“Anoche me comuniqué con Alfonsín y me pidió que transmitiera su decisión irrevocable de renunciar a su banca si pasa algo en Entre Ríos, y esto con todas las consecuencias que traerá aparejado”, dijo ayer el gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, desesperado por el avance del juicio político que podría separarlo de su cargo.
El viernes, la Comisión de Juicio Político recomendó a la Legislatura iniciar el proceso contra Montiel. Ese mismo día, el gobernador fracasó en un intento por frenar el proceso por vía judicial. Y, en medio de una crisis económica y social gravísima, apostó sus últimas fichas a la presión partidaria.
Indignado, Alfonsín no sólo amenazó con renunciar a su banca en el Senado, sino que además se comunicó con Eduardo Duhalde para anticiparle que el acuerdo UCR–Gobierno correría peligro si prospera el juicio. Es más: en el radicalismo se comentaba ayer que el caudillo bonaerense está dispuesto viajar a Entre Ríos para hacerse cargo personalmente de la situación. La preocupación de Alfonsín es lógica: la UCR se encuentra muy debilitada a nivel nacional y conserva sólo seis provincias, de las cuales Entre Ríos es una de las más importantes.
“Cuando Alfonsín le comentó la situación el Presidente se quedó frío, porque todos tenemos ideas claras de lo que significa en la república una situación de este tipo”, aseguró Montiel.
Lo dijo ayer, frente a 240 dirigentes reunidos en el Congreso del radicalismo de Entre Ríos. El organismo rechazó “por inconstitucional, ilegal y claramente violatorio del derecho de defensa” el dictamen de juicio político contra Montiel.
Más allá de la demostración de fuerza, la jugada de Montiel tuvo un objetivo más directo: frenar a algunos legisladores radicales que habían amenazado con votar a favor de su suspensión o de su destitución. Si logra alinear detrás suyo a todos los hombres de su partido, el juicio político está destinado al fracaso.