La victoria del presidente Hugo Chávez en la consulta popular que le ratificó el mandato fue celebrada como propia en la Casa Rosada. No era para menos, ya que la derrota del venezolano también hubiera sido propia en términos políticos, de un modo simbólico y también real. La frustración de los acuerdos de negocios y de la cooperación bilateral en múltiples aspectos, en los que el presidente Néstor Kirchner se comprometió en persona, hubiera significado un rudo golpe en la línea de flotación del Gobierno. En política, lo emblemático a veces tiene un significado determinante, tanto como la realidad misma. Bien lo sabe el Presidente, que utilizó con eficacia valores y gestos simbólicos durante sus primeros meses de gestión para edificar una adhesión popular que lo convirtió en protagonista absoluto de la escena nacional.
En su segundo año de mandato, a fin de conservar y consolidar ese nivel de apoyo, necesitará producir cambios reales, sólidos y palpables, para corregir las injusticias más profundas, empezando por la pobreza y la exclusión. La dinámica cotidiana, además, a veces modifica la nómina de prioridades, obligando al Gobierno a cubrir espacios que, por sus dimensiones en la sensación pública, absorben parte del tiempo y de la energía que debería dedicar a las muchas y variadas urgencias que están apiladas como escombros de un terremoto.
Uno de esos temas es la seguridad urbana, con toda la carga emocional que genera y la atención mediática que la reinstala a cada rato en la agenda pública, para la que han sido insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento: purgas masivas en la policía, legislación de apuro y remoción de funcionarios, entre las principales. Tal vez lo que sucede tenga menos que ver con la aptitud y la voluntad gubernamentales que con el origen mismo de la inseguridad, cuya densidad es tan compleja que no acepta simplificaciones ni pensamientos mágicos. No hay conglomerado urbano en América latina que no afronte calamidades parecidas, por ejemplo secuestros extorsivos o corrupción policial, pero no es cuestión de invocar el mal de muchos para calmar los temores de una sociedad con la piel escaldada por lo que pasa y por lo que le dicen que pasa. Hacen falta soluciones ejemplares que no aparecen hasta ahora ni atenúan lo bastante el impacto público en la materia.
Esta insuficiencia abre camino a fenómenos como el de Juan Carlos Blumberg, cuya tragedia personal pretende ser reconvertida en una suerte de liderazgo moral, ¿quién sabe si no también político?, mezclado con consejos prácticos sobre cómo ejercer la autoridad, algunos de ellos de un simplismo que estremece o de una sustancia que los emparienta con ciertos pensamientos clásicos de la derecha vernácula. Habrá que cotejar esos datos con la convocatoria para la próxima semana de la tercera “movida Blumberg”. Las clases medias respondieron en masa a las anteriores concentraciones porteñas, lo que no significa que le hayan quitado buenas expectativas a la obra del Presidente, pero es un tránsito que terminará por desgastar esa relación si el Gobierno no recupera terreno. Entre las lecciones o consejos que dejó la experiencia venezolana, vale la pena anotar la capacidad de la derecha oligárquica para usar discursos aterrorizantes con el fin de atraer a su lado a las capas medias. En las últimas horas, el Presidente instruyó a los jefes de las fuerzas de seguridad sobre la paz y el orden que desea en el conurbano bonaerense y a continuación siguieron las deliberaciones de funcionarios del área, para encontrar nuevas medidas que tengan eficacia y ganen la confianza pública.
A pesar de las apariencias, los mayores problemas del país, aunque más no sea por el número de personas afectadas, siguen concentrados en la pobreza, el desempleo y todas sus consecuencias. La reactivación de las paritarias del Consejo Nacional del Salario fortaleció la suposición de una mejora salarial antes de fin de año, pero aparte de esa presunción general, lo cierto es que hay más de un interrogante abierto. Para mencionar uno: ¿cómo podrán ser aplicadas las resoluciones del Consejo para los trabajadores “en negro”, que suman nada menos que el 47 por ciento de la mano de obra con empleo? Otro: ¿qué pasará con los subsidios a los millones de desocupados, ya que en los hechos el monto de los mismos, 150 pesos mensuales, es hoy en día el valor real del salario mínimo? Es obvio que el mecanismo tradicional que consistía en otorgar un aumento de aplicación universal, en estas condiciones es de dudosa efectividad, salvo para los trabajadores “en blanco”. En todo caso, para que el beneficio se extienda lo más posible, suena razonable la propuesta de la CTA de entregar a la madre un subsidio por hijo a cambio de que sea atendida la salud y asegurada la concurrencia escolar de los menores.
A propósito de la CTA, su presencia con plenos poderes en el Consejo, prometida por Kirchner, es resistida por la CGT, que pretende conservar el monopolio de la representación obrera. Situaciones parecidas se plantean en el territorio de los empresarios, por lo que la discusión sobre la integración del organismo ha pasado a primer plano, por encima de las cuestiones sustanciales que deberían ser su primordial preocupación. La probabilidad de encontrar métodos de diálogo y formas de cooperación solidaria, debido a la fragmentación social y cultural de la sociedad, es tan difícil como la negociación con los bonistas de la deuda externa. En el campo político y partidario, la dispersión y la confrontación son todavía más exasperadas.
Esas condiciones, quizá, son una de las causas por las que fueron magros los resultados del proyecto de organizar una fuerza nueva en la transversalidad, es decir mediante la confluencia alrededor del Presidente de diversas corrientes y partidos, aun conservando la identidad de cada uno. La proposición abarcaba inclusive al movimiento social de más o menos reciente formación, como es el caso de los piqueteros. Sin renunciar a la fórmula sumatoria, lo cierto es que en el actual tramo del gobierno, el Presidente ha volcado su atención a la reunificación del peronismo, ya que sin el PJ no se puede legislar y sería azaroso ganar elecciones en algunos distritos importantes, el primero de ellos la provincia de Buenos Aires.
En ese clima, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, se permite, con su peculiar estilo agreste, lanzar un exabrupto contra los piqueteros, sin que el Presidente salga a corregir el dicho de inmediato. Más aún: quienes frecuentan los círculos íntimos de la Rosada suelen asegurar en estos días que Kirchner vería con simpatía que sus aliados se distanciaran del movimiento piquetero, inclusive aquellos que hasta hoy forman parte de esa fuerza social aunque no estén agrupados en un mismo bloque.
En parte porque ahora le importa transfundir fuerza propia al interior del PJ, y de sus listas electorales del próximo año, y también porque la imprudencia en la conducta de ciertos núcleos piqueteros logró lo que era previsible: volverse insoportables para el resto de la población, aun para aquellos que comprenden la motivaciones legítimas para la protesta pero ya no toleran el abuso de los cortes de calle, rutas y puentes. Para colmo, las agrupaciones que hace más de un año abandonaron esas prácticas, nunca consiguieron diferenciarse ante la mirada mediática y de la opinión pública. Los graves cargos que expuso en público la gremialista Susana Rueda, miembro de la tríada que dirige la CGT, contra Raúl Castells, al que trató de extorsionador y otras linduras, pueden escucharse a menudo en boca de ciudadanos humildes y trabajadores y, por supuesto, en las clases medias y altas. Si los dirigentes del movimiento social no aplican la inteligencia y la astucia necesarias para adaptar sus luchas a las contingencias, haciendo caso omiso de la cambiante realidad, lo único que conseguirán es el mismo resultado que ciertos grupos de izquierda dogmática impusieron a las asambleas vecinales que surgieron a partir de diciembre de 2001, hasta disolverlas.