En la cámara oculta que Luis D’Elía le hizo a un prestador privado del PAMI se repiten dos apellidos: “Barrionuevo, Nosiglia”. Sin saber que estaban siendo registrados por una cámara del programa Punto.doc, los negociadores del empresario Horacio Pisano hablan del ex ministro del Interior radical y del secretario de Acción Social de la CGT como quienes “manejaban” la obra social de los jubilados. No es la primera vez –más bien todo lo contrario– que Nosiglia y Barrionuevo son vinculados a las empresas de salud que funcionan como prestadores privados del PAMI. Desde que Graciela Ocaña fue designada interventora, sus apellidos sobrevolaron en más de una de las investigaciones por irregularidades en torno al organismo que maneja el tercer presupuesto más alto del Estado (3200 millones de pesos).
Quienes conocen la realidad del PAMI dicen que Nosiglia y Barrionuevo tienen intereses en el negocio de la salud privada. Aunque algunos aseguran que su relación con el instituto de los jubilados es “un mito”, en las gerencias de la obra social están seguros de que el radical y el peronista tienen relación con muchos prestadores privados (como clínicas, gerenciadoras y uniones transitorias de empresas). La propia Ocaña aseguró que Barrionuevo y Nosiglia estaban detrás del paro que sufrió el PAMI hace quince días. Y en lo que va del año ya se han descubierto varias irregularidades cometidas por empresas contratadas, en las que en algún momento sobrevolaron los dos apellidos más nombrados en el ámbito de la salud.

Las ambulancias de Cruz Alsina

El PAMI tiene un sistema mixto de atención domiciliaria. Por un lado, tiene ambulancias propias, cada una con dotación de chofer, camillero y médico. Como con ese servicio no alcanza, contrató desde enero de 1998 –en plena gestión de Víctor Alderete– a una unión transitoria de empresas de ambulancias que se llama Cruz Alsina. Esa UTE se encarga de los “traslados programados”, como se llama a las internaciones de jubilados definidas con anticipación. El pago a Cruz Alsina es a través de cápitas, un valor fijo por cada jubilado de Capital y conurbano. Inicialmente, el contrato fijaba la cápita en 1,52 peso, pero la suma se fue disminuyendo en forma gradual hasta el valor actual de 1,04 peso. En el PAMI dicen, sin documentación que lo acredite, que Barrionuevo no sería ajeno a Cruz Alsina.
En el año 2002, un informe de la Auditoría General de la Nación constató que Cruz Alsina no había cumplido con varios puntos del contrato. También aconsejó revisar “la conveniencia económica de continuar o no con un sistema de pago capitado al prestador privado”. A pesar de esa auditoría, el contrato con Cruz Alsina todavía sigue vigente. Sin embargo, desde la llegada de Ocaña se comenzó a pensar en fortalecer la flota de ambulancias que pertenece al PAMI. Otro proyecto era terminar con la tercerización del servicio: o sea, no renovar el contrato de Cruz Alsina. Quien analizaba el tema era el gerente de la Dirección de Atención Médica Programada y No Programada (DAMPyNP), José Guillermo Filet. El martes pasado, Filet presentó su renuncia “en forma indeclinable”.
“Fue por razones personales”, argumentaron cerca de Filet tras conocerse su alejamiento. Pero en una de las gerencias locales del PAMI aseguraban que su renuncia se produjo por una serie de presiones para prorrogar el contrato con Cruz Alsina. En el sector de ambulancias del PAMI tiene mucha influencia Rubén “Negro” Grimaldi, un dirigente sindical ligado a Hugo Moyano. Histórico representante de los choferes de ambulancias, Grimaldi fundó hace poco su propio sindicato, la Unión de Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTARE), que todavía no tiene personería gremial. “El Negro no quiereque se termine el contrato con Cruz Alsina”, aseguró ayer un integrante del PAMI que pertenece a la DAMPyNP.

Los psiquiátricos de San Martín

Otro de los temas que está bajo la lupa es el cobro por servicios que los prestadores privados nunca realizaron. La primera investigación en ese rumbo se realizó en la sede 8 del PAMI, ubicada en San Martín. Se descubrió que tres clínicas psiquiátricas de la zona facturaban por internación aguda y crónica cuando no tenían lo mínimo indispensable para dar ese servicio: camas. Se trataba de las clínicas Santa Mónica y Little Jowy, aunque en los contratos figuraban como sociedades anónimas: Trafel S.A., Esfel S.A. y Terapia Norte S.A. Uno de los propietarios es Ernesto Tapia, el presidente de la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas. En San Martín dicen, también sin documentación que lo acredite, que Nosiglia no sería ajeno a las tres sociedades.
Tras comprobar la irregularidad, el director del PAMI-San Martín, Julio Urien, pasó la investigación a Ocaña. La dirigente lo denunció a la Justicia y el caso quedó en manos del juez federal Sergio Torres. En la causa ya se tomó declaración indagatoria a Tapia y a su socio, de apellido De los Santos, y también al ex jefe de prestaciones generales del PAMI. Fuentes judiciales aseguran que “en breve se va a resolver la situación” y pronostican que los imputados podrían ser procesados. En ese caso, sería el primer paso de una investigación más amplia que continuará con las clínicas psiquiátricas de la Capital que atienden al PAMI.