Este cronista tuvo acceso exclusivo a dos informes de auditoría interna del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente (MDS), en el que se constatan graves irregularidades y desórdenes administrativos perpetrados en el programa REDES de apoyo a microemprendimientos en los años 1998, 1999 y primer trimestre del 2000. Períodos en los cuales el actual ministerio, antes Secretaría de Estado, fue conducido sucesivamente por el actual vocero presidencial Eduardo Amadeo, el senador Ramón “Palito” Ortega, el senador José “Pepe” Figueroa y ya, en tiempos de la Alianza, Graciela Fernández Meijide. Las dos auditorías .-una de carácter general y otra referida a un caso puntual– fueron encargadas por la nueva coordinadora del Programa, la frepasista Ana Repetto, que acordó con la Auditoría pero, que se sepa, no elevó los informes a la Oficina Anticorrupción.
Uno de los funcionarios más severamente cuestionados por los auditores es Gustavo Angeleri, que fue designado coordinador por el entonces secretario de Estado Eduardo Amadeo y ha regresado al mismo cargo a partir de enero último, cuando el senador Eduardo Duhalde se hizo cargo de la presidencia. Angeleri, que ordenó otorgar un crédito a una ONG que él mismo integraba, no es el único “hombre de Amadeo” que regresó al MDS: también volvió como secretario de Políticas Sociales Leonardo Di Pietro, que era la “mano derecha” del vocero presidencial. En la actualidad el ministerio tiene como “poder detrás del trono” a la primera dama Hilda “Chiche” González de Duhalde y como titular formal a su antigua y fiel colaboradora Nélida “Chichi” Doga. La fuente que entregó esta documentación a Página/12 también la envió a Cristina Antúnez, asesora de la ministra Doga y, por las dudas, a la Oficina Anticorrupción.
Su lectura confirma las peores sospechas acerca de clientelismo, despilfarro de recursos, desorden, pésima administración del Estado, créditos truchos a entidades de los propios funcionarios, malversación y dolo. Explica por qué de cada dos pesos que el Estado destina a los pobres, con mucha suerte, les llega uno.
Un ministerio muy bondadoso
La antigua Secretaría de Desarrollo Social nunca tuvo un presupuesto realmente ambicioso, pero se las arregló para malgastar lo poco que el modelo económico le dejaba. Allí hicieron su agosto ciertos técnicos y pseudotécnicos que cobraban importantes estipendios para ejecutar diversos programas sociales. Un dato de color ilumina la escena: durante mucho tiempo sociólogos y psicólogos debatieron en seminarios y talleres “¿qué es un pobre?” Y ese fue el marco en el cual se diseñaron y ejecutaron diversos programas de ayuda, desde las famosas cajas PAN de la época de Raúl Alfonsín hasta el que fue materia de las auditorías que nos ocupan. Que durante el menemismo se llamó “Programa de promoción del desarrollo local” y al iniciarse el gobierno de Fernando de la Rúa pasó a denominarse Programa Regional de Emprendimientos Sociales (REDES).
El objetivo del programa consiste en aportar fondos en todo el país a micromprendimientos productivos (pequeñas empresas o cooperativas), para evitar la desaparición de las economías regionales. En teoría, como su nombre lo indica, se trataría de pequeños montos y no de algunas cifras millonarias que se reiteran en el expediente. En teoría, también, los fondos debían entregarse en calidad de subsidio a los distintos municipios para que estos, a su vez, los prestaran a distintos microemprendedores con la obligación de devolverlos en un plazo prudencial. Los fondos devueltos, a su vez, serían prestados a nuevos emprendimientos. Los municipios a ser beneficiados no deben superar los 100 mil habitantes.
El programa funcionó sin mayores controles durante las gestiones de Amadeo, Palito Ortega y Figueroa, siempre con Gustavo Angeleri comocoordinador. Cuando se inició el gobierno de la Alianza, Angeleri -.que había sido designado por Amadeo– fue desplazado del programa pero permaneció en nómina cobrando un sueldo de 3500 pesos mensuales para trabajar fuera del MDS, como “adscripto de un senador”. Su “desarrollo social” personal seguía garantizado. Su lugar fue ocupado por la frepasista Ana Repetto que, como suele suceder en estos casos, solicitó a la unidad de auditoría interna del ministerio lo que se suele denominar una “auditoría de gestión” que tiene como objetivo revisar todo lo actuado durante un período determinado.
En junio del 2000 la doctora Repetto recibió un informe de 23 carillas con planillas de anexos referidas a lo que se había hecho con el programa 24 de “Desarrollo Local”. El 9 de enero de 2001 recibió otro informe relacionado esta vez con la Cooperativa Frutihortícola de Jujuy Limitada -Unión Transitoria de Empresas (UTE) San Isidro–. En el primer caso tomó nota de las conclusiones y recomendaciones de los auditores, comprometiéndose a realizar “las acciones y actividades tendientes a regularizar los hallazgos detectados”, de lo que se derivó la decisión de una auditoría específica sobre la Frutihortícola de Jujuy. No se sabe, en cambio, que haya elevado los informes a la Oficina Anticorrupción. En la actualidad la doctora Repetto trabaja en la Jefatura de Gabinete.
El primer informe
El primer informe, realizado entre abril y junio del 2000, parece serio y riguroso. Entre sus objetivos principales se propone evaluar si el programa está diseñado “con ajuste de la necesidad a satisfacer; si se mantiene vigente esa necesidad; si se alcanzaron los resultados esperados y si esto se logró con una razonable relación costo-beneficio”. Ya en la introducción se deja establecido que la Dirección del Programa no había suministrado “la información confiable y razonable” que permitiera evaluar detalladamente la implementación del programa y trazar un seguimiento confiable de los Fondos de Apoyo. Que fueron entregados a 168 municipios distribuidos en 22 provincias.
Los “hallazgos” aparecen en las primeras hojas y no son menores. Basta enumerar algunos títulos: “5.2.1. Gastos de actividades de ejecución y operativos de funcionamiento superior a lo estipulado por el Programa (24%); 5.2.2. Ausencia de un sistema de control, seguimiento y evaluación de los Fondos de Apoyo; 5.3.1. Se desconoce la evolución y situación real y actual del programa en las distintas áreas geográficas. No se posee información confiable sobre la evolución y situación actual de los emprendimientos, los impactos logrados, la cantidad de beneficiarios, la generación y/o mantenimiento de empleos, la clasificación de proyectos por actividad...” y, lo más sugestivo: “El destino cierto y efectivo de los aportes efectuados”. Es decir, adónde fue a parar la guita.
El punto 5.4.2. registra una inmoralidad flagrante que habrá de repetirse con varios funcionarios, incluido el propio director del Programa, Gustavo Angeleri: “Se visualizó que personal contratado poseía vinculación con Instituciones vinculadas al programa”. Allí se cita el caso de dos funcionarios contratados por la SDS que integraban organizaciones que debían decir a quién iban a parar los créditos: Mario Raúl Cuomo y Gustavo Hernán Acciaresi. El punto 5.5.1 destaca la ausencia de un Sistema de Control Interno, con los correspondientes registros para evitar faltas de ética o directamente ilícitos.
El punto 5.6.1 pulveriza los criterios de selección empleados para escoger los municipios a ser beneficiados. En el ítem “n” se registra un dato grave: “Las actuaciones jurídicas aprueban actuaciones aún con irregularidades administrativas”. El punto siguiente sostiene que “no se fundamentan los criterios adoptados para la selección de los proyectos” y el 5.6.4. denuncia que los organismos intermedios responsables delseguimiento (en general presuntas o reales ONGs) “no siempre son especializados, de probada trayectoria y confiabilidad en la materia”. Cita los casos de la Fundación Virgen de Luján y de la Fundación Cambiar, “que fue creada un año antes del otorgamiento del subsidio, sin antecedentes que justifiquen su contratación”. Más sospechoso aún es el caso de UBATEC, “una consultora que terceriza los servicios, por lo que su contratación debería haber pasado por proceso de licitación”. El punto 5.7.1. revela que “los expedientes están mal conformados y no contienen la totalidad de la información”. En el rubro “Observaciones particulares” se incluyen ilustrativos análisis sobre algunos expedientes seleccionados “por la relevancia de los hallazgos” y el monto en juego que asciende a 2.001.000 de pesos (en aquel entonces dólares), una cifra bastante desproporcionada para tratarse de “microemprendimientos”.
En el caso de la Fundación Virgen de Luján (expediente Nº 12251/98, de la era Amadeo) el monto ascendió a 144 mil pesos/dólares que no fueron rendidos en regla. Para empezar se los dieron a cualquiera, ya que “el objeto de la Fundación no guarda relación con la tarea por la que se le otorgó el subsidio”. Para seguir, la contabilidad de la mencionada Fundación no estaba certificada ni por contador público ni por el Consejo Profesional en Ciencias Económicas. Omitieron rendir gastos referidos a un subsidio parcial de 68 mil pesos y “del detalle de gastos que corresponden a la rendición del primer subsidio surgen egresos que no se compatibilizan con el objeto de aquél: alquiler de oficina, expensas e instalación de teléfono ($7.780), gasto de teléfono ($1.750), alquiler de fotocopiadora ($560) y honorarios profesionales que ascienden a $89.600 y representan el 69% del primer subsidio otorgado de 144 mil pesos”. Por eso en los “hallazgos principales” los auditores registran con toda justicia “elevados gastos en honorarios profesionales por asesoramiento”. Y descubren que el ingeniero Jorge Badaloni, que representa a la Fundación Virgen de Luján, es el mismo ingeniero Badaloni que coordinaba el programa Crecer, “habiendo desempeñado tareas de monitoreo en forma simultánea para las Fundaciones Virgen de Luján y Meridiano”. Además no se fundamenta el gasto de alquiler de una oficina por un total de $6650, más expensas y gastos de instalación telefónica hasta sumar $7.780 que, conviene recordar, en aquel momento equivalían a dólares. Por si fuera poco “las facturas que conforman la rendición de cuentas no están firmadas ni selladas por un responsable que avale los mismos”.
En los anexos hay varios casos más, prácticamente idénticos al de esta lucrativa Fundación Virgen de Luján. Las conclusiones son tajantes: la ausencia de un sistema de control impide determinar objetivamente “si los aportes efectuados por el Estado Nacional tuvieron el destino correcto”. La falta de adecuado registro “posibilita pensar en una discrecionalidad de las actuaciones. La presencia de un gran número de organizaciones, en desmedro del propio Estado nacional, efectuando tareas de seguimiento, sin que todas posean la estructura adecuada para dichas operaciones ni los antecedentes que sustenten su participación, por lo cual tercerizaron las operaciones, no sólo no garantiza un correcto tratamiento del tema sino que también se ha incurrido en el incumplimiento del mismo Programa y en efectuar contrataciones encubiertas bajo la forma del subsidio”. Entre las recomendaciones para la nueva Dirección hay una que se cae de madura, que en un país decente no necesitaría ser explicitada: “No permitir que personas integrantes del área posean vinculaciones con Instituciones relacionadas con las actividades del Programa, tal como aconteció en situaciones anteriores”. Es el caso del señor Angeleri, como se verá.
El segundo Informe
En el informe de auditoría número 53/00 se detectan graves irregularidades en relación con dos entidades ejecutoras: la CooperativaFrutihortícola de Jujuy y la UTE San Isidro. Los “hallazgos” repiten en parte la pauta conocida: los expedientes, por ejemplo, no contienen la información requerida. Pero hay mucho más: al 19 de agosto de 1998 la Cooperativa Frutihortícola figuraba en los padrones oficiales como “inactiva”. Tampoco registraba propiedades en la provincia de Jujuy. ¿Quién debía controlar estos datos? Lo dice el Informe muy claro: “La organización no gubernamental Programa Crecer” y agrega: “Observándose en ella que el entonces Director del Programa de Desarrollo Local, Sr. Gustavo Angeleri, cumplía funciones de vocal titular y socio fundador”.
También se detectó que el señor Sergio Barreiro “era responsable del monitoreo y evaluación del Programa Crecer, desempeñando las mismas funciones, en forma simultánea para la Fundación Virgen de Luján”. ¿Y quién era el Coordinador General de la ONG Programa Crecer? Nada menos que el ingeniero Jorge Badaloni, “quien también desarrolló similar función en la Fundación Virgen de Luján y en Meridiano AING en forma simultánea”. No es el único: el capítulo correspondiente está atiborrado de señores que cumplen funciones a un lado y otro de la ventanilla.
Por eso no es de extrañar que el capítulo “hallazgos contables” registre malversaciones como esta: “A fojas 289, 293 y 314, se comprobaron extracciones de fondos para afrontar problemas financieros del Municipio, no contemplados dentro de los objetivos del Fondo de Apoyo para el Desarrollo Productivo”. Ni que el señor Joaquín A. Mora, que firmó el convenio entre la entonces Secretaría de Desarrollo Social y el municipio de Aguas Calientes como comisionado municipal se convierta luego en directivo de la Frutihortícola y beneficiario del acuerdo que firmó.
En las Conclusiones se destaca: “Los hallazgos detectados sobre los expedientes analizados, que conforman una erogación de fondos que alcanza a $1.279.992,03, se ven potenciados por las irregularidades descriptas, no sólo respecto de la tramitación, otorgamiento y seguimiento de tales fondos sino también por haber sido beneficiaria la Cooperativa Frutihortícola de Jujuy”. Por lo que los auditores recomiendan “intimar” a dicha Cooperativa para que rinda como se debe los fondos transferidos por la ex SDS o se exponga a una investigación en regla de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MDS. Los auditores, Fernando Losada, Rodolfo Durquet y Diego Martínez, aconsejan finalmente: “Evaluar la elevación del presente Informe a la Oficina Anticorrupción”.
Los documentos ya están en la Oficina Anticorrupción. Y en la opinión pública. No gracias, precisamente, a las autoridades bonaerenses que se instalaron en enero último en los despachos nacionales.