Como no sucedía hace tiempo, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, debió responder ante los diputados una batería interminable de preguntas y críticas a la gestión del gobierno de Néstor Kirchner. Durante cinco horas, el funcionario contestó a todas y cada una de ellas, aunque siempre con un dejo de ironía. En ese lapso, el jefe de los ministros se preocupó en resaltar que el Gobierno tiene una clara disposición a resolver la cuestión de la seguridad. Destacó también que la decisión de asignar fondos superavitarios del Presupuesto para resolver, entre otras, la crisis energética tuvo como objetivo frenar las especulaciones sobre un posible pago al contado para los acreedores de la deuda.
Fernández habló tranquilo. Seguramente estaba al tanto de que las críticas que escucharía no partirían de la bancada oficialista. Desde hace unos días, la conducción del bloque trabajó para que las diferencias no se notaran. Y es que legisladores como Graciela Camaño y el menemista cordobés Oscar González ya habían anticipado su decisión de cuestionar la falta de respuesta a las preguntas que habían realizado sobre la gestión del PAMI. Se notó que el trabajo de José María Díaz Bancalari tuvo éxito, ya que ninguno de los dos estuvo presente durante el tiempo en que los diputados hicieron uso de la palabra. Camaño, en todo caso, llegó al recinto cuando le llegó el turno a Fernández de responder las preguntas.
La seguridad fue un tema que apareció en varias de las exposiciones de los legisladores de la oposición. Señaló que en el Poder Ejecutivo se ponen “muchas horas de trabajo en un tema que no es fácil porque implica muchos cambios y a veces estos temas se dilatan por situaciones burocráticas”. Recordó además que desde el Ministerio de Justicia se remitieron 14 proyectos de ley al Congreso. Lo dijo aunque se cuidó de nombrar al renunciado Gustavo Beliz. Señaló también que el PEN ya destinó 200 millones de pesos para poner en marcha el Programa Integral de Seguridad. “Para nosotros es un tema central y al presidente Kirchner en particular le preocupa y se ocupa”, remarcó.
Muchas fueron las críticas que se realizaron por el manejo de los fondos públicos, bajo la órbita de Fernández, gracias a la delegación de poderes que votó año tras año el Congreso. Se cuestionó la asignación de partidas hacia el mercado energético y la propaganda oficial, en detrimento de lo que le correspondía al Anses. Fernández se preocupó en presentar las decisiones presupuestarias como una demostración de que no se iba a destinar a pagarles a los acreedores de la deuda.
“Lo que hicimos fue asignar el superávit y rápidamente, para que nadie tenga la idea loca de que se va a usar para otra cosa que no sea el crecimiento de la Argentina”, argumentó el funcionario.
Cuando el diputado de la CTA, Claudio Lozano, cuestionó a Fernández sobre la “necesidad de discutir la distribución de la riqueza” porque “estamos en los niveles de actividad económica de 2001 pero con cuatro millones más de pobres”, el jefe de Gabinete le respondió que, cuando asumió Kirchner, “un rico ganaba 50 veces más que un pobre y hoy gana 30 veces más”. Además destacó que una forma de distribución de la riqueza es “el aumento de las jubilaciones, de los sueldos estatales” y las retenciones a las exportaciones que, anticipó, están lejos de desaparecer. Fernández se preocupó también en rechazar las afirmaciones del macrista Federico Pinedo sobre la influencia que pueda tener el Gobierno sobre los medios a través de las pautas publicitarias: “No tenemos nada que esconder”, dijo y aseguró que uno de los criterios usados por el Ejecutivo es que “la pauta llegue al interior de la Argentina y no sólo a las grandes ciudades”.