que “la inmediación”, o sea el contacto directo de los presos con el juez, es un principio básico que se vería restringido. También se violaría la “igualdad ante la ley” de los imputados que están presos respecto de los que están en libertad y son bien recibidos en el juzgado.
- En un sistema penitenciario como el Federal, advierte el Inecip, que preside David Baigún, lo último que hace falta es un modelo “burocrático” y “estático” de “administración de Justicia”. Ante “deterioradas condiciones de detención, sobrepoblación, bajos índices de transparencia y trato violento” de que son víctimas los presos, haría falta una “intervención presencial del Poder Judicial”, agrega. Un ejemplo reciente: hace menos de dos semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Gobierno que informe cada quince días sobre medidas de protección de la salud y cuidado de la integridad física de los internos de los penales de Mendoza a raíz de la muerte de doce de ellos en lo que va del año.
- Todas las presentaciones reclaman información: cuál es el costo actual del traslado de detenidos y cuánto se ahorraría con la videoconferencia, cuántos detenidos son llevados por día a tribunales, qué empresa suministraría, sus antecedentes y cuántas terminales se requieren en los juzgados para generalizar el procedimiento. Por ahora, todo es un misterio.
El Consejo, en un rapto de sensatez, mandó el proyecto a la Comisión de Reglamentación y allí se verá en qué queda. Algunos funcionarios del Poder Judicial consultados por Página/12 intentaron rescatar algo de la polémica: al menos, decían, evidencia que además de las deterioradas condiciones en las cárceles no hay mecanismos que aseguren el acceso de los presos desde allí a la Justicia. “El juez es la única persona con la que cuenta el detenido y que lo puede separar de la arbitrariedad del Servicio Penitenciario, pero no hay nada que le garantice llegar a él. Tampoco existe un régimen para que pueda saber regularmente en qué está su causa”, explicó un magistrado.
Años atrás la Cámara del Crimen obligaba a los jueces a visitar los penales, recordó un funcionario judicial, pero en los noventa esa regla perdió vigor cuando la responsabilidad pasó la Cámara de Casación Penal. El procurador penitenciario, Francisco Mugnolo –cuya función es proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad– confirmó que, igual que Casanovas, muchos jueces tienen aversión al “olor a preso”. “Deberían tener contacto con los detenidos, ir a la cárcel o recibirlos. Son responsables de su situación. Pero no lo hacen. La videoconferencia no arregla nada, puede empeorar las cosas. Quizá con otra idiosincrasia podría funcionar, pero no en la Argentina.”