Por E. T.

Hay cosas que parecen servir tanto para un barrido como para un fregado. Así pareció entenderlo el senador santacruceño por el radicalismo Carlos Prades al presentar, hace un mes, una iniciativa parlamentaria sobre el régimen del Programa de Propiedad Participada de YPF. Reprodujo casi en su totalidad los fundamentos que el senador chubutense del peronismo Marcelo Guinle había formulado en marzo, al ingresar un proyecto de comunicación sobre el mismo tema. Más allá del plagio, lo cierto es que la iniciativa de Prades produjo bastante ruido en el oficialismo, ya que al reclamar que el pago establecido a los ex agentes de la petrolera estatal sea considerado “a cuenta” de lo que resulte de las futuras acciones judiciales, afirma que podría abrir las puertas para otros reclamos similares. Concretamente el caso de los tenedores de bonos en default.
El programa de Propiedad Participada fue un mecanismo con el cual Carlos Menem sedujo a los principales gremios de las ex empresas estatales. La promesa de un futuro venturoso en el que administradas por “exitosos” empresarios privados las firmas que supieron pertenecen al Estado nacional obtendrían jugosas ganancias y que de ellas participarían los trabajadores fue la zanahoria que los gremios compraron para no enfrentar las privatizaciones de los ‘90. El PPP, en la mayoría de los casos, representó el 10 por ciento del paquete accionario de las nuevas empresas. En casi todos los casos éste fue el comienzo de largos pleitos judiciales. Porque en pocas ocasiones llegó a las manos de sus legítimos dueños: los trabajadores.
Este año el presidente Néstor Kirchner firmó un decreto, el 821, que estableció pautas para que los tenedores puedan seguir un “procedimiento administrativo abreviado ante el Banco Nación Argentina” para cobrar el PPP. Además de establecer dos opciones distintas de bonos, uno el “Bono de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie” y otro el “Bono de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie 2 por ciento a su valor del 31 de diciembre de 2002”, taxativamente establece que el acogimiento a la indemnización “implicará el desistimiento al derecho y a toda acción judicial iniciada o futura y la renuncia a la acción y al derecho de cualquier acción judicial”. La fecha para optar por estos dos bonos comenzó el 29 de enero de 2004 y finalizará el 28 de enero del 2005.
Para Prades esto significa la pérdida de derechos adquiridos y reconocidos por una sentencia de la Corte Suprema. En las provincias petroleras el tema tiene su impacto. Por ello las primeras polémicas se dieron en los medios locales. Hablando con el diario Crónica de Comodoro Rivadavia Prades señaló que “el presidente Kirchner dijo que priorizaría la deuda interna y ésta es una de las más importante del país”. Allí también Prades comentó que su propuesta incluía que “el Estado pagara la diferencia entre la ley vigente (que estipula un pago promedio de 16 mil pesos) y lo que determinen las indemnizaciones”.
En diálogo con este diario, un importante senador del oficialismo no dudó en mostrar su enojo con el proyecto. “La mayoría de los tenedores de los bonos son estudios jurídicos. Es un negocio para los abogados”, comentó a Página/12. Los principales referentes del PJ en la Cámara alta no demoraron mucho en trasladarles sus consultas a los hombres del Ministerio de Economía. Ellos no ahorraron críticas. Comenzaron por considerar inconveniente que un legislador nacional presente este tipo de iniciativas al mismo tiempo que el Gobierno negocia quitas del 75 por ciento sobre los títulos en default. Al hablar de su contenido les transmitieron a los legisladores del oficialismo que “no sólo es un proyecto demagógico, también es inoportuno e ignora principios generales de las finanzas públicas”. En este punto la principal preocupación de los funcionarios de Economía es el frente externo.
En el Senado recuerdan que Prades había levantado su mano para aprobar el anterior proyecto de Guinle que le solicitaba al Ejecutivo “instruir alprocurador general de Tesoro a fin de emitir un dictamen sobre lo actuado por los funcionarios responsables del PPP”.
Por ello ponen el acento en que por lo menos unos treinta párrafos de los fundamentos del proyecto de Prades son copia exacta del presentado anteriormente por Guinle. En su despacho no ocultaban el enojo. “Es común que se citen diferentes proyectos como antecedentes para nuevas iniciativas, sin embargo copiar párrafos y párrafos cambiando alguna que otra palabra y sin hacer referencia a la fuente no es propio de un senador de la Nación”, confiaron a Página/12.