Formar una alianza con el gobierno nacional. Hacer declaraciones públicas en términos críticos y despectivos respecto del ARI y de Elisa Carrió. Elogiar la dirección y la política del gobierno nacional. No realizar aportes mensuales al partido durante el 2003. Estos son algunos de los argumentos por los cuales el Comité de Etica del ARI bonaerense resolvió expulsar del partido a la diputada nacional en uso de licencia y actual interventora del PAMI, Graciela Ocaña.
La decisión fue comunicada la semana pasada y en pocos días más la funcionara presentará una apelación porque, según afirmó a Página/12, “la sanción es arbitraria y con fundamentos incongruentes que surgen de la falta de precisión sobre mi presunto accionar ilegítimo. Esto me hace pensar que estamos frente a un acto antidemocrático y de abuso de poder”.
Son ocho las páginas que dan cuenta de la decisión del comité bonaerense, que hasta el martes era ignorada por varios de los legisladores nacionales que integran el bloque del ARI. Lleva la firma de todos sus integrantes, lo que da cuenta de la unanimidad de la resolución. Todavía debe ser ratificado por la asamblea partidaria que, como afirmaron voceros del partido, se reunirá una vez que se acuerde la lista de candidatos para las elecciones del 2005. Por lo tanto la decisión final se conocerá en los primeros meses del año próximo.
La funcionaria aseguró a este diario que la decisión la sorprendió, sobre todo cuando leyó los fundamentos. “Me acusan y me expulsan, entre otros temas, por no aportar al partido, pero nada dicen del crédito de 20 mil pesos que saqué para la campaña del 2003 y que todavía estoy pagando. Por si nadie lo recuerda en el partido, puse algo más de cinco mil para la campaña presidencial de Lilita (Carrió) cuando otros no podían o no querían hacerlo”, señaló ofuscada.
A Ocaña le restan todavía cinco de los diez días hábiles que tiene para apelar. Lo piensa hacer, pero no sólo ante el partido sino también ante la Justicia. “No sé por qué no se ocupan en echar a los corruptos del partido en vez de concentrarse en mí, que estoy trabajando por la salud de los jubilados”, señaló Ocaña en referencia a lo que difundió el programa televisivo Punto.doc (ver aparte).
Los colaboradores y asesores de Ocaña todavía están redactando la apelación. Algunos querían incluir un dato más que polémico. Le plantearon a la interventora que no es la única en falta. Se referían al artículo 15 de la carta orgánica del ARI donde se prohíbe la afiliación a todos aquellos que ocuparon cargos durante gobiernos militares. Era, a todas luces, una más que obvia referencia al paso de Carrió por la Justicia chaqueña en los últimos años de la dictadura. Pero Ocaña se opuso.
El texto de la sanción sostiene en los considerandos que la decisión de aceptar la conducción del PAMI fue a título personal. Después afirma que “en la conducta de la afiliada se comprueban acuerdos o alianzas con otros partidos o con cualquier interés gubernamental, contrariando el objetivo del partido y sin la expresa autorización”. Los miembros del comité de ética dicen además que cuando Ocaña llegó al PAMI “insistió públicamente en que lo hacía representando al ARI”. También le achacan “elogiar públicamente la dirección y la política del gobierno nacional cuando el ARI es claramente crítico. Implica ser un apéndice y separarse en los hechos del ARI. Esto apunta a sembrar confusión, encubre la verdad y supone mala fe”.